Hasta noventa personas han podido morir bajo custodia desde la declaración hace un año del estado de emergencia en El Salvador para luchar contra las bandas, indicó hoy la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, quien subrayó que muchas de las detenciones han sido arbitrarias.
«En el último año han sido detenidas 65.000 personas, y algunos de esos arrestos, incluidos niños, podrían considerarse detenciones arbitrarias, ya que descansan en investigaciones con poca base, o meramente en el aspecto físico o el contexto social de los detenidos», indicó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.
Sobre los presuntos fallecidos, la portavoz calificó en rueda de prensa de «especialmente preocupante» que «haya información muy limitada sobre las investigaciones en torno a esas muertes».
Las medidas tomadas por las autoridades salvadoreñas desde el inicio del estado de emergencia (27 de marzo de 2022), que ha sido renovado periódicamente, «causan importantes preocupaciones en materia de derechos humanos», resumió la portavoz.
«Entendemos los importantes desafíos que causa la violencia de las bandas, y el deber del Estado de garantizar la seguridad, pero también es obligación para éste el hacerlo de acuerdo con la ley internacional en materia de derechos humanos», afirmó la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
Hurtado también manifestó la preocupación de la oficina por las condiciones de los detenidos, normalmente en recintos hacinados donde se han denunciado graves violaciones «como confinamiento prolongado en soledad, o casos de reos con enfermedades crónicas que no reciben medicación, así como otras formas de maltrato».
La portavoz recordó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) ha recibido más de 7.900 denuncias de violaciones de derechos humanos contra esos detenidos, y pidió que esa institución tenga acceso sin restricciones a todas las prisiones «para poder llevar a cabo informes regulares e independientes sobre las condiciones de detención».
«Pedimos a las autoridades de El Salvador que se aseguren de que la gente no es arrestada sin la suficiente autorización legal, y que a los detenidos se les brindan todas las salvaguardas fundamentales que requieren los estándares internacionales de derechos humanos», subrayó.
También advirtió que «un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las oportunidades de reinserción social de los detenidos».
Concluyó señalando que para buscar soluciones sostenibles a la inseguridad y el crimen «deben enfrentarse las raíces de la violencia de bandas, tales como la desigualdad social, la marginación o la falta de políticas sociales efectivas».
La campaña contra las bandas emprendida por el presidente Nayib Bukele fue defendida ante la ONU recientemente por la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, quien aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos que ha convertido al país en «el más seguro de América Latina».
«Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo», aseguró en su intervención del 2 de marzo.
