La Organización Internacional del Trabajo podría catalogar a Venezuela como un país que vulnera los derechos humanos laborales, en una reunión virtual que se desarrollará este viernes, dentro de las verificaciones del cumplimiento de las normas internacionales como la libertad sindical, la consulta tripartita, los métodos de fijación de salarios, entre otros aspectos.
Marcela León, presidenta de Alianza Sindical Independiente de Venezuela, dio a conocer la información. Indicó que la Comisión de Aplicación de Normas discutirá la lista larga de 40 casos para aprobar una corta de 19 de países que no respetan los convenios internacionales, y que el país está incluido por el incumplimiento de la libertad sindical.
Explicó que además existe el Informe de la Comisión de Encuesta N° 13, la más alta sanción para un país, que contiene recomendaciones para los métodos de fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. “El gobierno de Venezuela está en la mira de la observación internacional debido a estos incumplimientos”, agregó.
La dirigente comunicó que la Central desde el pasado mes de febrero participa en un diálogo bipartito convocado por el Ministerio de Trabajo en el que ha planteado casos sobre los tres convenios establecidos en ese Informe de la Comisión de Encuesta, así como propuestas y casos relacionados con otros asuntos de trabajo.
León expresó que la ASI de Venezuela participó en un encuentro nacional de diálogo tripartito, lo que calificó como un hecho histórico debido a que desde hace 20 años los tres actores del proceso social de trabajo (Estado, empresarios y sindicatos) no se reunían.
“Este encuentro se hizo el pasado viernes 21 de mayo. Nuestra central expresó la grave situación de los trabajadores venezolanos ante la pobreza de ingresos, el desempleo, la ausencia de protección social y servicios públicos de calidad, la implosión del modelo de relaciones de trabajo y la ausencia de gobernanza laboral eficaz e independiente”, señaló.
Dijo que presentaron propuestas para el consenso. En primer lugar, el establecimiento de un ingreso mínimo vital de emergencia o renta mínima para los trabajadores públicos, privados y no dependientes, empleados o no, de entre 70 y 100 dólares mensuales por un lapso de un año prorrogable.
