La Plataforma Unitaria Democrática ratificó su rechazo formal a la ley contra el odio, sumándose al reclamo de millones de ciudadanos que demandan la anulación total de este instrumento legal.
La alianza opositora enfatizó que cualquier intento de moderar o reformar dicha medida es insuficiente, bajo la premisa de que «la criminalización no se reforma, se deroga».
En su declaración, la coalición sostuvo que la legislación vigente es rotundamente inconstitucional, al tiempo que desconoce principios fundamentales del derecho penal y vulnera derechos humanos esenciales como la libertad de expresión, el debido proceso y el libre ejercicio de la disidencia política en el país.
El pronunciamiento se da en medio de renovadas demandas de organizaciones de derechos humanos y actores civiles que denuncian el uso sistemático de este marco legal para perseguir y silenciar a periodistas, activistas y ciudadanos.
La Plataforma Unitaria concluyó reiterando su compromiso de mantener el respaldo a las exigencias populares para restituir las garantías democráticas y los derechos fundamentales en Venezuela.
