Washington espera que los gobiernos de España, Colombia, México, Brasil y otros aliados ayuden a que Nicolás Maduro sea transparente en cómo se ha efectuado el proceso electoral. Estados Unidos está dispuesto a reconsiderar su política de sanciones en función de los hechos posteriores a las elecciones, apoyando un proceso de transición pacífica si la oposición gana.
Desde su punto de vista, la cuenta atrás comienza hoy y dura hasta la jura del cargo del ganador de los comicios el 10 de enero de 2025. EE.UU. ya está controlando de cerca el período de transición y ajustará sus políticas según sea necesario para apoyar el proceso democrático. «Es un período de transición largo y estaremos observando los hechos y calibrando nuestra respuesta», asegura un alto funcionario estadounidense.
La clave son las sanciones. Las primeras se aplicaron en 2005, con Hugo Chávez en el poder, y se intensificaron en respuesta a los abusos de derechos humanos y la corrupción bajo el gobierno de Maduro, quien asumió el poder en 2013. En marzo de 2015, Barack Obama decretó restricciones de visa y el bloqueo de activos de jerarcas chavistas. La Administración de Trump amplió significativamente las sanciones, incluyendo específicas contra el gobierno de Maduro y otras generales, provocando un embargo del crudo venezolano, gran fuente de liquidez de la dictadura.
Señal de buena voluntad
Biden ofreció alivio de sanciones como incentivo para que Maduro permitiera un proceso electoral libre y justo. En señal de buena voluntad, excarceló a dos sobrinos del dictador condenados por narcotráfico y al testaferro que iba a ser juzgado por fraude. «EE.UU. está preparado para calibrar su política de sanciones conforme a los eventos que se desarrollen en Venezuela», añade ese alto funcionario. «Estamos preparados para colaborar con el ganador, siempre que se demuestre que ha habido un proceso electoral transparente y justo verificado por observadores nacionales e internacionales».
Las condiciones para Washington están claras. «Lo esencial hoy desde la perspectiva de EE.UU. es que se haya permitido a los venezolanos acceder sin trabas a las urnas y que sus votos sean contados de una manera que sea consistente con la ley venezolana, las normas internacionales y sus propios compromisos bajo el Acuerdo de Barbados», dicen esas fuentes. El Acuerdo de Barbados es un pacto firmado en octubre de 2023 entre la coalición opositora venezolana y representantes del régimen de Maduro, con el objetivo de reabrir el proceso político en Venezuela y permitir que sus ciudadanos tuvieran una oportunidad real de votar y decidir su futuro. En enero, la dictadura lo incumplió al inhabilitar a la candidata María Corina Machado y detener a otros opositores. La oposición se unió en torno al candidato Edmundo González.
Ya de entrada, el gobierno de EE.UU. reconoció que hay muchos obstáculos a los que los venezolanos se han enfrentado para ejercer sus derechos democráticos, pero la Casa Blanca dijo el jueves que no iba a prejuzgar el resultado de las elecciones. Esperaban que los resultados reflejaran la verdadera voz del electorado sin manipulación ni coerción, o de lo contrario se reconsideraría el actual régimen de sanciones.
Que se cumplan las promesas
Gobiernos que se consideran en mejor sintonía con el chavismo que el de EE.UU., como los de España, Colombia, México y Brasil, insistieron a la Casa Blanca que Maduro podía ofrecer unas elecciones libres si se contenían las sanciones. Ahora, la Casa Blanca espera que esas promesas se cumplan. «Nuestra principal petición a los socios internacionales es asegurar que haya una comprensión clara del resultado electoral antes de cualquier determinación o juicio final», dijeron esas fuentes, que recuerdan que esos gobiernos y sus líderes han hablado en el pasado sobre la importancia del proceso democrático en Venezuela. Lo importante, resaltan en la Casa Blanca, es que Maduro pueda demostrar que el proceso ha sido justo y los resultados son fidedignos.
Si Maduro clama la victoria y no puede aportar las pruebas que la justifiquen, «nuestros socios deberían cuestionarse si hay más información para que la comunidad internacional apoye estos resultados», dicen esas fuentes.
Ya hay en el Capitolio republicanos que creen que este proceso no ha podido ser libre por las restricciones impuestas por la dictadura a candidatos y a observadores. Es el caso de Marco Rubio, senador de la Florida, quien asegura que la «ingenua» decisión de Biden tuvo consecuencias devastadoras. Rubio recuerda que, a pesar de las detenciones arbitrarias de miembros del equipo de campaña de Machado y la prohibición de su candidatura, Biden solo restauró las sanciones sobre el sector del oro, permitiendo que el régimen generara miles de millones en beneficios de petróleo y gas. «Esto ha fortalecido a Maduro», dijo Rubio, quien instó al presidente a mantener una coalición internacional que rechace la legitimidad de Maduro y a imponer más sanciones.
