Hace 30 años asesinaron a un grupo de 16 indígenas de la etnia Yanomami. El crimen lo cometió un grupo de mineros ilegales de Brasil, una matanza que se conoció como la masacre de Haximú. El caso no fue investigado por el Estado venezolano, pero Brasil logró condenar a seis de los 21 detenidos por los asesinatos.
En tierras del Alto Orinoco, la minería —pese a estar prohibida desde finales del siglo XX— la desidia y el olvido aún perjudica a las comunidades indígenas yanomami, que carecen de acceso a servicios médicos, planes de atención y seguridad.
La abogada Elienai González, representante de la ONG Provea, señaló este jueves, 10 de agosto, durante el foro Crímenes en la Amazonía: Lecciones no aprendidas de la Masacre de Haximú, que los indígenas yanomamis no cuentan con servicios de salud adecuados en el Alto Orinoco en el estado Amazonas.
Sólo un centro de salud
La jurista indicó que de 21 centros de salud ubicados en el Alto Orinoco, solo uno está en funcionamiento; un Centro de Diagnóstico Integral, ubicado en La Esmeralda, y que se encuentra en condiciones deplorables para la atención.
“A veces no tiene médicos. Algunos indígenas nos manifiestan que tienen que caminar hasta cuatro días para poder llegar al ambulatorio”, dijo.
Los yanomamis también son víctimas de la escasez de medicamentos, del desplazamiento, la trata de personas y el abuso sexual. Muchos son obligados a formar parte de los grupos delictivos que operan en la zona.
“Tenemos conocimiento que en unos de los comandos militares se hacen la vista gorda, no hay planes estratégicos para defender el territorio yanomami”, denunció González.
La abogada explicó que en esa parte del territorio nacional es frecuente el ingreso de grupos irregulares de otros países y que también se llevan a cabo operativos policiales y militares de Brasil, quienes violan la soberanía.
Un genocidio
Fernando Fernández, abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela y representante del Monitor Indígena, indicó que lo ocurrido en Haximú podría considerarse un genocidio.
Pero aclaró que la Corte Penal Internacional (CPI) no podría juzgar el caso porque este hecho ocurrió en 1993 y el Estatuto de Roma fue aprobado en 1998; es decir que no tiene efecto retroactivo.
“No solo los Estados pueden cometer genocidios, también los grupos“, recalcó.
Fernández indicó que la selva “ahora es el gueto de los indígenas”. Ya no es su lugar nativo, tras el desplazamiento forzado de algunas comunidades y la presencia de grupos mineros ilegales y del Arco Minero del Orinoco.
El abogado señaló que hay una desertificación en la zona por causa de la actividad minera. “Lo que habrá en la selva será desierto”, alertó.
Recordó que el pueblo Yanomami y otras etnias indígenas deben ser resguardadas por el Estado, pero que en la actualidad están en total desprotección.
“Los indígenas pasan a ser los enemigos, los enemigos amistosos”, dijo el jurista.
