La mayoría parlamentaria, en sesión ordinaria, condenó por unanimidad la inconstitucional sentencia N°65 dictada por el ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia en contra de la legitimidad de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, quien también es el presidente interino de la República.
La AN asimismo ordenó remitir el acuerdo reglamentario aprobado ante la Fiscal General de la República, a los fines de presentar las querellas o enjuiciamientos que corresponda de conformidad con las disposiciones legales, en contra de las actuaciones de los diputados Luis Parra, Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega y demás parlamentarios de la bancada oficialista, junto a los supuestos magistrados suscritores del referido dictamen, “los cuales pudieron constituir delitos”.
De igual forma, el Parlamento rechazó la designación de la junta directiva de la AN para el periodo 2020-2021 conformada por los diputados antes mencionados y declaró dicha decisión nula, ineficiente e inexistente que viola los artículos 194 de la Constitución y el Reglamento Interno de debates de la Asamblea Nacional.
A su vez, el texto expresa el rechazo categórico a la amenaza de enjuiciar a cualquier persona pública o privada por cometer supuesto desacato por la instalación del legítimo Parlamento de forma virtual.
Acordó además alertar sobre las amenazas de privación de libertad y persecución política por parte del TSJ ilegítimo contra el Parlamento y los diputados, trabajadores y personas que facilitan la materialización de las sesiones parlamentarias, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Oficina del Alto Comisionado de DD-HH de la ONU; Unión Interparlamentaria Mundial; Parlatino; Parlasur y Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU.
No acatarán ninguna medida inconstitucional
En el debate, el diputado William Dávila subrayó que esta acción constituye un crimen contra la soberanía nacional originado por un TSJ presidido por unos “prófugos” de la justicia internacional, y que dictaron una sentencia que busca desvirtuar la dirección de la función juridicional para otorgar a Nicolás Maduro una Asamblea Nacional que «avale todos sus improperios y abusos de poder”.
Dijo que los diputados que se prestaron para conformar un Parlamento ilegítimo siempre serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia de Venezuela, pues en contubernio “quieren nombrar el nuevo CNE, a espaldas de los intereses de la soberanía popular”.
Por otra parte, añadió que utilizan un acta que supuestamente había sido sustraída para justificar un quórum que nunca existió.
Dávila aseguró que no acatarán ninguna medida del TSJ y que continuarán realizando las sesiones virtuales mientras esté en vigencia el aislamiento social producto del covid-19.
131 sentencias en contra de la AN
Entre tanto, la diputada por el estado Miranda Delsa Solórzano, denunció que el régimen ha ordenado a través del TSJ oficialista, emitir 131 sentencias en contra de la legítima Asamblea Nacional, con el propósito de pretender acabar con el único poder independiente y democrático que existe en Venezuela.
“El régimen ordenó al escritorio jurídico que usurpan el edificio donde funciona TSJ, emitir una decisión más, disfrazada de sentencia, un papelito mal hecho por malos abogados, que pretende cerrar la Asamblea para decirle al pueblo, que no tienen quien luche, por ustedes”, añadió.
Por su parte, el diputado Rafael Veloz solicitó denunciar las acciones arbitrarias del bufete judicial del régimen ante la Relatoría Especial para la Independencia del Poder Judicial de Naciones Unidas; Federación Latinoamericana de Magistrados; Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana; Parlasur y Parlatino.
Veloz recordó que el pasado 5 de enero por orden del régimen fueron militarizados los accesos del Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, esto no impidió que más de 100 diputados, cumpliendo el Reglamento de Interior y Debates de la AN, y con el quórum válido reglamentario, realizaran la votación nominal eligiendo y aprobando unánimemente la designación de la junta directiva de la Asamblea Nacional conformada por los diputados Juan Guaidó, como presidente; Juan Pablo Guanipa, como primer vicepresidente; y Carlos Berrizbeitia, como segundo vicepresidente, respectivamente.
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