La vigilancia y el monitoreo que las instancias internacionales de derechos humanos hacen sobre la situación de Venezuela ni es tiempo perdido ni esfuerzo malgastado. Así quedó claro en la solicitud que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha presentado para continuar investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y en la cual ha citado a distintos organismos del sistema interamericano y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para justificar su opinión de que las autoridades nacionales no han mostrado genuina voluntad para castigar dichos hechos.
En el documento que el jurista británico presentó el pasado 1 de noviembre a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) se menciona catorce veces informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en unas cuarenta ocasiones cita los tres reportes que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela ha emitido desde el año 2020.
«Esto es una buena noticia», afirmó Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, quien durante una entrevista radial agregó: «Esto demuestra que eso de que los informes terminan en una gaveta y que nadie los estudia no es verdad».
Buscando culpables
Tras recordar que la MDH «ha presentado unos casos contundentes, muy rigurosos y unos análisis exhaustivos y con fuentes directas de víctimas, abogados y familiares de las víctimas», Daniels precisó que las indagaciones de este grupo se hacen con una perspectiva «criminalística», es decir, busca individualizar a los responsables.
En el tercer, y último reporte, publicado en septiembre, la MDH denunció que el Gobierno utiliza a los servicios de inteligencia para «silenciar, desalentar y sofocar a la oposición». Asimismo, acusó a la justicia de no hacer nada para castigar los abusos.
Daniels también recordó que ya en el pasado la Fiscalía de la CPI y otras instancias internacionales han colaborado para intentar castigar determinados hechos, y puso como ejemplo el caso de Myanmar, país al que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también le aprobó una Misión similar a la que hay para Venezuela y las investigaciones de este órgano dieron insumos para que la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, iniciara una averiguación por los delitos previstos en el Estatuto de Roma.
Asimismo, saludó que Khan tome en consideración los pronunciamientos de la CIDH, por cuanto es el organismo internacional de protección de derechos humanos que más seguimiento ha hecho a la situación del país.
La CIDH ha publicado tres informes dedicados especialmente a Venezuela desde el año 2003, además de sus informes anuales. En este último tipo de informes, desde el año 2002 el país aparece en su capítulo IV, en el que figuran los países de la región en los que «hay una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos».
La soberanía es excusa
El codirector de Acceso a la Justicia le salió al paso a las denuncias que viene haciendo el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en relación con que la Fiscalía de la CPI forma parte de una «guerra legal» contra el Estado y de que «no hay necesidad» de que ella investigue nada.
«La CPI no está colonizando a nadie, ni siquiera es un país (…) No es colonialismo (lo que está haciendo Khan), porque eso implica que un país se apodere de un tercer país. Eso ocurre en Ucrania, pero no aquí», explicó.
También aprovechó para negar que la soberanía se pueda esgrimir como arma para evitar la actuación de La Haya. ¿Por qué? Según explicó Daniels:
«Venezuela es parte del Estatuto de Roma y lo firmó libremente. Pero no solo lo firmó, sino que formó parte del grupo de países que contribuyó a que se firmara en 1999. Y este gobierno (se refiere al de Hugo Chávez) hizo el último paso necesario, con su ratificación, para que Venezuela se adhiriese al Estatuto con su publicación en la Gaceta Oficial. El Estatuto es parte del derecho interno venezolano, es derecho en Venezuela y, por lo tanto, no se puede alegar intromisión de un órgano al que se adhirió soberanamente».
Por último, consideró que los datos suministrados por las propias autoridades demuestran que en el país no se están investigando los crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, puede operar el principio de complementariedad que permitiría actuar a la CPI. Así, por ejemplo, mencionó que, de los 893 procesos que el Ministerio Público dijo tener abiertos por graves violaciones a los derechos humanos, el 67% se encuentra en fase preliminar, pese a que la mayoría ocurrió en 2017, y que en el 85% de los mismos todavía no se ha identificado a los sospechosos.
Igualmente, destacó que Khan no pasó por alto que solo el 7,61% de los casos investigados los fiscales aplicaron algunos de los delitos previstos en el Estatuto de Roma, mientras que en el restante 93% aplicaron otros menos graves.
La decisión del fiscal Khan de considerar que las autoridades venezolanas no están investigando verdaderamente los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y utilizar como argumentación no solo los datos suministrados por el propio Gobierno, sino los reportes de instancias como la MDH y de la CIDH revelan la importancia que tiene la supervisión internacional.
Con su decisión de tomar en consideración el trabajo de otros organismos, Karim Khan se ahorra un tiempo preciado.
Las víctimas hoy están más cerca de la justicia, porque han denunciado sus casos dentro y fuera del país y muchas de ellas lo han hecho con el acompañamiento de organizaciones civiles, lo que también resalta la importancia de su trabajo y los frutos de su labor de años en este ámbito.
