Las “Zonas de Paz” no son más que territorios delimitados por el Gobierno venezolano, donde los organismos de seguridad del Estado no pueden ingresar, esto como parte un supuesto proceso de pacificación entre las bandas delincuenciales que mantienen el control de esos lugares.
Ese proceso de “pacificación” inició en el 2013, cuando el Viceministro de Interior, Justicia y Paz, José Vicente Rángel Ávalos, se sentó a conversar con más de 280 organizaciones delictivas que operaban en las zonas más peligrosas del país, según lo dicho por el mismo Rágen Ávalos.
Entre esas conversaciones, la idea principal era lograr que las pandillas dejaran a un lado su accionar delictivo y se desmovilizaran de las zonas en conflicto. A cambio de eso, el Gobierno les garantizaría empleo e insumos para la producción. Entre esas políticas también se propuso el cambio de armas por electrodomésticos y muebles.
Fueron al menos 79 los municipios del país que engrosaron la lista de las “Zonas de Paz”, y hasta en un mitin trasmitido en televisión nacional, Rángel Ávalos, con un grupo de delincuentes armados a sus espaldas anunció la creación de estos territorios, sin saber, o a sabiendas, que esto solo tendría como resultado el incremento de la violencia en estos territorios.
A los malandros no les convenía cambiar una pistola, que costaba en ese entonces unos 250.000 bolívares, por una cocina o una nevera. Además, tampoco confiaban en dejar sus armas y salir a las calles, pues más de uno estaba requerido por las autoridades y podía ser capturado.
Según fuentes internas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, muchos delincuentes pidieron que se eliminaran sus expedientes y registros delictivos, para poder transitar libremente sin miedo a terminar preso. Sin embargo, la respuesta fue negativa.
Entonces, lo que se acordó fue la prohibición de entrada de funcionarios de seguridad a estas zonas, y a cambio, los delincuentes prometerían no enfrentarse entre bandas rivales, y reducir su accionar.
Sin embargo, esta promesa no fue cumplida del todo, y la política del Gobierno fue utilizada por las bandas a su favor, pues luego de eso se unieron para intensificar su lucha contra la policía. Fue una guerra no declarada que se inició, y que hasta la actualidad no ha tenido su punto y final.
En Caracas, barrios de La Vega, El Cementerio, El Valle, La Cota 905 y Coche formaron parte de las “Zonas de Paz”, un territorio, que a juicio de “El Coqui”, les permitiría desplazarse con tranquilidad cuando la policía los fuese a buscar.
En su mayoría las “Zonas de paz” ocuparon sectores populares de Caracas, Miranda, Aragua, Falcón, Guárico y Sucre.
Lo paradójico de este tema es que, después de todo este desenlace criminal, autoridades como el mismo Rangel Ávalos, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y el exdirector de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada Carlos Pérez Ampueda, han negado la existencia de las “Zonas de Paz”. Sin embargo, a lo interno si lo reconocen.
Mientras sigan existiendo las Zonas de Paz, la delincuencia seguirá haciendo de las suyas y la policía no podrá combatirlas de manera directa.
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