En contra de los principios de toda la filosofía socialista promovida por el chavismo, Nicolás Maduro anunció un ajuste de la remuneración mensual mínima sin modificar el salario de 130 bolívares vigente desde marzo de 2022, incrementando ligeramente el ingreso de los trabajadores de la administración pública a través de la bonificación, pero magullando sus derechos laborales como consecuencia.
El anuncio de Maduro, hecho ante una marcha de trabajadores militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante el Día Internacional del Trabajador, consistió en incrementar el bono de alimentación de Bs 45 —equivalente $1,81 según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV)— a un monto que represente $40 al momento de hacer el pago, que actualmente se traduciría en Bs 990.
Adicionalmente, el mandatario ordenó reducir el monto que se pagaba discrecionalmente a trabajadores de la administración pública registrados en el Sistema Patria por concepto de Bono de Guerra Económica, de un equivalente en bolívares a $45 a una suma de tan solo $30.
La suma de los bonos, ahora indexados al dólar, aunadas al salario de Bs 130 ($5,25) dan un total de $75. En términos de ingreso, sí se produjo un ligero incremento en torno al 44%, al pasar de $52 que cobraron los trabajadores de la administración pública en abril con el pago del Bono de Guerra Económica, el cestaticket y el salario mínimo, a los $75 que deberían pagarse para el cierre de mayo.
Sin embargo, este aumento en bonos —más no en salario— se traduce en la destrucción de los beneficios laborales conquistados por los trabajadores tras décadas de lucha obrera, contemplados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
El problema central de este ajuste y cambio en la estructura de la es la evasión de los pasivos laborales, pues toda prestación social establecida en una relación laboral entre trabajador y patrono se ve vulnerada al depender de un salario mínimo que quedó anclado en Bs 130, mientras que la mayor parte del ingreso se concentra en unos $70 otorgados mediante bonos sin carácter salarial.
Así lo subrayó Gricelda Sánchez, presidenta de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi), al denunciar que no existió incremento salarial alguno, aunque la administración de Maduro intentara inculcar esa idea.
Con esta práctica, el Ejecutivo emplea un mecanismo para evadir normas que el mismo Gobierno implementó en leyes decretadas bajo la administración chavista, como la LOTTT, cuyo artículo 104 define salario como «la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio».
El cestaticket se paga de forma regular y permanente por la prestación del servicio de los trabajadores, sin embargo, la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y las Trabajadoras aclara que este bono «no será considerado como salario». La LOTTT incluye el bono de alimentación dentro de la lista de beneficios sociales de carácter no remunerativo, pero las características de este pago han variado con el paso del tiempo.
Originalmente, el cestaticket se otorga como un bono de alimentación a los trabajadores para suplir la necesidad alimenticia, e incluso es posible cumplir con esta exigencia mediante comedores, cupones, tarjetas electrónicas de alimentación o dinero. Con este ajuste, no es una prima que se asigne para cubrir gastos alimenticios, sino la remuneración principal del trabajador.
Esta redistribución de salario frente a cestaticket incumpliría también con las leyes sancionadas durante el gobierno de Maduro, de no ser por decretos y modificaciones que han tenido que aplicarse en los últimos años, sobre la marcha, para adaptar las leyes a la nueva política salarial que implementan a conveniencia.
El director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, explicó que originalmente las leyes establecían un tope de proporcionalidad en materia de bonos, según el cual el cestaticket no podía exceder el 40% del ingreso total del trabajador; pero esta regla fue derogada con decretos aprobados cada vez que el chavismo decidía aplicar nuevas normas. En este sentido, el último decreto publicado por el chavismo establece un monto fijo de Bs 45 por concepto de cestaticket que ahora debe ser modificado.
«Creo que van a modificar eso. Tienen que publicar un decreto con el cestaticket para que no haya una inconsistencia. El monto que se otorgaba tenía un tope porcentual de la remuneración total del trabajador, precisamente para que no afecte otros beneficios», detalló en una conversación con TalCual.
El experto considera que es necesario esperar a que el decreto sea publicado en Gaceta Oficial para examinarlo con lupa y determinar qué implicaciones legales tendrá esta nueva estructura de ingresos.
León Arismendi recordó que el chavismo tendrá que actualizar sus decretos anteriores para que el anuncio sobre el reajuste de la remuneración mínima tenga coherencia con el marco legislativo
Pensionados sin derechos laborales
Aunque la decisión del Gobierno perjudicó a toda la masa laboral del país debido a la práctica desaparición de sus beneficios laborales, los más afectados fueron los pensionados y los jubilados de la administración pública.
Para las personas de la tercera edad que cotizaron toda su vida a la seguridad social con la finalidad de labrarse una vejez digna, no queda otra opción más que mantenerse en las calles y pelear por sus derechos, pues con este ajuste están condenados a recibir una remuneración de Bs 130 por concepto de pensión, sin cestaticket y recibiendo bonos discrecionales únicamente si están registrados en el Sistema Patria, en lugar de depender del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ante el cual cotizaron durante décadas.
El presidente del Frente Amplio Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados (Ufajup), Luis Cano, lamentó la decisión del Ejecutivo y asegura que el sector se mantendrá en las calles presionando por un ingreso digno ante un «exterminio» declarado por el chavismo a más de 5 millones de jubilados y pensionados en el país.
«Ante un Gobierno que le ha declarado la muerte de manera continua y sistemática a más de 5 millones de venezolanos, vamos a seguir en la calle. Vamos a ejercer el artículo 68 de la Constitución (sobre el derecho a protestar)», aseguró a TalCual.
Cano destacó que el ajuste deja al venezolano, pero especialmente a los pensionados, bajo el umbral de la pobreza extrema según la definición del Banco Mundial (BM), que aplica este concepto para todo aquel trabajador que genere ingresos inferiores a $1,90 diarios, cuando los $35 mensuales que percibirán los pensionados que reciban el Bono de Guerra Económica representan $1,1 diarios.
Por otra parte, denunció que el Gobierno sigue debiendo el cumplimiento de diversas promesas hechas en los últimos años y del marco legislativo en general, puesto que no cumple con el artículo 80 de la Constitución, relativo a una vejez digna y tampoco paga deudas como los Bs 10.000 que ofreció el año pasado a los trabajadores que se jubilaron entre 2018 y 2020.
«Hace un año, el presidente decretó un bono de Bs 10.000 para los jubilados de la administración pública desde 2018 hasta 2022. Ha pasado un año y ese bono no lo ha cobrado nadie y si lo pagara en estos momentos, estaría muy devaluado», denunció.
Para el momento en el que el chavismo anunció este bono de Bs 10.000, esta suma representaba $2.272 a un tipo de cambio oficial de Bs 4,4 por divisa. Ahora esa misma cantidad de bolívares equivale a $404. Esto quiere decir que perdió un 82% de su valor.
El dirigente sindical recordó que el sector al que representa no cuenta con demasiado tiempo, puesto que los activistas más jóvenes ya tienen 60 años y su salud se deteriora debido a la ineficiencia de un sistema sanitario destruido que no puede garantizar medicamentos y tratamientos para los ciudadanos de la tercera edad.
«Nosotros no tenemos tiempo para esperar. Aquí el más joven tiene 60 años. Es difícil porque uno, cuando visualizó su vejez, se imaginó sus últimos años compartiendo con la familia, viajando, y en estos momentos no es así. Es difícil envejecer en Venezuela y acostarte todas las noches sin saber cómo se hará el día siguiente para comprar medicinas o alimentos», insistió.
Ajuste autoritario
El problema de la decisión tomada por Maduro en torno al salario no solo radica en las violaciones laborales, sino en la falta de compromiso y coherencia con las conversaciones sostenidas en el último año con sindicatos y empleadores privados en el marco del Foro de Diálogo Social instalado en marzo de 2022.
Tras casi un año de reuniones esporádicas mediadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en febrero se acordó instalar mesas técnicas que agruparan a representantes de organizaciones sindicales, empresas privadas y Estado con la finalidad de definir un mecanismo para la fijación del salario mínimo que se recomendaría al Ejecutivo para tenerlo en consideración al momento de tomar la decisión.
Estas conversaciones, así como las propuestas surgidas de estas mesas técnicas fueron ignoradas por Maduro y, en lugar de solucionar los problemas en materia laboral ya denunciados por la Comisión de Encuesta de la OIT, crea más violaciones.
La Comisión de Encuesta de la OIT publicó un informe en 2019 tras una visita a Venezuela, en la que destacaba el incumplimiento de tres convenios ratificados por el país: el 26, el 87 y el 144, relativos a salarios, libertad sindical y diálogo tripartito, respectivamente.
Según razonó la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis), Jacqueline Richter, este reajuste acerca a Venezuela al incumplimiento de otro convenio ratificado por el país, el 95 relativo a la protección del salario.
«Esta decisión es una violación flagrante de la Constitución, de la LOTTT y de la Ley de Cestaticket, pero también del convenio 95 de la OIT sobre la protección del salario, que señala que no debe pagarse el salario con bonos. Deben reconocerse todos los efectos que tiene el trabajador en la relación laboral», explayó en una entrevista con TalCual.
A pesar del incumplimiento, la OIT se ve atada de manos y no tiene mecanismos para obligar al Gobierno a rectificar, más allá de los mecanismos ya implementados para orientar el Foro de Diálogo Social.
«La OIT no puede hacer nada para presionar al Gobierno, porque no es su función. La comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones ya había señalado que el Gobierno incumple el convenio 95. Venezuela avanza en estar entre los 20 países con mayor incumplimiento, porque esta decisión es contraria a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta», sostuvo.
Jacqueline Richter resaltó el papel que puede jugar la OIT en el contexto de las violaciones laborales venezolanas, sin mecanismos viables para obligar al Gobierno a cumplir, pero insistiendo cada vez más en sus infracciones
Para Richter, la decisión fue inesperada, precisamente por las conversaciones de los últimos meses, pues se hicieron distintas propuestas para pactar un salario tomando en cuenta indicadores económicos y las necesidades de la población, pero todos los sectores fueron ignorados.
«Las organizaciones sindicales hicieron propuestas de metodología para discutir aumentos salariales. Tomaban en cuenta las necesidades del trabajador y su grupo familiar, junto con indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación o la ley de presupuesto. Se pedía que se diera información sobre esos indicadores, pero nada de eso lo ha hecho el Gobierno», acotó.
