La decisión de la Asamblea Nacional (AN) de aprobar, en primera discusión, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y de desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, ha disparado las alarmas en instancias internacionales, las cuales consideran las mismas como parte de las amenazas contra las libertades fundamentales de cualquier democracia. Así lo advirtieron el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en las actualizaciones orales que los pasados 21 y 22 de marzo presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
Tras afirmar que «un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones es vital», el alto comisionado Volker Türk, expresó que comparte «las serias preocupaciones» que desde la sociedad civil se han formulado ante las iniciativas legales que el oficialismo ha puesto en marcha en lo que va de 2023 contra las ONG y otras organizaciones sin fines de lucro.
Asimismo, reiteró el llamado que hiciera a las autoridades en enero pasado, cuando visitó al país, para que cualquier legislación que aprueben «se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos».
La MDH, por su parte, se hizo eco de la postura del alto comisionado, aunque empleó un tono mucho más duro, tal y como viene siendo lo habitual.
«La nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG», advirtió la presidenta de la instancia, la jurista portuguesa Marta Valiñas.
No solo las leyes alarman
Volker Türk y Marta Valiñas denunciaron al Consejo los ataques, actos de intimidación y hostigamiento y las detenciones contra todo aquel que se salga del discurso oficial o que ose reclamar un derecho o denunciar una irregularidad.
«Los defensores de los Derechos Humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, seis sindicalistas y dirigentes sindicales llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir», expuso Türk.
Estos datos fueron corroborados por la MDH, que denunció que «tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno. Persisten y, en algunos casos, han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela, así como a líderes políticos».
Ambas instancias de la ONU coincidieron también en denunciar un recrudecimiento de los ataques contra la libertad de expresión, en especial contra los medios de comunicación.
Al respecto. la MDH expuso lo siguiente:
«Solo en el mes de septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira y otras 31 en Zulia. Según la ONG Espacio Público, en 2022 el Gobierno ordenó el cierre de al menos 80 radios, el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas».
Por su parte, el alto comisionado manifestó al Consejo su alarma por el «bloqueo de páginas web y cierre de emisoras y programas de radio».
Cambios ineficaces
En sus exposiciones, el alto comisionado y la MDH denunciaron que en el país se siguen produciendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones a las garantías fundamentales, algo que pone en duda la efectividad de las reformas aprobadas sobre todo en el ámbito policial y judicial desde de 2021.
«Desde nuestro último informe de julio de 2022, mi equipo ha documentado cinco muertes en el contexto de operaciones de seguridad, y se han recibido más alegaciones», denunció Türk, quien no se conformó con las promesas de las autoridades de que se investigarán los hechos, sino que dijo que «espera con interés» los resultados de dichas averiguaciones.
Valiñas, por su parte, no solo aseguró haber recibido información que indica que las policías continúan ajusticiando a presuntos delincuentes, sino que puso en duda el real acatamiento de una de las pocas recomendaciones hechas por la anterior alta comisionada, Michelle Bachelet, y que las autoridades aceptaron cumplir: la disolución de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una de los principales responsables de los ajusticiamientos ocurridos en el país en los últimos años.
«La información en poder de la Misión indica que sus principales funciones, mandos e integrantes han sido absorbidas por la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), como parte de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó al Consejo.
Acto seguido, denunció que la aparición de la DAET coincidió con el relanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado, ahora conocidos como «operaciones Trueno». Valiñas apuntó:
«Entre abril y septiembre de 2022, se llevaron a cabo siete de estas operaciones en los estados de Aragua, Anzoátegui, Guárico, Miranda y Yaracuy. Los medios de comunicación han reportado un alto número de víctimas mortales en el contexto de estos operativos, que podrían ascender a 70, según algunas fuentes».
Türk y Valiñas también expusieron que las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y otras leyes relacionadas con la justicia no se han traducido en una mayor eficacia. El alto comisionado denunció sobre este tema:
«Mi equipo sigue documentando casos, incluidas personas que permanecen detenidas después de que se hayan emitido órdenes de liberación; personas mantenidas en prisión preventiva más allá de los límites legalmente establecidos; y situaciones determinadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como correspondientes a la definición de detención arbitraria con arreglo al derecho internacional de los Derechos Humanos».
Distintos remedios
Algo llamativo de los discursos de ACNUDH y la MDH es que ambos coinciden en la importancia del diálogo para superar los actuales problemas que afronta el país, pero difieren en que este sea suficiente para enderezar su rumbo.
«Todas las partes deben pensar en el futuro que quieren para Venezuela. El diálogo y la colaboración entre las autoridades y la oposición serán fundamentales, incluida la reanudación de las conversaciones políticas en México», señaló el alto comisionado.
Por su parte, Marta Valiñas reconoció que el diálogo es fundamental y reiteró el interés de la MDH por visitar el país y mantener contactos con las autoridades. Sin embargo, también dejó en claro que el proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) es una oportunidad para castigar los crímenes ocurridos en el país.
«La Misión concluyó con motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad (…) La prueba recibida sustentó, con motivos razonables para creer, que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes. La Misión ha recomendado que estas personas sean investigadas y enjuiciadas de forma genuina (…) En este sentido, los procesos ante la Corte Penal Internacional representan un avance sustancial para asegurar una rendición de cuentas en Venezuela».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las actualizaciones orales presentadas por el ACNUDH y la MDH corroboran que los derechos humanos en Venezuela no están garantizados y que las reformas y reestructuraciones institucionales emprendidas por las autoridades no solo no han servido, sino que son simples maquillajes para simular una voluntad de cambio que en realidad no existe.
Los pronunciamientos también explican el porqué de la obsesión de las autoridades de silenciar a las organizaciones de la sociedad civil, pues ellas se han convertido en el último espacio fuera de su control y en voces disonantes.
Es lamentable que las autoridades se limiten a atacar estas actualizaciones, las cuales contienen una hoja de ruta para garantizar plenamente las garantías fundamentales a todos los ciudadanos.
