Representantes judiciales de 200 clientes afectados por la intervención y liquidación de cuatro bancos en el exterior propiedad del Grupo Financiero BOD, continúan ejecutando procedimientos conforme a lo dispuesto por el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU. El grupo de personas que exigen al banquero Víctor Vargas les regrese su dinero, se encuentra en su mayoría integrado por personas de la tercera edad y oriundos de los estados Zulia, Aragua y Carabobo. Otros fallecieron sin haber obtenido una respuesta a su demanda por parte del TSJ y del Estado venezolano
El señor Leal falleció en 2020 por problemas asociados al covid-19. Al momento de enfermarse no contaba con los recursos suficientes para un tratamiento y hospitalización adecuados. Desde 2017 perdió todo el dinero depositado en uno de los cuatro bancos off shore del BOD, propiedad de Víctor Vargas, los cuales fueron intervenidos y cerrados por las autoridades bancarias y financieras en 2020.
Justamente en 2017 él y su familia se dieron cuenta por primera vez que no podían transferir de una cuenta a otra, parte de los depósitos que tenían en el Banco Orinoco NV en Curazao, por lo que comenzó un cúmulo de preocupaciones. Esta incertidumbre nunca se calmó dada las respuestas de los empleados bancarios que iban desde que «se estaban cambiando de un banco corresponsal a otro» y, que no se preocuparan «porque ya, se iba a solucionar la situación». Pero nunca pasó.
«Nosotros no teníamos dinero, para esa época del covid-19 se podía escuchar que gente con seguro o adinerada se podía hospitalizar en una clínica privada, pero nosotros teniendo dinero en el Banco Orinoco para que lo pudieran atender, nunca pudimos tener acceso. Tuvimos que recorrer varias clínicas en ambulancia y no lo recibían. Gracias a Dios contamos con la ayuda de un amigo médico que se ofreció a ayudarnos financieramente, pero ya estaba muy delicado de salud y en 15 días que estuvo hospitalizado no pudo sobrevivir», contó un familiar del señor Leal que pidió no ser identificado.
El caso del señor Leal es uno de los 12.000 clientes del Banco Occidental de Descuento (BOD) que aún esperan por la entrega de su dinero depositado en Banco Orinoco NV en Curazao, BOI Bank en Antigua y Barbuda, All Bank Corp en Panamá y Bancamérica (Banca Múltiple de las Américas) en República Dominicana.
Mucho de los afectados son personas naturales que abrieron cuentas desde las sede del BOD en Venezuela, pero parte de sus fondos fueron enviados a los bancos en el exterior del holding Cartera de Inversiones Venezuela C.A., perteneciente en 99,57% al banquero Víctor Vargas Irausquín. La promesa de mayores retornos por su inversión en divisas en sus bancos fuera del país, fue el argumento para convencer a los clientes; aunque a otros ni se les consultó ni se pidió autorización para la transferencia de los recursos.
El señor Leal fue un empresario de ascendencia europea y decidió repartir en vida la herencia a sus hijos, quienes tuvieron la mala fortuna de tomar una decisión cuya consecuencia nunca imaginaron: uno de ellos decidió dejar el dinero depositado en el Banco Orinoco y el segundo en All Bank.
«Nosotros y un conjunto de personas decidimos en primer lugar hacer la denuncia en la Sudeban de la mano de Anauco y el abogado Roberto León Parilli. Ahora hoy en día mi familia está enfrentando problemas, nos está costando mucho mantener lo poco que nos queda. Tengo amigos que me han ayudado con el pago de la escuela de mis hijos y todo ello, sin necesidad, ya que tenemos un dinero al que no tenemos acceso y el cual nos podría solventar mucho de nuestros problemas», dijo uno de los integrantes de la familia Leal consultado por TalCual.
Un caso sin respuesta
Los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung en representación de aproximadamente 200 personas, introdujeron en octubre de 2022 una demanda por intereses colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del BOD, así como contra su propietario Víctor Vargas y la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C.A.
El grupo de personas que exigen al banquero Víctor Vargas que les regrese su dinero, se encuentra en su mayoría integrado por personas de la tercera edad, clientes oriundos de los estados Zulia, Aragua y Carabobo, en la capital Caracas; así como jubilados y extrabajadores de la propia entidad.
Luego de esta acción legal, pasaron seis meses a la espera de una respuesta por parte de la Sala Constitucional presidida por Gladys Gutiérrez, quien también funge la presidencia del TSJ. Hasta la fecha, solo se dio entrada al acto administrativo y no se ha decidido si se admite o rechaza la denuncia colectiva contra el BOD. Debido al retardo para responder por parte del máximo tribunal del país en un lapso máximo de siete días, se acudió a instancias internacionales.
A principios de mayo de 2023, los abogados acudieron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk (quien se encontraba en Venezuela para ese entonces), para denunciar al Estado venezolano por denegación de justicia. Consideran que hay una clara violación de derechos fundamentales como el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
«Nosotros hemos agotado la vía jurídica de conformidad con las normativas y con la Constitución Nacional. Esta situación llegó a la cúspide y esta cúspide no permite que se lleve por un camino pacífico y legal la resolución de un conflicto que involucra a una gran cantidad de personas. El no pronunciamiento del TSJ nos llevó a subir un escalón y acudir al sistema de protección de los derechos humanos al cual Venezuela es parte», afirmó Carlos Calderón.
Al acudir a instancias internacionales de DDHH la responsabilidad recae sobre el Estado venezolano, porque se ha causado un daño patrimonial y no se ha respondido a esta causa. El objetivo igualmente es ejercer acciones para la protección del usuario y del consumidor.
«Se está violentando el articulado de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que data de 1948 referido a que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia en un tribunal neutral e independiente; pero también se viola el derecho a la propiedad. Ante todo ello el ordenamiento jurídico venezolano no se ha pronunciado. Hay absoluto silencio sobre el caso, ni siquiera Víctor Vargas ha acudido a la justicia para negar los hechos por los cuales se le ha demandado», acotó Calderón.
El pasado lunes 26 de junio, se envió un nuevo documento a la Coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH en Venezuela, a los Miembros del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los DDHH y las empresas trasnacionales y otras empresas, al Relator Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados y, al Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El abogado Roberto Hung, especialista en Derecho Procesal Constitucional, explicó que de acuerdo a los mecanismos especiales de la Comisión de DDHH, el organismo está facultado para enviar cuestionarios a la autoridad judicial y financiera de Venezuela y de los demás países en los que operaban los bancos filiales del BOD.
Los organismos a los cuales se mencionan en el escrito para que se les sea solicitada información en Venezuela son el TSJ, Sudeban, Fiscalía General, Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y al Banco Nacional de Crédito; y en el exterior a las superintendencias de Bancos de Panamá y de República Dominicana, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco Central de Curazao y Saint Marten. Igualmente, al Tribunal de Primera Instancia de Curazao que conoció la quiebra del Banco del Orinoco y a su liquidador y síndico de la quiebra Michiel Gorsira; así como al Banco Central de Uruguay y al Banco Central de Holanda.
«Este escrito ampliatorio que introdujimos ante la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas agregamos nuevos datos relacionados a los custodios de los activos de los bancos filiales del BOD, y, le pedimos que requieran información a estos custodios también. A tres años y medio de lo sucedido no se ha podido lograr tener acceso a la cartera de inversiones en poder de estos custodios», destacó Hung.
De acuerdo a la información recabada para la demanda, se pudo conocer que existen varios custodios relacionados con el BOD, uno de ellos es Welden Securities de Uruguay Agente de Valores S.A., que en octubre de 2020, es decir, a un año de la quiebra de la entidad financiera venezolana y transcurrido dos años más hasta la fecha, fue sancionada por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay por haber incurrido en irregularidades respecto a medidas de resguardo de información conforme a las normas aplicables en esa nación.
Luego que se le diera la baja como agente de valores a Welden Securities, se autorizó la desafectación de las sumas depositadas en garantía e instrumentar las cancelaciones de las prendas y proceder a las devoluciones correspondientes.
Con relación al agente custodio de títulos valores Vistra International S.A. de Panamá, se señala en el escrito enviado a la Comisión de DDHH de la ONU, que esta sociedad mercantil no es reconocida como firma Internacional de Inversión Vistra, con presencia y operaciones globales, «sino que se corresponde a una sociedad de comercio regular inscrita en Panamá de la que se desconoce si la misma está inscrita en alguna autoridad financiera, ante lo cual se están realizando tareas de verificación».
