Doce días lleva en España el opositor venezolano Edmundo González, los mismos que el Gobierno, con el ministro José Manuel Albares a la cabeza, lleva negando cualquier negociación con el régimen chavista. Sin embargo, esta tesis ha saltado por los aires tras la revelación de que González fue obligado a firmar un documento aceptando el resultado de las elecciones venezolanas del 28 de julio y comprometiéndose a limitar su acción política una vez fuera de su país.
Y el escenario donde aquello sucedió tampoco fue casual, la residencia del embajador español en Venezuela, Ramón Santos, en presencia de dos destacados dirigentes del régimen chavista: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, su hermana Delcy.
Pese a todo, Albares siguió defendido este jueves desde Bruselas que el Gobierno español no intervino de ninguna manera en la negociación de las autoridades venezolanas con Edmundo González, igual que lleva haciendo durante la última semana. Hace días, el ministro había asegurado que los únicos contactos con el régimen de Maduro habían sido para que se permitiera la llegada y aterrizaje del avión español que recogió al líder opositor y para garantizar su desplazamiento desde la residencia del embajador hasta el aeropuerto. «Los únicos contactos que ha habido, lógicamente, han sido porque, para que pueda aterrizar un avión de las Fuerzas Armadas en Caracas, hay que tener una autorización de sobrevuelo y de aterrizaje, y hay que tener unas garantías de que, cuando el vehículo de la embajada de España se desplazaba desde la residencia del embajador donde se encontraba Edmundo González hasta el avión de la Fuerza Aérea española, no iba a haber ningún incidente.
«Ese es el único contacto que hay», había sostenido esta semana el ministro. Nada se ha dicho de cómo se garantizó la seguridad de González cuando salió de la embajada de Países Bajos en la que se refugiaba teniendo una orden de captura. «Ante tanta sarta de tonterías y mentiras que estoy oyendo, insisto en que no hay ninguna contrapartida ni ha habido ninguna negociación política», insistía Albares ante las críticas al Gobierno español.
Tras la publicación de las fotografías revelando que los dos dirigentes chavistas habían accedido al edificio español en Venezuela, Albares aseguró que el embajador tenía «instrucciones precisas» de no inmiscuirse «en la libertad» de Edmundo González para encontrarse con quien quisiera. Incluso restó importancia a la imagen en la que coinciden el embajador, Jorge y Delcy Rodríguez: «Tiene también que quedar claro» que «el embajador y Edmundo González compartían un mismo espacio físico, sólo hay un salón, era la misma casa».
Además, pese a ser su residencia, Albares defendió que no fue el embajador quien «invitó a entrar» a los enviados de Maduro, aunque la fotografía publicada por ABC deje clara su presencia mientras Edmundo González firmaba los documentos. En su relato de los hechos, el opositor venezonalo dijo que Jorge y Delcy Rodríguez «se presentaron» en la residencia del embajador cuando él se encontraba allí y le obligaron a firmar el documento mediante «coacción, chantaje y presiones».
Todo ello provocó un terremoto político en España abanderado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desde Roma, donde viajó para reunirse con su primera ministra, Giorgia Meloni, pidió la dimisión de Albares. También exigió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrezca «explicaciones inmediatas y asuma que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión, entre la democracia y la dictadura». Núñez Feijó acusó al régimen de Maduro de «prácticas mafiosas» y denunció la coacción que sufrió Edmundo González en suelo español: «Algunas de esas prácticas mafiosas han tenido como escenario la embajada española en Caracas. Lo diré con absoluta claridad y tristeza: de ninguna manera, bajo ningún concepto, no se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie y menos a un representante del pueblo venezolano. Y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva de los derechos humanos después y antes de las elecciones».
Otro roce entre PP y Vox
Más duro había sido a primera hora de la mañana el portavoz del PP en Bruselas, Esteban González Pons, que había acusado directamente al Gobierno español de estar «implicado en el golpe de Estado en Venezuela» y de ser «cooperador necesario» para «la salida del presidente electo, su coacción y su envío al exilio». González Pons no solo soliviantó al PSOE, que exigió su dimisión, sino que también enfadó a Vox al asegurar que el PP estaba solo en una iniciativa presentada en el Parlamento Europeo -que fue aprobada este jueves- declarando a Edmundo González presidente electo de Venezuela, pese a que el texto presentado contaba también con la firma del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch.
Además del debate político, el escándalo ha llegado también a los tribunales a través de la asociación ciudadana Hazte Oír, que presentó dos denuncias contra el embajador de España en Venezuela ante la Fiscalía General del Estado y ante la Audiencia Nacional por posibles delitos de amenazas y coacciones después de conocer el relato del propio Edmundo González, esperando que el Ministerio Público «cumpla con su deber» de presentar una denuncia para que se abra una investigación. Desde Hazte Oír afirmaron que su equipo legal «ha tenido presente, en todo momento, contextualizar la gravísima conducta del embajador y por eso se ha explicado en la denuncia la relación aparentemente cercana de Delcy Rodríguez con miembros del Gobierno».
