El chavismo da pasos firmes en la carrera electoral y parece estar muy seguro de los resultados que podrían darle un giro más en la tuerca que lo mantiene en el poder. Nicolás Maduro prepara otra farsa electoral en unas megaelecciones para legitimar su liderazgo y sepultar el de la oposición. Esta vez, el régimen venezolano presume algunos destellos de libertad por la llegada de observadores y expertos internacionales. Pero estas elecciones las vuelve a organizar el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyas autoridades fueron elegidas este año por el chavismo a su imagen y semejanza y arrastran las mañas de rectores anteriores para favorecer al régimen venezolano con resultados truncados y amañados. El chavismo avizora su triunfo en este proceso que no ha dejado de ser cuestionado y busca hacerse con el control de la mayor cantidad de entidades.
En las elecciones regionales y municipales están en juego 23 estados, 335 alcaldías, 253 consejos legislativos y 2.471 concejos municipales, para un total de 3.082 cargos, según cifras del CNE. Las autoridades del ente electoral dijeron que en estas elecciones compiten 70.244 candidatos de 37 partidos nacionales, de los cuales se reparten 329 aspirantes para las 23 gobernaciones, 4.462 para las alcaldías y 65.453 para las asambleas legislativas y concejos municipales. Desde las elecciones regionales de 2017, el régimen de Maduro controla 18 gobernaciones, mientras que la oposición gobernó cinco.
Las triquiñuelas de Maduro
Las elecciones llegan en un contexto en el que el chavismo y un sector de la oposición se sentaron cara a cara en agosto en una mesa de negociación que tuvo lugar en México, y ahí acordaron ir a elecciones. En este nuevo juego, cuyas normas impuso -como de costumbre- el Gobierno de Maduro, la oposición pidió condiciones para que hubiese garantías y unas elecciones transparentes. A cambio, el chavismo solicitó el levantamiento de las sanciones internacionales.
Maduro cantó algunas promesas para seducir a sus detractores y anunció la eliminación de los ‘protectores de estados’, unas figuras impuestas por el chavismo, que funcionaban como gobernadores paralelos y como contrapoder en las entidades que ganó la oposición en las elecciones regionales de 2017. Esos ‘protectores’ les quitaron competencias y manejaron el presupuesto de las gobernaciones de Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui, las únicas en manos de la oposición.
El fraude electoral tiene su epicentro además en la inhabilitación de actores políticos que critican al chavismo. En febrero, casi 30 dirigentes de la oposición que se concentran bajo la figura del presidente interino Juan Guaidó quedaron inhabilitados por 15 años para ocupar cargos públicos. La decisión del régimen no fue más que una práctica antigua del chavismo para responder a las sanciones internacionales de países que no reconocen a Maduro como presidente legítimo y una táctica para sacar del juego a potenciales rivales.
Maduro ya había echado sus cartas en junio y con ánimos de minimizar a los partidos más influyentes del país, secuestró las tarjetas de partidos políticos importantes para la oposición. Los nombres y los símbolos del histórico Acción Democrática y de Primero Justicia les fueron arrebatados por el Tribunal Supremo de Venezuela y tomados por disidentes de la oposición que fueron comprados por el chavismo. Para el escéptico expresidente del CNE, Andrés Caleca, eso fue un giro totalitario en el país sudamericano. «En Venezuela se harán elecciones con (252) presos políticos, con la dirigencia inhabilitada y luego de que este Gobierno perverso confiscó partidos, que ahora están en manos de unos traficantes de la política», dice Caleca a ABC.
Abstención del 55%
La firma Datanálisis prevé una participación de 45% de los electores que se encuentran en el país, y ve de forma anticipada que el chavismo se quedará con la mayoría de las gobernaciones como hace cuatro años. Luis Vicente León, director de la encuestadora ,afirma a este diario que la participación puede ser incluso menor cuando el CNE recalcule el padrón electoral: hay votantes inscritos pero que ya no se encuentran en el país y su participación no cuenta. «En términos generales, Venezuela es un país opositor, pero la oposición ha perdido fuerza por la abstención porque ha dicho durante años que votar es ‘malo’ y ‘colaboracionista’». En cambio, «los chavistas tienen siempre la disposición de votar mucho mayor».
La firma Meganálisis coincide con las proyecciones de Datanálisis. En su última encuesta la participación no llega al 30%. A juicio de Caleca, tradicionalmente estas elecciones no generan mucho entusiasmo en los electores por tratarse de autoridades locales: «Incluso en condiciones democráticas, los que votan están entre el 50% y el 60%».
