La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este 29 de agosto que las detenciones arbitrarias continúan siendo una herramienta de control y represión en Venezuela y exigió al gobierno de Nicolás Maduro la liberación inmediata de nueve presos políticos.
Se trata de Emirlendris Benítez, madre y comerciante, detenida en agosto de 2018; María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, matrimonio y profesionales, detenidos en marzo de 2019; Roland Carreño, periodista y activista político, detenido en octubre de 2020; Guillermo Zárraga, exsindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020.
También de Darío Estrada, ingeniero y persona neurodiversa, detenido en diciembre de 2020; Robert Franco, profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020; Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y preso de conciencia, detenido en julio de 2021 y Gabriel Blanco, activista y trabajador humanitario, detenido en julio de 2022.
En la presentación del nuevo informe Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, AI documentó los nueve casos y recordó que el régimen busca neutralizar a cualquiera que califique como amenaza, a través de medidas que violan de forma generalizada los derechos humanos y criminalizan a las voces disidentes.
En una década se han registrado detenciones sin orden judicial, desaparición forzada, imputación de delitos con alto margen de discrecionalidad, limitaciones al acceso al derecho a la defensa, torturas y otros tratos crueles y degradantes.
“El patrón de uso de las detenciones para silenciar cualquier forma de disidencia, y también por otros fines políticos, se mantiene y está igual de vigente que en años anteriores”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, este martes.
Persiguen a los defensores de DDHH
Durante la presentación de AI, Diannet Blanco, activista de derechos humanos y esposa de Gabriel Blanco, señaló que se ha visto en riesgo cuando va a exigir la liberación de su compañero. Cuerpos de seguridad y colectivos intentan amedrentarla, afirmó la venezolana, pero añadió que no dejará de solicitar que excarcelen a Gabriel.
“Espero que a Gabriel Blanco se le respete el debido proceso, que pronto salga en libertad y pueda recuperar su vida”, puntualizó.
Martha Tineo, abogada y cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, denunció que los presos en Venezuela se encuentran sometidos a las “más dantescas formas de reclusión” y que son condenados a morir por malnutrición y falta de atención médica. Agregó que, además, los familiares suelen ser perseguidos, humillados o amenazados.
“Quiero referirme a las consecuencias de la prisión política, al dolor emocional, al quiebre de la fuerza social y a las secuelas psicosociales incalificables que padecen las familias como producto de todos los maltratos que son ejercidos por un aparato represor”, expresó Tineo.
Recordó a Yosida Vanegas, madre del militar Juan Carlos Monasterio, que este 29 de agosto cumple 14 días detenida sin que se sepa de su paradero. Apuntó que se trata del famoso método Sippenhaft, copiado de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, a través del cual el gobierno arremete contra familiares de los presos o acusados políticos.
Más de 200 presos políticos
Foro Penal asegura que desde 2014 al menos 15.803 personas en Venezuela han sido detenidas en una clara violación a sus derechos fundamentales. Guevara Rosas indicó este martes que entre 240 y 310 personas se encuentran arrestadas por motivos políticos actualmente.
“En la gran mayoría de los casos, lo que da lugar al inicio de la investigación e, incluso, que las personas pasen años en detención preventiva sin ser cabalmente juzgadas, es única y exclusivamente un acta policial o levantada por el cuerpo de seguridad que realiza el arresto y hasta allí llega, no existe mayor evidencia”, dijo Gonzalo Himiob, director y vicepresidente de Foro Penal.
Añadió que normalmente en las detenciones hay un uso desmedido o excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad estatales. Denunció que a los detenidos se les somete, a veces por meses, a una incomunicación absoluta.
“Las autoridades se niegan a reconocer en qué lugar está detenida la personas y en qué condiciones”, indicó Himiob. Reportó también que a los presos políticos se les aplican torturas y diversos tratos crueles: “Esto es casi en la generalidad de los casos. Particularmente se ve de manera muy grave cuando la persona detenida es un efectivo militar”.
Para Himiob es preocupante la alta impunidad en Venezuela, que no permite enjuiciar a los responsables de las medidas de persecución, hostigamiento y tortura.
Habla la Misión de la ONU
Finalmente, Francisco Cox, integrante de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, expresó que en el primer informe publicado se concluyó que de 2014 a 2020 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el país.
“Determinamos que existía una política del gobierno de Venezuela de silenciar o aplastar a opositores o personas percibidas como tales”, dijo Cox.
Apuntó que dos de los organismos investigados son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes operan al margen de la ley y por orden del gobierno de Maduro.
“Lo que pudimos detectar fue que, en el Sebin, hay dos personas que dan instrucciones directas: por una parte, el señor Diosdado Cabello y, por la otra, el presidente Nicolás Maduro para la detención y el seguimiento”, explicó.
Reiteró que muchas de las detenciones se llevan a cabo sin una orden judicial que las justifique. Además, ex funcionarios admitieron haber plantado evidencia falsa como práctica habitual, expresó.
“Las condiciones de detención son claramente violatorias de cualquier estándar internacional, pero no solo se limitan a tortura, falta de alimentos y atención médica, sino en el trato que reciben los familiares y abogados”, puntualizó Cox.
