La ONG Acceso a la Justicia, dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, presentó, junto con expertos, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, 75 recomendaciones para el rescate del sistema de justicia penal venezolano en su informe Algunas acciones para la reforma del sistema de justicia penal venezolano en el marco de un escenario de «doble vía».
Las recomendaciones que elaboró Acceso a la Justicia parten de un proceso de consulta amplia con expertos en materia judicial, abogados, usuarios del sistema de justicia, miembros de organizaciones de derechos humanos y académicos, quienes suministraron sus conocimientos basados en su experiencia con el contacto directo con los diversos órganos del sistema de justicia penal en cada uno de sus roles y facetas.
Las sugerencias que se plantean pueden ser una hoja de ruta para promover cambios hacia la reinstitucionalización de la justicia con acciones puntuales y concretas, que pueden impulsarse en conjunto con la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) y el proceso de asistencia que brindará en Venezuela.
Para este trabajo también se tomaron en consideración las recomendaciones en materia de justicia que han formulado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,así como informes e investigaciones previos de Acceso a la Justicia y otras ONG.
¿Cuáles son las recomendaciones principales?
Las recomendaciones formuladas van dirigidas hacia la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate de la corrupción y el respeto de los derechos humanos por parte del sistema de justicia penal venezolano, integrado por la policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
Como sugerencia para la reforma del sistema de justicia penal en Venezuela, se sugiere que instancias como el ACNUDH y la oficina de la CPI en Caracas puedan servir de apoyo para reducir urgentemente la provisionalidad de los jueces, fiscales, defensores públicos y establecer mecanismos de evaluación y capacitación de estos en materia de derechos humanos, incluyendo protocolos de actuación en casos de tortura, de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, sensibilización en materia de género y de violencia contra la mujer.
Para una gestión transparente y responsable de los órganos de administración de justicia, se recomienda garantizar la publicidad de los expedientes y decisiones judiciales, como un derecho fundamental para los justiciables y para la sociedad en general. De igual forma, sancionar a través de procedimientos disciplinarios eficaces y adecuados a los jueces, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios del sistema de justicia penal involucrados en irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y proceder a su remoción, cuando corresponda y previo debido proceso.
Además, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Venezuela deben ser implementadas adecuadamente en el orden jurídico interno; para ello, Acceso a la Justicia recomienda aplicar las leyes vinculadas al sistema de justicia que han sido reformadas y que hasta el momento siguen sin cumplirse, como es el caso de las normas legales dictadas en favor de las personas LGBTIQA+ y los pueblos indígenas.
En este sentido, es fundamental cesar la política de aprobar leyes que luego no se aplican, eliminar la práctica judicial de juzgar civiles en tribunales militares y reintegrar a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Con respecto a los organismos de investigación, se enfatiza que la eficacia de las investigaciones penales depende de la capacidad profesional, técnica y la autonomía de las instituciones y funcionarios.
La ONG propone restablecer las competencias del Ministerio Público en esta materia, así como capacitar, con auxilio de la cooperación internacional, a los funcionarios de los órganos de investigación penal para conducir investigaciones adecuadas y con estándares forenses y técnicos sobre graves violaciones de derechos humanos.
Otro de los puntos propuestos para mejorar su funcionamiento es crear protocolos internos acordes con estándares internacionales para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota e implementar efectivamente un programa de protección de víctimas y testigos para salvaguardar su integridad.
Sobre el derecho a la defensa pública, se recomienda garantizarles a los detenidos que nombren la representación legal de su elección, y que tengan acceso a la misma en cualquier estado y grado del proceso judicial.
Durante las últimas tres décadas, se han cometido innumerables violaciones de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, quienes deben ser reparadas integralmente por el Estado. Para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, Acceso a la Justicia recomienda asegurar el respeto de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas Bangkok).
Además, es fundamental asegurar que todos los registros de detenidos sean de libre acceso para los familiares y abogados; cesar la práctica de quitar en las requisas bienes esenciales a los detenidos, como medicinas o comidas, y establecer mecanismos disciplinarios de aplicación inmediata ante la denuncia de torturas o malos tratos.
El sistema de justicia penal en Venezuela, como ha sido ampliamente documentado, no responde a las condiciones mínimas de independencia e imparcialidad y es parte del aparato represor del Estado en la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Así, es un reto que se logren los cambios necesarios para que la justicia penal funcione de manera adecuada.
Sin embargo, en el marco de la instalación este año de una oficina de la CPI en Caracas que prestará asistencia al Estado venezolano para mejorar su sistema de justicia penal, a los efectos que con el tiempo pueda investigar y procesar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas al menos desde 2014, puede haber una oportunidad para lograr cambios. De tal manera, el informe publicado puede ser una hoja de ruta para esa instancia a la hora de emprender acciones para alcanzar tan importante objetivo.
