William Gil (PSUV), presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional madurista, dice que desde el gobierno se ha trabajado «con elecciones o sin elecciones para mejorar las condiciones del pueblo». Descarta que detrás del Congreso Nacional de Servicios Públicos haya una estrategia de cara a las presidenciales del 2024. Analistas indican que el gobierno sabe que el colapso de los servicios públicos le juega en contra.
El régimen de Nicolás Maduro prepara el terreno electoral para su continuidad en el poder reciclando las promesas de mejorar los servicios públicos en el país, tras años de abandono de las inversiones estatales para el mantenimiento elemental.
Según Maduro y sus funcionarios «este es el año de los servicios públicos», mientras el Comité de Afectados por los Apagones ha registrado —desde el megapagón de marzo del 2019 hasta el 6 de marzo de 2022— un número de fallas eléctricas que va camino al medio millón y el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos reporta que 59% de los venezolanos valora negativamente en 2022 el servicio que recibe (cuando lo recibe).
La administración ilegitima de Maduro también tiene sus encuestas. Por eso, en enero de 2022, reunió en Miraflores al Consejo Federal de Gobierno, incluyendo la presencia de tres de los cuatro gobernadores electos por la oposición y allí inició el discurso de arreglar lo que «las sanciones» han echado a perder.
En ese encuentro del Consejo Federal, el gobernante aseguró que la prioridad de esa instancia serán los servicios públicos y que el dinero que por esa vía asignará se distribuiría como sigue: 35% para agua, 25% electricidad, 20% vialidad, 10% gas y 10% desechos sólidos. Proyectó, para ese momento, una cantidad anual de 312.518.455,33 bolívares para las gobernaciones.
Previamente, en diciembre de 2021, la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas Delcy Rodríguez ofreció destinar más del 70% de la inversión —de un presupuesto anual estimado para 2022 en 62.379.454.806 bolívares— a la atención del área social, con especial atención a los servicios.
Sobre a cuánto asciende en realidad el presupuesto fiscal de 2022 y cómo será distribuido no existe información detallada, como lo advierte Trasparencia Venezuela.
Menos agua, menos votos
Que la renovada preocupación por atender el deterioro de los servicios públicos tuvo como detonante los resultados electorales de noviembre de 2021 —ratificados en el caso de Barinas en 2022 con una doble derrota en la cuna del chavismo— lo dejó claro el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello. Pocos días después del evento comicial, habló de crear en la estructura nacional de la organización «una Vicepresidencia de Seguimiento de la Gestión» de los mandatarios regionales y locales, tras una caída importante de la votación oficialista.
Pocos días después, Tania Díaz, vicepresidenta de Agitación Propaganda y Comunicación del PSUV, precisó que la instancia anunciada por Cabello persigue «que se cumplan los planes de Gobierno obedeciendo al pueblo para una buena gestión en los 335 municipios y las 23 gobernaciones»
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