La información que la exsenadora Aída Merlano le entregó a la Fiscalía en la diligencia del pasado martes, 21 de marzo, se mantiene bajo absoluta reserva. Lo único que ha trascendido es que fueron cerca de 10 horas en las que Merlano entregó datos, documentos y nombres que, según ella, son la evidencia del entramado corrupto que reina desde hace años en la costa Caribe, en cabeza de poderosos políticos.
Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la diligencia se cumplió en la cárcel de mujeres de El Buen Pastor, en donde estuvo acompañada de su apoderado, el penalista Miguel Ángel del Río, quien acaba de lanzar una pista sobre uno de los nombres en los que se concentró la diligencia.
“El señor Javier Torres, contratista de Alejandro Char, fue citado a imputación y medida de aseguramiento 4 veces por parte de Fiscalía desde 2019 por Odebrecht y nunca se hizo la audiencia y ahora su proceso está archivado. Esto vamos a destaparlo. ?@FiscaliaCol”, escribió del Río en sus redes hace apenas unos minutos.
Y enlazó su comentario al artículo de EL TIEMPO que reveló en primicia, en enero pasado, que el caso contra el megacontratista había sido cerrado.
En efecto, el de Torres era uno de los casos que aún seguían vivos dentro del escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht en Colombia. El empresario fue citado, desde febrero de 2019, a audiencia de imputación con medida de aseguramiento por recibir un contrato de al menos 9.000 millones de pesos vinculado a la Ruta del Sol II, a través de su empresa Inversiones Torrosa.
¿Qué pasó?
EL TIEMPO estableció que la propia Fiscalía retiró el escrito de acusación en una oportunidad ante la exploración de un posible acuerdo que hasta la primera semana de octubre de 2022 no se había sellado.
Sin embargo, fuentes del ente acusador le aseguraron a EL TIEMPO que el expediente aparece inactivo en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por archivo por conducta atípica, según el artículo 79 del Código Penal.
La decisión aparece fechada el 10 de octubre pasado.
EL TIEMPO se comunicó en su momento con Iván Cancino, apoderado del empresario, para preguntarle las razones del archivo del proceso y contestó: “Sin comentarios”.
Sin embargo, desde un principio Cancino había argumentado que la conducta que se le pretendía imputar a Torres Vergara no era delito por involucrar dineros privados y no públicos.
Tal como lo señaló EL TIEMPO, el de Torres era uno de los casos en los que el FBI tenía la lupa puesta por haberse dilatado sin una decisión de fondo. El expediente se encontraba en la fiscalía 08 seccional, de la Unidad de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, desde el 18 de febrero de 2022.
Jorge Pizano, el supervisor especial de la Ruta del Sol II (Consol), fue quien identificó varios contratos sospechosos aprobados por Odebrecht, quien usaba su posición dominante para celebrarlos. En ese consorcio el socio minoritario era la empresa Episol.
Uno de los contratos identificados por Pizano era el que tenía bajo la lupa a Javier Torres, de Inversiones Torrosa. Concidencialmente, el abogado Miguel Ángel del Río apodera a la familia de Pizano quien pidió desarchivar el caso por su muerte.
El megacontratista y la fuga
Según información pública, las empresas de Torres ha suscrito contratos por cerca de 9.000 millones de pesos. Además, se le atrubuye una gran cercanía personal con Alejandro Char a quien Aida Merlano señala de hacer parte del entramado corrupto para la compra de votos.
La llamada casa Char, a través de Fuad Char, su cabeza, ha negado tajantemente los señalamientos de Merlano contra sus miembros. Y aseguran que la van a enfrentar judicialmente y que la exfugitiva está siendo usada como instrumento político.
También trascendió que Merlano le entregó a la Fiscalía soportes con los que busca probar quiénes estuvieron detrás de su fuga, en octubre de 2019. Según ella, buscaban sacarla de prisión para luego eliminarla.
El próximo 28 de marzo, la exsenadora está citada a la Corte Suprema dentro de un nuevo caso en su contra por corrupción al sufragante; pero también será escuchada dentro del caso que se le abrió al exsenador Arturo Char por sus señalamientos.
EL TIEMPO estableció que parte de la información que Merlano entregó en la Fiscalía, le será trasladada también al alto tribunal para que se confronte y se establezca quién está diciendo la verdad.
