Los alcaldes y concejales de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Salias, rechazaron este lunes la consulta pública que desde la Gobernación de Miranda amenazan realizar este domingo 1 de diciembre con la que pretende destinar a las llamadas Comunas los recursos que hoy cobra la Policía de Miranda por las multas establecidas en la Ley de Convivencia Ciudadana del Estado.
“Hay que aclarar que estos recursos son de la gobernación, no de las alcaldías. Por tanto esta consulta nada tiene que ver con quitarle recursos o competencias a las alcaldías”, reseñó el alcalde de Los Salias Josy Fernández en rueda de prensa.
Durante el encuentro con la prensa, aseguraron que han esta en consulta con distintos movimientos vecinales, partidos políticos, que hacen vida en los cuatro municipios mirandinos “por lo que hay que decir que esta consulta no se ha hecho de forma legal. Los lapsos de convocatoria no han sido reflejados en ninguna convocatoria formal. No ha habido cronograma electoral. Estaba tapada la consulta hasta hace 3 semanas en donde por vez primera se refirieron a ella de forma inexacta”.
Advierten que los centros electorales han sido seleccionados y nucleados de forma arbitraria para privilegiar al PSUV. “Los miembros de mesa pertenecen al PSUV y la consulta ha sido montada completamente con la estructura de ese partido. No se sabe ni cuál es el registro electoral”.
-Por un lado dicen que pueden votar todos los mayores a 15 años y por otro dicen que son los inscritos el Registro electoral. Por otro dicen que el Registro es en base a unos censos que hicieron las llamadas comunas. Nadie sabe quién puede votar y no ha habido auditoría alguna del Registro.
Indican que básicamente se trata de una consulta interna del PSUV. “Armada por ellos, para ellos. No se puede decir que es una elección legal, plural y abierta donde se garantiza transparencia y equidad a todas las opciones”, indicaron.
Recordaron que las Comunas fueron rechazadas por el país en el Referendo donde se pretendió aprobar la Reforma Constitucional del 2007. “Mal puede una Ley aprobar algo que el país negó para su Constitución. Y mal puede una consulta preguntar si dar dinero a una institución rechazada”.
Aclaran que el espíritu, propósito y razón de la Ley de Convivencia Ciudadana del Estado Miranda no es financiar a las llamadas Comunas. “Esta asignación, si logra aprobarse, no va a tener mayor incidencia que la de contentar a los consejos comunales y comunas”, indicó el también presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela. Además, señaló que puede generar mayor corrupción.
