En Argentina se vivió en junio una represión violenta de parte de la policía, y criminalización de la protesta popular, en la norteña provincia de Jujuy, asentó una investigación divulgada este jueves 5 por Amnistía Internacional (AI).
Ana Piquer, directora para el hemisferio en la organización humanitaria, dijo que “la policía de la provincia de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos”, entre ellos comunidades indígenas de esa región fronteriza con Bolivia y Chile.
“Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”, añadió Piquer.
La policía regional cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia, según AI.
Las protestas estallaron después de que la legislatura regional aprobó una reforma a la Constitución de la provincia que limitaba el derecho a manifestar, al establecer la autorización previa, y disponía medidas en defensa de la propiedad privada que podrían afectar los derechos de unas 300 comunidades indígenas.
Grupos indígenas, sindicatos y organizaciones sociales organizaron las manifestaciones en varias ciudades de la provincia, denunciando que la reforma, aprobada con prisa y sin la debida consulta a los pueblos originarios, afecta el uso de tierras y aguas por esas comunidades en provecho de la explotación de minerales.
Jujuy está en la zona sudamericana conocida como el “triángulo del litio”, de Argentina, Bolivia y Chile, que contiene cerca de 70 % de las reservas mundiales de ese material estratégico para industrias como las de telefonía y autos eléctricos.
Del 25 a 29 de septiembre una delegación de AI visitó en Jujuy la ciudad de San Salvador y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques.
Entrevistó al menos a 107 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial.
Entre sus hallazgos, AI constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza en las protestas, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de quienes participaron en las demostraciones.
Tanto los testimonios como los registros audiovisuales analizados por el equipo de verificación digital de AI “demuestran que la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban”, dice el reporte.
Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, los disparos de balas de goma hacia la cabeza o la parte superior del cuerpo están prohibidos, recordó AI.
Además, esos proyectiles deben ser utilizados únicamente para apuntar a una persona en concreto involucrada en actos de violencia y sólo cuando otros medios menos extremos sean insuficientes.
La investigación también encontró que “las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”.
Gran parte de los testimonios recabados dan cuenta de la presencia de funcionarios de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o que se rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que manifestaban.
Muchas de las víctimas entrevistadas y que sufrieron lesiones físicas relataron haber encontrado resistencia, y hasta la negación a la atención médica, en más de un hospital público en la provincia.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego señalan que las autoridades tienen la obligación de brindar asistencia y servicios médicos a las personas heridas lo antes posible, recordó AI.
La delegación también escuchó múltiples relatos de detenciones a personas por el solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad.
Por otro lado, “se ha constatado el uso generalizado del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes”.
La utilización de este instrumento, que regula faltas menores y cuya aplicación se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia, ha sido otra forma de criminalización de las protestas en Jujuy, indica el reporte.
Ese ministerio informó que 180 policías habrían resultado heridos durante las protestas en Jujuy, lo que investigan las autoridades. “En cambio, se ha constatado una falta de proactividad para investigar los posibles abusos cometidos por agentes de seguridad durante las manifestaciones”, según AI.
“El pueblo de Jujuy tiene el derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como de ser informado y participar de medidas que afecten sus derechos”, dijo Mariela Bielski, directora ejecutiva de AI en Argentina.
Las autoridades de la provincia “deben garantizar estos derechos e investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas”, agregó la responsable.
Sobre la reforma de la Constitución de Jujuy debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, tras plantearlo ante esa instancia el procurador general interino de la nación, Eduardo Casal.
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