Amnistía Internacional exigió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional actuar contra las detenciones y torturas sufridas por adolescentes venezolanos tras las protestas poselectorales.
Este jueves, la organización publicó un informe sobre los hechos ocurridos luego del 28 de julio en el que documenta las acciones arbitrarias, malos tratos y otras violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios del Estado y grupos civiles armados.
De acuerdo con AI 198 menores de edad fueron detenidos o acusados penalmente desde esa fecha, generando secuelas psicológicas y físicas.
«Estos hechos deben sumarse a la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con especial énfasis en los operadores de justicia y la cadena de mando que ordena y permite este ataque contra la infancia en Venezuela«, reclamó la organización.
La organización exige la liberación inmediata «de los al menos 69 adolescentes que permanecen privados de la libertad».
«Detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás», declara la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard en el documento hecho público por AI.
Así, la organización «exige la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de las autoridades venezolanas».
«Mientras decenas de niñas y niños siguen detenidos injustamente en condiciones inhumanas, otros han sido excarcelados pero siguen sometidos a procesos penales sin fundamento», incide la máxima responsable de AI.
Las historias de estos niños son «simplemente desgarradoras» y todos tendrán sufrirán durante años «las inimaginables cicatrices de su terrible experiencia».
«Violaciones sistemáticas de los derechos humanos»
La situación de estos menores forma parte de un contexto más amplio de «violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno de Maduro», subraya AI.
Por ello, «los Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir que se respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los derechos de los niños y niñas», señala la ONG.
«También deben apoyar -pública, privada y financieramente- la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) -incide-, todas las investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal, y el riguroso escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.»
Según AI, Venezuela sufre una «crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años».
Lo ha denunciado frecuentemente, «así como crímenes de Derecho internacional, incluidos de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso, que han obligado a más del 25 % de la población del país a huir al extranjero».
Su última investigación constata como algo «especialmente alarmante» el «creciente aumento de la represión» contra la disendencia tras los comicios de julio.
El 8 de septiembre pasado, en principal candidato opositor electoral, Edmundo González Urrutia, se exilio en España para evitar ser detenido, después de que el bloque antichavista denunciara una «fraude masivo».
«En el primer mes tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000 detenciones, según cifras oficiales», señala AI; y «la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo».
