Los riesgos de la represión siguen al acecho con las violaciones de derechos a más de 250 presos políticos y de manera progresiva para frenar las acciones de la disidencia en un futuro escenario electoral con los comicios presidenciales. Es el temor de defensores de derechos humanos ante el avance silente de agresiones o atropellos que esperan por la acción de la Corte Penal Internacional (CPI).
Se trata de parte del contexto del informe anual del instituto Casla de Praga que fue presentado por Tamara Suju ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denuncia 54 víctimas de torturas físicas y psicológicas. Además del nivel de aprobación encabezado por el Ejecutivo nacional, tal como lo ubican desde el manual de operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Un planteamiento que rechaza el reclutamiento a esa vigilancia en instituciones públicas en busca de sospechosos y que de encubierto terminan absorbiendo a personas que ni siquiera sospechan que colaboran como informantes. Una carga que también afecta a familiares de las víctimas que sólo exigen las acciones necesarias desde la CPI con órdenes de aprehensión, de comparecencias o lo que consideren necesario para los responsables en la cadena de mando de las autoridades venezolanas.
Para el abogado Marino Alvarado la represión continúa y se aprecia en casos tan simples, como los trabajadores de Guayana detenidos desde hace tres meses y que fueron presentados a tribunal quedando bajo régimen de presentación. Lamenta que sólo reclamaban sus derechos de un salario suficiente a sus necesidades.
También menciona que el programa «Con el mazo dando» dirigido por el diputado, Diosdado Cabello, es otro de las referencias de amenazas contra dirigentes políticos de oposición y dirigentes sociales. «Se demuestra que no hay voluntad del Gobierno al mantener más de 250 presos políticos», reclama y rechaza las órdenes de captura contra la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
Señala sus argumentos acerca de la continuidad de la persecución y los partidos políticos están más expuestos a que se incrementen en el próximo proceso electoral. Asoma los posibles candidatos inhabilitados, cuestionando la intervención de la Contraloría General de la República que no es independiente. Se atreve a señalar las posibles persecuciones de cuerpos policiales y al extremo de detenciones para bajar los ánimos del liderazgo opositor.
Rafael Narváez, como defensor de derechos humanos, toma como referencia al informe de determinación de los hechos del consejo de derechos humanos de la ONU y cómo ha sido el avance de la CPI ante la denuncia de represión, trato cruel y torturas del Estado.
Recuerda que no han mejorado las condiciones en ese alrededor de 287 presos políticos, quienes son víctimas de retardo procesal con audiencias suspendidas. Lamenta que se ignora el artículo 29 de la Constitución Nacional que recuerda la obligación de investigar y sancionar aquellos delitos contra los derechos humanos cometidos por autoridades. Mientras no pueden ser escuchados, tienen dificultad para mostrar las pruebas, trabas en la presunción de inocencia y violan los derechos de imputados con la pérdida de audiencias que siguen dejando en peligro sus vidas en centros de reclusión.
Cuestiona que se subestiman los derechos y que la cooperación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la CPI debe empezar por agilizar expedientes y procesar legalmente la cadena de mando responsable.
