Un día después de que Amnistía Internacional (AI) presentó su informe Vidas Detenidas, que documenta la política sistemática de detenciones arbitrarias en Venezuela, el estudiante John Álvarez fue desaparecido por organismos policiales.
El joven apareció el viernes 1 de septiembre, en el Palacio de Justicia, donde aplazaron su audiencia. Pero la imputación finalmente llegó este lunes 4 de septiembre cuando fue acusado de “conspiración y asociación” y ordenaron su reclusión en una celda.
La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, declara a Efecto Cocuyo que el caso de Álvarez “confirma el patrón que denunciamos en nuestro informe“.
Agregó sobre el documento la práctica de los organismos policiales, de inteligencia y contrainteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.
“Primero se detiene arbitrariamente sin orden judicial ni situación de flagrancia; luego la persona entra en una situación de desaparición forzada y después es presentada ante un tribunal con competencia especial en terrorismo e imputada por delitos establecidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo”, dice Ballesta.
Se consolida la criminalización
“En los nueve casos que documentamos, todas las personas fueron presentadas ante los tribunales con competencia en terrorismo que es el componente del Poder Judicial que está siendo utilizado en mayor medida para implementar la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro”, afirma.
Por esta razón, AI concluye en su informe que “es de suma preocupación cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia para agravar las consecuencias del procesamiento penal y de las posibles penas”.
Ballesta explica que la organización hizo un análisis en 2017 que daba cuenta del uso sistemático de la jurisdicción militar; sin embargo, esta práctica se sustituyó paulatinamente por los tribunales especiales con competencia en terrorismo.
Incluso se modificó el Código de Justicia Militar “por la presión internacional en torno a cómo eso violenta las garantías judiciales de las personas civiles”, argumenta.
La abogada señala que actualmente se imputan delitos ambiguos con amplio margen de discrecionalidad como el de asociación.
“Vimos en varios de los casos de Vidas Detenidas que el solo hecho de ser parte de un grupo WhatsApp fue motivo suficiente para que el fiscal y luego el juez determinaran que la persona estaba incurriendo en delito de asociación”, expone.
Adicionalmente, refiere a eventos que ponen bajo cuestionamiento el accionar de los jueces con competencia en terrorismo.
“Uno de estos jueces con competencia especial (José Mascimino Márquez) fue privado de libertad en la trama de corrupción de Pdvsa. Esto nos hace entender que hay corrupción detrás de la asignación de estos jueces y, por lo tanto, no son independientes”.
“La asignación de la competencia en terrorismo no se ha dado a través de mecanismos legales, se toman decisiones arbitrarias de cuándo un juez es competente en terrorismo y cuándo no. Un ejemplo de esto es que hace un mes se le removió la competencia de terrorismo a uno de los jueces que estaba a cargo del caso de Javier Tarazona y esto se hace sin ningún tipo de seguridad jurídica respecto de qué pasa con esas personas”, agrega.
Investigación en la CPI
El informe de Amnistía se consignará ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para nutrir el expediente que hay de Venezuela, adelanta Ballesta.
“La fiscalía de la CPI abrió una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad, en particular, el crimen de la privación arbitraria de la libertad. Los nueve casos documentados dan cuenta de cuáles son los elementos contextuales, como son sistemáticos y generalizados”, detalla.
Agrega que “estamos hablando, también, de poder reportar los datos del Foro Penal de más de 15.700 detenciones arbitrarias en Venezuela desde 2014, todos estos insumos que se harán llegar al fiscal nutrirán el expediente que hay de Venezuela en esta corte”.
