La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional apoya la aprobación en segunda discusión de la Ley Aprobatoria para la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradante, que se trata de una iniciativa política por parte de la Asamblea Nacional que responde a las recomendaciones por parte de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de que el Estado ratifique este protocolo en Venezuela.
El debate para la aprobación de la ley aprobatoria fue presentado por el diputado Williams Dávila, miembro de la comisión de Política Exterior, quien señaló que “este protocolo tiene la finalidad de establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos nacionales e internacionales a los lugares en los que se encuentren personas privadas de libertad».
De igual manera, el diputado Dávila manifestó que esta ley es aprobada en honor a los venezolanos caídos y torturados en las cárceles de la policía política del régimen. “Esta es una ley esencial que corrobora el carácter civilista, democrático y humano del gobierno de transición que preside Juan Guaidó y el carácter democrático y progresista de esta Asamblea Nacional”, agregó Williams Dávila.
Por su parte, el diputado Armando Armas, presidente de la comisión de Política Exterior de la AN, explicó que “en los últimos meses Alta Comisionada, Michelle Bachelet ha emitido diferentes informes en donde se denuncia un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte de los esbirros de la dictadura, que evidencia torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es por ello que la aprobación de este instrumento legal resulta pertinente».
El parlamentario recordó que la mayoría de las personas torturadas en Venezuela han sido hombres, jóvenes, en situación vulnerable, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito y aseguró que del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre de 2019, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.
En este sentido, resaltó que durante enero y diciembre de 2019, 23 personas murieron a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de cuerpos de seguridad del régimen. Esta cifra comparada con el 2018, significa un aumento de 176,92%. Cabe destacar que en junio de 2019 el capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, fue torturado y murió estando bajo custodia de los organismos de represión.
“Esta ley es importante ya que evidencia el esfuerzo progresivo de la Asamblea Nacional y del Gobierno Encargado para abolir el sistema de violación a derechos fundamentales, implementado por la dictadura el cual ha sido documentado en diversos informes de DDHH y elevado a los organismos internacionales, como es el caso del diputado Juan Requesens quien fue sometido a tratos crueles e inhumanos, fue grabado y expuesto por la dictadura. A esto someten a miles de venezolanos y es por ello, que con esta ley estamos realizando grandes avances para que en nuestro país no se siga evidenciando el horror”, concluyó Armando Armas.
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