A lo largo de 2023, América Latina ha padecido olas de calor, sequías largas e intensas, inundaciones destructoras y huracanes devastadores, fenómenos relacionados con los efectos de una crisis climática derivada mayormente de la quema de combustibles fósiles.
Con ese escenario, la región acude a la 28 Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a escenificarse en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre, con planes climáticos inadecuados para enfrentar estos fenómenos y, en paralelo, con demandas a la comunidad internacional para su presunto combate.
Miriam García, directora asociada de Involucramiento Político de la no gubernamental CDP América Latina, evaluó que los planes de mitigación no son adecuados.
La COP28 “deberá definir una meta colectiva y cuantificable de financiamiento. Para cumplir las metas de las NDC, se necesitan seis millones de millones de dólares”, dijo a IPS desde São Paulo.
Como en la mayor parte del mundo, las acciones climáticas voluntarias asumidas por América Latina son inadecuadas o insuficientes, o ambas.
Si bien la mayoría de las naciones de la región tienen planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de adaptación a las secuelas de la emergencia climática y de fomento a energía renovable, siguen pegados a la explotación de petróleo y gas, por lo que no bastan para enfrentar el desafío.
“Hay una agenda muy potente. Se trata de buscar posturas uniformes del Sur global, es clave el nexo mitigación-adaptación-pérdidas y daños”: Pilar Bueno.
En el caso de México y Argentina, la plataforma internacional Monitor de la Acción Climática califica las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, en inglés), el conjunto de medidas de mitigación y adaptación de cada país, de “críticamente insuficientes”.
Mientras, considera “insuficientes” los planes de Brasil, Chile y Colombia.
Las NDC son una parte medular del Acuerdo de París sobre cambio climático, adoptado en 2015 y vigente desde 2021, en las que pivota la meta de limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, considerado el objetivo mínimo e indispensable contención para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.
En ellas, las naciones deben establecer sus metas para 2030 y 2050 de reducción de las emisiones de GEI, tomando como línea base un año especifico, la forma de conseguir esas metas, el año pico de sus emanaciones y cuándo lograrían las cero emisiones netas, absorber tantos gases como los que lancen a la atmósfera.
Ruta al desastre
En conjunto, las NDC latinoamericanas, que contienen metas de emisiones netas cero (a excepción de México), llevarían a un recalentamiento global entre 2º y 4º centígrados, al resultar en mayores emanaciones.
De esa cuenta, los GEI de México, el segundo mayor contaminador de la región después de Brasil, ascenderían entre 807 millones y 831 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el gas generado por la quema de combustibles fósiles y principal causante del aumento del termómetro planetario, en 2030, sin incluir las emisiones provenientes del uso de suelo, cambio de su utilización (deforestación) y silvicultura (Uscus).
“Deberá definir una meta colectiva y cuantificable de financiamiento. Para cumplir las metas de las NDC, se necesitan seis millones de millones de dólares”: Miriam García.
En el caso de Argentina, sus emanaciones, sin Uscus, crecerían a 398 millones de toneladas de CO2 en 2030, aproximadamente 25% más que los niveles de 2010.
Mientras, la emisión contaminante de Brasil llegaría a 1145-1171 millones de toneladas en 2030, entre 25 % y 28 % por encima de los niveles de 2005.
Chile sería el único caso en que sus gases bajarían entre 3 % y 18 % en comparación con 2021, para situarse entre 87 millones y 104 millones de toneladas en 2030. Finalmente, Colombia lanzaría a la atmósfera 199-203 millones de toneladas, entre 41 %-44 % más que en 2010.
Desde 2022, 38 países, entre ellos Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, entregaron una actualización de sus NDC a la Secretaría de la CMNUCC, mientras que 157 naciones no han revisado sus metas. Ocho países, entre ellos México, no mejoraron su ambición climática.
El reporte Estado de la acción climática 2023, elaborado por varias organizaciones internacionales monitoras sobre el clima, halló que solo el despliegue de automóviles eléctricos, uno de 42 indicadores, ha avanzado, por lo que el planeta está lejos de la meta de contención del aumento de la temperatura de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París.
El arcón de los deseos
En ese panorama contradictorio entre políticas inadecuadas, metas incumplidas y necesidades financieras y tecnológicas, América Latina acude a la COP28 con varias posturas.
En el 23 Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, efectuado en Panamá del 24 al 26 de octubre, las delegaciones acordaron el apoyo a la transformación del sistema financiero internacional, el alimento al Fondo de Pérdidas y Daños, la disminución progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles, el enfoque de género y el fomento a la energía renovable.
Algunas de estas propuestas recogidas en la Declaración final engarzan con las prioridades que eligió la presidencia emiratí de la COP28, como la aceleración de la transición energética, para triplicar la capacidad instalada de energía renovable a 11 teravatios (un billón o millón de millones de vatios).
También acordaron duplicar el promedio anual global de eficiencia energética en 2030 y el acotamiento a las emisiones de metano, que han aumentado en el último quinquenio y que posee mayor capacidad de atrapar calor que el CO2.
Además, la COP28 debatirá compromisos voluntarios sobre adopción de hidrógeno, compras públicas verdes de los sectores que más contaminación emiten, como el acero; las declaraciones de Emiratos sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes y acción climática y sobre clima y salud.
Para Pilar Bueno, académica de la argentina Universidad Nacional de Rosario, América Latina tiene un rol sustantivo en las negociaciones climáticas.
“Hay una agenda muy potente. Se trata de buscar posturas uniformes del Sur global, es clave el nexo mitigación-adaptación-pérdidas y daños”, resaltó a IPS desde Buenos Aires la también investigadora del gubernamental Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Las acciones de adaptación y el esquema para abordar pérdidas y daños por los efectos de la crisis climática concitan
Los países del Norte industrial parecen haber cumplido tres años tarde la meta de aportar 100 000 millones de dólares anuales a la lucha climática, lo que suscita resquemores frente a nuevos compromisos.
En otros asuntos hay posturas discordantes que se escenifican dentro de los grupos que operan en las negociaciones de las delegaciones gubernamentales en las COP, de acuerdo a sus intereses específicos.
Por ejemplo, el Grupo de Integridad Ambiental, en el que está México, no apoya el abandono de los fósiles ni el carbón, uno de los temas candentes en Dubái.
Por otra parte, el Grupo de Ambición Alta, al que pertenecen 12 países latinoamericanos, considera “alta prioridad” la eliminación de subsidios ineficientes a combustibles fósiles, duplicar financiamiento para adaptación, alinear las NDC para cumplir la meta de 1,5 grados en 2035, que el pico de emisiones sea en 2025 y que a los flujos financieros siga las pautas del Acuerdo de París.
Además, sostiene el grupo, es prioritario el abandono de fósiles y del carbón, la triplicación de la capacidad renovable y la mejora en eficiencia energética.
Mientras, la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, compuesta por ocho naciones, prioriza los lineamientos para salida de los fósiles y la evaluación de pérdidas y daños, así como un mecanismo de seguimiento de la rendición de cuentas de los compromisos.
Finalmente, para el Grupo de Países Afines, al que pertenecen seis latinoamericanos, es de alta prioridad que los países industriales alcancen el objetivo de carbono cero y atención creciente en medidas de adaptación.
Para María Paz, presidenta ejecutiva de la no gubernamental Libélula de Perú, lo perentorio es que la región acelere la aplicación de las medidas.
“Debemos centrarnos en una hoja de ruta, para saber a dónde ir, las paradas y el camino hacia esas metas. Falta ambición, aplicación. Estamos muy atrasados”, dijo a IPS desde Lima.
ED: EG
