El sábado 24 de marzo, el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre las últimas actuaciones contra la corrupción en el país. Una de ellas involucra a Petróleo de Venezuela (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), donde se ejecutaron operaciones paralelas a la empresa estatal.
«Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de la empresa estatal sin ningún tipo de control administrativo ni garantías. Esto incumple con las normativas de contratación requeridas para tal fin», explicó Saab en una rueda de prensa.
Hasta la fecha, son 21 detenidos por la trama Pdvsa Cripto -como la bautizó Saab- y faltan otras 11 personas por detener. De los arrestados, de solo seis se conocen las fechas de sus arrestos, en el mismo viernes 17 de marzo y el martes 21. Entre ellos resaltan los nombres de Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa; el exdiputado oficialista por Trujillo, Hugbel Roa; y Joselit Ramírez, ex superintendente de la Sunacrip.
Según Saab, estas tres personas usaron sus posiciones para las asignaciones de crudo a particulares, la desviación del dinero a través del uso de criptomonedas y la creación de una red de empresarios colaboradores para legitimar los dineros, dentro y fuera del país.
Esto último resalta la finalidad de las operaciones de la trama Pdvsa Cripto: 52,38% de los involucrados eran empresarios, entre ellos algunos dedicados al sector construcción, el deporte o la importación de alimentos.
El fiscal Saab explicó que en la estructura de empresarios resaltan Manuel Meneses, que fungía como el principal operador financiero y asesor del vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, mientras que Rogers Ramírez era el coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios.
28,57% de la trama está compuesta por funcionarios de Pdvsa. Y es que además de Pérez Suárez, otros cinco funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro están involucrados en el desfalco. Según Saab, estos empleados «mantenían cargos de responsabilidad para contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior».
Mientras que 14,28% de Pdvsa Cripto está bajo responsabilidad de funcionarios de la Sunacrip. Además de Joselit Ramírez, destacan Renny Gerardo Barrientos y Rajiv Alberto Mosqueda, éste último designado en 2018 como intendente de Minería Digital y Procesos Asociados.
Dos años más tarde, el propio Ramírez le delegó a Mosqueda la firma de los actos de otorgamiento de licencias dispensa y adición de requisitos, anulación, revocatoria y prórroga de aquellos particulares o personas jurídicas autorizados para minar en el país.
En 2014, un tribunal de Los Teques sobreseyó a Mosqueda -que para la fecha era primer teniente del Ejército- de los cargos de asociación para delinquir y extorsión en grado de tentativa, tras ser señalado como uno de los operadores de una supuesta estafa a empresas por medio de asignaciones Cadivi.
Mientras que el exdiputado Hugbel Roa, también exministro de Educación Universitaria y relacionado desde tiempos universitarios al exministro Tareck El Aissami, se le acusó desde el Ministerio Público de controlar Petrocedeño, una subsidiaria de Pdvsa para el mejoramiento de petróleo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Aquí le dejamos la lista de los empresarios vinculados en la trama y sus ocupaciones:
Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura. Se desconocen detalles de sus empresas o asociaciones en el país.
Rogers Ramírez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios.
Rafael Perdomo, accionista de Constructora HP, empresa dedicada al sector construcción con 11 años de experiencia. Detenido el 20 de marzo.
Roger Perdomo, accionista de Constructora HP. Detenido el 20 de marzo. Fungía, junto a su hermano Rafael, como asociados y operadores financieros nacionales a cargo de legitimar capitales. Su constructora, por medio de un comunicado, se desmarcó de «supuestos hechos de corrupción o tráfico de influencias».
Daniel Prieto, «gestor de negocios» del diputado Hugbel Roa. Identificado por la Fiscalía como «operador financiero nacional e internacional». Detenido el 21 de marzo al intentar ingresar a República Dominicana y deportado al país.
Kristhonfer Barrios, dueño de la discoteca «Tabú» en San Cristóbal, estado Táchira.
Johanna Lisseth Torres Ojeda, se desconoce fecha de detención. Estaba solicitada desde el 31 de marzo de 2021 por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir a través de varias empresas. Según el Ministerio Público, Torres y su pareja construyeron «una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados por Pdvsa y Ministerio de Alimentación».
- Alejandro Arroyo, empresario y expresidente de Mineros de Guayana. Detenido el 20 de marzo.
- Bernardo Arosio Hobaica, dueño de ATB Constructores, socio mayoritario de la empresa Prodata Energy, que obtuvo contratos de Pdvsa para la importación de gas a Colombia.
- Fernando Bermúdez, socio y directivo de Global Foods Trading, la cual declaró «inactiva» en 2019 en declaraciones al portal de investigación Armando.Info. Empresa vinculada a los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido, quien también está siendo investigado por la trama de Pdvsa.
- Leonardo Torres. No se pudo identificar a este empresario o el momento en que fue detenido.
