Los pronunciamientos para exigir transparencia electoral continúan. Este jueves, 51 organizaciones no gubernamentales pidieron al Consejo Nacional Electoral publicar las actas, los votos mesa por mesa y efectuar una auditoría de máquinas para garantizar el respeto a la voluntad mayoritaria.
En un extenso comunicado, las ONG resaltaron que el primer boletín anunciado la madrugada del 29 de julio no tenía un respaldo irreversible, pues había una diferencia de 704.114 votos y 2.000.000 de votos por procesar, pues solo se habían contabilizado 80 % de las actas.
Igualmente se suspendió la auditoría técnica que hubiese permitido comprobar la veracidad del hackeo contra el sistema de totalización denunciado por Elvis Amoroso.
«El sistema electoral venezolano se ha descrito como seguro, blindado y protegido. Expertos técnicos aseguran los datos viajan de las máquinas a la sala de totalización de forma muy rápida, en segundos y de manera encriptada con una clave que permite identificar a cada máquina, siendo tan rápido que hace imposible hackear el sistema de transmisión».
Sobre la violencia en las calles, alertaron sobre la presencia de grupo civiles armados prooficialistas para reprimir las protestas.
A continuación, el comunicado:
Las organizaciones de DDHH que suscriben el presente documento queremos expresar nuestra posición sobre las diferentes irregularidades ocurridas el pasado 28J, que finalizaron en un grave desconocimiento de la voluntad popular expresada por los venezolanos en las elecciones.
Comunicado Organizaciones de DDHH se suman a la exigencia de transparencia en la expresión de la voluntad popular el pasado 28-J
En primer lugar, reiteramos nuestra admiración y honra al pueblo venezolano que el día 28 de julio fue protagonista de una jornada pacífica, participativa, para expresar su voluntad a través del ejercicio del sufragio. Esto a pesar que estas elecciones presidenciales mostraron el más grave retroceso y restricciones para la garantía y condiciones de libertad e igualdad para el ejercicio pleno del derecho a la participación en la libertad.
Queremos resaltar que previo a la campaña electoral las acciones violatorias del derecho a la participación política aumentaron de manera significativa. En un primer informe de diversas organizaciones de DDHH, en el primer semestre del 2024, hasta el 26 de junio de 2024, al menos 41 líderes políticos y sociales habían sido detenidos de manera arbitraria violando el Acuerdo de Barbados, de garantizar un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo; durante el 2024, 14 radios fueron cerradas limitando aún más la libertad de información y expresión; de los 14 estados visitados por la lideresa María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia en 13 se registraron actos de represalias; en los últimos 30 días de este periodo se cerraron 14 establecimientos por ofrecer bienes y servicios, se emitieron ordenes de cierre temporal contra 35 locales; se confiscaron un número indeterminado de bienes (camiones y sonidos) y se cometieron al menos 31 actos de hostigamientos e intimidación contra personas vinculadas a sectores de oposición.
Sin embargo, durante el periodo de campaña electoral correspondiente al 04 al 25 de julio de 2024, diversas organizaciones de derechos humanos registramos un aumento significativo de la represión por razones de persecución política: detenciones arbitrarias 123, con 110 hombres y 13 mujeres, 66 de ellas realizadas por la Policía Nacional Bolivariana, 18 por la Guardia Nacional Bolivariana, y 10 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y el resto por diversos órganos de seguridad; El estado con mayor número de detenciones fue Táchira con 38 casos; 20 incidentes que limitaron el libre tránsito y circulación por parte de autoridades; las represalias contra personas que prestaron servicios y bienes a la campaña de la Unidad Venezuela se elevaron a 32, con al menos 17 retenciones ilegales de bienes; 63 casos de hostigamientos; 12 bloqueos a medios elevando a 59 los bloqueos a medios de comunicación; 57 casos de vulneraciones a la libertad de expresión; 21 comunicadores víctimas de descalificación y 19 hostigamientos contra periodistas. Solamente durante los días 26 al 28 de julio se contabilizaron 48 detenciones arbitrarias y 1 persona asesinada.
Queremos expresar nuestras alertas y profundas preocupaciones vinculadas a las garantías que la jornada electoral incumplió con los estándares del derecho a la participación política, sumado a las dudas razonables de transparencia y verificación expresadas por diversas organizaciones políticas que reflejan incidentes e inconsistencias que deben ser inmediatamente comprobados por mecanismos y estándares internacionales para garantizar a la fecha que los resultados son el reflejo de la voluntad popular y pueden ser creíbles y legítimos:
El órgano rector es el responsable de garantizar el ejercicio pleno de la participación política: Resaltar como muy graves algunas irregularidades previas suscitadas para la inscripción de la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática cerrando el acceso a la plataforma digital; la imposibilidad sin razones legales para la inscripción de la candidatura de Corina Yoris por la PUD; las limitaciones para inscripciones nuevas de venezolanos en el exterior permitiendo que sólo 509 migrantes nuevos pudieran votar de un total de 4.5 millones y a pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de permitir la participación sin restricciones innecesarias o de documentación del país de acogida.
Limitaciones a testigos y al acceso de las actas: 1) demoras innecesarias para la acreditación de los testigos de las candidaturas opositoras; 3) la apertura de centros de votación por el Plan República y miembros del partido de gobierno en horario fuera del reglamentario; 4) el impedimento del acceso de testigos de las candidaturas opositoras a los centros de votación; 5) impedimentos innecesarios para que la ciudadanía atestiguara los escrutinios; 6) las dificultades y la negación en numerosos casos de la entrega de actas a testigos como lo establece el reglamento, por parte de coordinadores de centros de votación como de operadores de máquina ambos vinculados al CNE, denotando una orden emanada del ente comicial. Es de resaltar la gravedad de estos impedimentos ya que constituyen tanto testigos como las actas dos elementos fundamentales para la transparencia, la credibilidad, constancia y certificación de lo que ocurrió en cada mesa de votación.
Se impidió el acceso de los testigos nacionales acreditados a la sala de totalización: Para garantizar la trasparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados el ente rector electoral debe promover y facilitar como lo establece la ley, la veeduría y observación de los testigos nacionales acreditados por cada candidatura en la sala de totalización. Contrario a ello, se negó el acceso a la misma.
Se paralizó la transmisión de totalización tras recibirse un 30% de las actas: Candidaturas opositoras aseguran que una vez transmitidas el 30% de las actas, que arrojaban resultados favorables a Edmundo González Urrutia autoridades del CNE ordenaron la suspensión de la transmisión. Por su parte el Fiscal General alegó que el sistema fue hackeado, a pesar de reiterarse por décadas que esto era imposible de suceder en nuestro sistema electoral.
La incompatibilidad entre las actas y los resultados anunciados: Las denuncias realizadas por cientos de testigos, el exrector del CNE y candidato presidencial Enrique Márquez y el candidato presidencial Edmundo González, junto a quienes representan la opción de unidad opositora sobre la incompatibilidad entre los resultados que arrojan más del 70% de las actas en su poder y los dados por el órgano rector deben ser aclaradas con la mayor rigurosidad y estándares internacionales de verificación.
Exrector del CNE denunció que el primer boletín no se imprimió en la sala de totalización: El exrector y candidato presidencial Enrique Márquez denunció que una experta técnica que participó en la totalización aseguró que el primer boletín presentado por el CNE no se produjo, ni se imprimió en la sala de totalización oficial del CNE, ni frente a los testigos para demostrar que se hizo de forma correcta, verificada, transparente.
No se demostró la irreversibilidad: En el boletín anunciado por el rector Elvis Amoroso se expresaba una diferencia de 704.114 votos a favor de Nicolás Maduro sobre el candidato Edmundo González Urrutia, sin embargo, el 80% de las actas deja a 2millones de personas faltantes por el escrutinio, lo que no garantiza la irreversibilidad de los resultados. Son los votos, las actas y la auditoría técnica los que demuestran los resultados. Una elección libre, legitima y creíble es posible cuando los votos coinciden con los resultados emanados en las actas, que luego son transmitidas a la sala de totalización del CNE, se imprimen y entregan como prueba a cada testigo de las dos primeras opciones con más votos o si la elección lo permite, a cada testigo de candidatos participantes. Los votos y las actas deben coincidir además con la auditoría técnica que se realiza en cada máquina de votación. El 1er boletín no coincide con lo que expresan el 70% de las actas de los sectores de oposición.
Se suspendió la auditoría técnica experta que permite comprobar veracidad del hackeo denunciado: El sistema electoral venezolano se ha descrito como seguro, blindado y protegido. Expertos técnicos aseguran los datos viajan de las máquinas a la sala de totalización de forma muy rápida, en segundos y de manera encriptada con una clave que permite identificar a cada máquina, siendo tan rápido que hace imposible hackear el sistema de transmisión. Sin embargo, la auditoría experta e independiente que de forma obligatoria debía realizarse el día 29 de julio en la mañana, y que permite detectar cualquier afectación al sistema fue suspendida por orden del CNE, cuando es la única forma de verificar la denuncia de lo sucedido contra el sistema.
Estas incidencias afectan de manera importante la credibilidad y colocan dudas razonables sobre si los resultados emanados del órgano rector reflejan de forma fehaciente lo que fue la voluntad popular expresada en las urnas. Estas inconsistencias deben ser aclaradas de manera amplia y con los más altos y rigurosos estándares en materia técnica y de garantías del derecho al sufragio. Solamente con la publicación inmediata de los votos, las actas, por centros de votación y en concordancia con los resultados de las mesas y las auditorías a las máquinas, en palabras del Secretario General de Naciones Unidas, con transparencia total, se podrá confiar en que los resultados son los expresados por los venezolanos el pasado 28 de julio.
Ante tales irregularidades la población venezolana, luego del anuncio de resultados por parte del órgano rector, salió masivamente en todo el territorio nacional a exigir transparencia en los resultados y respeto a su voluntad expresada a través del voto, frente a esta reacción espontánea, en ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pacífica hemos documentado el inicio de un nuevo ciclo de represión el cual rechazamos profundamente y exigimos el cese de la persecución por motivos políticos y las violaciones graves a derechos humanos en contra de población que manifiesta su descontento como consecuencia del anunció de resultados no verificados. Durante el día 29 de julio cuyo último corte de verificación fue a las 11.59 pm, en Venezuela se geolocalizaron al menos 210 manifestaciones; con el grave y lamentable saldo de personas detenidas en los estados: 24 Barinas; 18 Zulia; 15 Yaracuy; 10 Anzoátegui; 6 Distrito Capital; 6 Aragua; 2 Carabobo; 1 Miranda y 1 Mérida. Al menos 11 personas asesinadas por armas de fuego, 1 Yaracuy, 1 Zulia, 4 en el Distrito Capital y 1 en Aragua. Al menos 84 heridos, 3 menores de edad y un número muy alarmante de denuncias de personas desaparecidas aún por confirmar.
Queremos hacer una alerta especial y condena especial a la participación de grupos civiles armados pro oficialistas en represión contra las protestas, queremos señalar tal como lo advirtió la Relatora de Libertad de Asociación de Naciones Unidas, que se debe proteger, garantizar y facilitar las protestas pacíficas; el Estado venezolano es el responsable de las acciones y omisiones para la protección y garantía de la vida y la integridad por parte de los órganos de orden público; Las armas de fuego nunca deben utilizarse en la contención o para dispersar de manifestaciones; no puede haber inacción por parte de órganos de seguridad con la acción violenta de colectivos civiles armados. Debemos alertar que los malos tratos, la tortura, las agresiones físicas y psicológicas, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada son crímenes graves contra la humanidad y son parte de la investigación por razones de persecución política que lleva adelante la Corte Penal Internacional.
Lamentamos que el día de hoy 30 de julio el Estado venezolano, en declaraciones del Ministro de la Defensa, anunció la muerte de un sargento por arma de fuego en el estado Aragua, y 25 policías heridos; por su parte el fiscal Tarek Williams Saab informó de 749 personas que protestaban detenidas y son 48 los funcionarios entre militares y policías heridos. Todas las personas en igualdad de condiciones tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la garantía de su integridad física y psicológica.
Es muy preocupante que el abordaje y la denominación para referirse a manifestantes es de “delincuentes, terroristas e insurreccionales factores fascista de la derecha extremista, apoyado por factores imperiales”, que estarían alterando el orden interno para dar un golpe de Estado. A su vez, preocupa la advertencia del Ministro de Defensa de la unión cívico – militar para actuar con contundencia frente a manifestaciones. Alertamos el peligro de repetir hechos y actuaciones de los años 2014, 2017, contra manifestantes que arrojaron gravísimos saldos y que están siendo investigados para establecer la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Agradecemos y alentamos a su continuidad a los pronunciamientos, el acompañamiento y activación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento de su obligación de protección en materia de derechos humanos. Así como de las organizaciones de derechos humanos del continente. Queremos sumarnos a las palabras de Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Turk, “Todos los venezolanos tienen derecho a participar significativamente en las decisiones que afectan sus vidas y el futuro incluyendo mediante elecciones creíbles. Las autoridades electorales deben realizar su trabajo de forma independiente y sin injerencias, a fin de garantizar la libre expresión de la voluntad de los votantes y salvaguardar sus derechos”.
El apoyo de los países del mundo en la petición de garantías de transparencia, auditabilidad y respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano es fundamental para que Venezuela no cruce hacia la irreversibilidad de la deriva autoritaria, con las consecuentes restricciones graves a las libertades fundamentales y los derechos humanos. Sólo la posibilidad de verificación amplia con altos estándares permitirá la paz en Venezuela. Lo ocurrido en nuestro país no sólo afecta a los venezolanos y venezolanas, es un momento de retos para las democracias, y para la acción de protección y garantías que el ejercicio del voto y de la participación pacífica de los hombres y mujeres tienen para dirimir los conflictos. La voluntad mayoritaria de un pueblo, las garantías de derechos humanos y la soberanía del pueblo expresada pacíficamente en las urnas no puede dejar de ser la prioridad y la mayor expresión de dignidad y libertades de autodeterminación de los pueblos del mundo.
Venezuela merece vivir en paz. El camino a la paz depende de la transparencia total inmediata en los resultados de la elección presidencial 2024.
1. A.C. Médicos Unidos de Venezuela
2. AC Jóvenes y Desarrollo
3. Acceso a la Justicia
4. ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
5. Aula Abierta
6. Caleidoscopio Humano
7. CAMPO
8. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
9. Centro de Animación Juvenil
10. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
11.CIVILIS
12. Clima21
13. Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en el estado Lara
14. Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
15. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
16. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
17. Comité de Derechos Humanos de La Guajira
18. Conexión Segura y Libre
19. Equalia
20. Expresión Libre
21. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – Fenasopadres
22. Fundación Agua Sin Fronteras
23. Fundación Aguaclara
24. Fundación padre Luis María Olaso UCV
25. FundaRedes
26. Gobiérnatec
27. Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua
28. Ideas por la Democracia
29. Invesp
30. Justicia Encuentro y Perdón
31. Labo Ciudadano
32. Laboratorio de Paz
33. Lateral Lab
34. MAPANI
35. Médicos Unidos de Venezuela capitulo Carabobo
36. Monitor Social AC
37. Movimiento SOMOS
38. Movimiento Vinotinto
39. MUV Uruguay
40. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
41. Observatorio de Violencia de Género Proyecto 860
42. Observatorio de Violencias LGBTIQ+
43. Observatorio Venezolano de Prisiones
44. Odevida,Capítulo Venezuela
45. Organización StopVIH
46. Otro Enfoque
47. Padres Organizados de Venezuela
48. PROMEDEHUM
49. PROVEA (PROGRAMA VENEZOLANA EDUCACIÓN – ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS)
50. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
51. VE sin Filtro
