El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se encuentra en Venezuela para revisar los mecanismos de cooperación con el régimen de Nicolás Maduro a próposito de la investigación que el tribunal internacional lleva a cabo por violaciones de derechos humanos en la nación sudamericana.
Khan llegó este jueves a Caracas, en medio de un silencio informativo sobre su visita por parte del régimen. Fue el mismo Khan quien el miércoles anunció desde Bogotá que haría una parada en Caracas. No obstante, las autoridades venezolanas no informaron nada al respecto, sino después de que se produjeron las reuniones con el fiscal general del Ministerio Público venezolano, Tarek Williams Saab, y con Maduro, en el Palacio de Miraflores.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia rechazó el hermetismo que caracterizó los encuentros de Khan con los funcionarios del régimen y pidió al fiscal de la CPI que escuche a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
«Le rogamos al Fiscal de la CPI que pueda garantizar un proceso imparcial y que no solamente escuche las apreciaciones del gobierno venezolano, sino de aquellas víctimas que han sido torturadas, víctimas de detenciones arbitrarias durante estos años, dos delitos que forman parte de la categoría de los delitos de lesa humanidad de acuerdo al estatuto de Roma”, expresó Kelvi Zambrano, abogado de la Coalición, en un video en Twitter.
Por su parte, la ONG Provea recordó que la investigación por violaciones de derechos humanos en Venezuela «está a la espera de su reanudación tras la consulta histórica a víctimas». Resaltó que 8.900 víctimas del régimen de Maduro «apoyaron abrumadoramente la reanudación de esta investigación» y ahora «los jueves de la Sala 1era de Cuestiones Preliminares deberán decidir en los próximos meses la eventual continuidad del proceso».
Denunció que «el sistema venezolano niega a las víctimas y la falta de investigaciones a las cadenas de mando».
La agenda de Khan
Durante su visita a Caracas, Khan se reunió con Maduro, en el que fue el primer contacto entre ambos desde que el fiscal de la CPI confirmase la continuidad de las investigaciones abiertas sobre la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en el país sudamericano.
Sobre la reunión, Maduro se limitó a confirmar en Twitter que, en esta «reunión de trabajo», las dos partes hablaron de los avances tras la firma de un memorando de entendimiento bilateral. «Seguiremos ampliando los mecanismos de trabajo con esta instancia», subrayó.
En tanto, en la reunión con Saab, se intercambiaron «opiniones en relación a los logros en materia de protección de los derechos humanos» y se revisó la implementación del memorando de entendimiento, según informó el Saab en su cuenta de Twitter.
Khan también sostuvo reuniones con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, quien ratificó la disposición de cooperar «en la ejecución del memorándum de entendimiento».
La investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano se reabrió en noviembre pasado por petición de Khan, al constatar que había indicios del cometimiento de estos delitos, al menos desde abril de 2017, y de que el país no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.
Lo que indaga la CPI son denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas ocurridas en 2017, que dejaron 120 fallecidos. El caso fue llevado a la Corte de La Haya por varios de los Estados miembros -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
Venezuela reaccionó ante la reapertura del caso, acusando al fiscal jefe de La Haya de tener una «visión claramente prejuiciada» sobre la situación, en palabras de la Cancillería del país. Se cuestionó también que el proceso sea parte de una estrategia promovida por Washington para desacreditar al régimen de Maduro y que se estaban «reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos».
Seis meses antes de que el fiscal de la CPI solicitara reabrir la pesquisa, Venezuela había requerido al ente de justicia internacional que difiriera la investigación. Como respaldo, el régimen de Maduro entregó el 28 de febrero un documento que, a su juicio, «desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad».
El 1 de abril, Khan anunció que fueron desestimados los recursos presentados por Venezuela contra la apertura de la investigación. En tanto, el régimen de Maduro sostiene que su sistema judicial está activado para garantizar la justicia bajo su jurisdicción.
Según denuncias de opositores y activistas de derechos humanos, los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
