El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), alertó a los Estados Partes del Estatuto de Roma sobre la necesidad de monitorear cualquier acto de “intimidación o represalias” contra las víctimas y organizaciones que participan en el proceso abierto por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.
Calixto Ávila, representante de PROVEA en Europa, insistió en que es necesario garantizar la participación de las víctimas de violaciones a los DDHH dentro del “incidente” que se ha abierto en la situación Venezuela I, en la que la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá si otorgan las facultades al fiscal de la CPI, Karim Khan, para continuar con la investigación contra Venezuela.
“El objetivo ha sido alertar a los Estados Partes sobre la situación de las víctimas en Venezuela” dijo el activista el martes tras un evento celebrado en el marco de la 21 Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya.
PROVEA es una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela.
El lunes, la Sección para Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) de la CPI, habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que jueces deciden si autorizan al fiscal Khan retomar la investigación Venezuela I.
“Las víctimas de crímenes bajo competencia de la CPI tienen el derecho a participar en los procesos penales. En este contexto, el 18 de noviembre de 2022 la Sala ordenó a la secretaría compilar las opiniones y observaciones de las víctimas con respecto a la solicitud del fiscal de continuar las investigaciones con respecto a la petición de la Fiscalía para reanudar la investigación”, expone el formulario.
Ávila explicó que el lapso para que las víctimas envíen el formulario vence el 7 de marzo de 2023 y será el 21 de marzo cuando la VPRS enviará a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares las versiones “originales de los formularios e informaciones de las víctimas que serán confidenciales”, así como un informe general sin identificar a las víctimas al que podrá acceder el Estado.
El mes pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación abierta en noviembre del 2021, sobre la presunta comisión
de crímenes de lesa humanidad por parte de las autoridades desde febrero de 2014, tras concluir que el aplazamiento solicitado por el Estado venezolano no está justificado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de Khan e insistió en que el Estado ha aportado “amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos, a los fines de determinar la verdad y establecer, de ser el caso, las responsabilidades penales correspondientes”.
En abril, la fiscalía de la CPI había notificado que pediría a la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal autorizar la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, “en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma”.
El Estado venezolano había solicitado un aplazamiento de la investigación, argumentando que “está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia”.
