Ancianos, mujeres y niños están entre los más de 15.000 mineros ilegales que buscaban oro en la reserva de los indígenas yanomami en Brasil y que ahora huyen de los campamentos montados en medio de la selva para evitar caer en manos de las autoridades brasileñas.
La semana pasada el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó la retirada de los mineros ilegales del mayor territorio indígena del país, donde el Gobierno encontró graves cuadros de desnutrición, malaria y otras enfermedades causadas por los tóxicos materiales utilizados para la extracción de oro.
Desde entonces, miles de personas que se dedicaban a la extracción de ilícita oro en la reserva indígena han emprendido la huida en precarias condiciones y por caminos que exigen de muchas horas y a veces hasta días para llegar a alguna zona urbana.
Un equipo de EFE fue testigo de un grupo de unas treinta personas que salió de una de las improvisadas minas levantadas en medio de la selva.
En el grupo, conformado en su mayoría por adultos mayores y ancianos, había varias mujeres y algunos menores de edad, varios de ellos con malaria.
“Allá (en la mina) quedaron otras 12 personas”, dijo Joao Batista Rodrigues, un minero ilegal de 61 años.
El minero, que estuvo buscando oro por siete meses en la zona, dijo que los yanomami “están muriendo de hambre” y señaló que la comida que les ha enviado el Gobierno “se acabó el mismo día en el que fue distribuida”.
El tema ya ha sido alertado por organizaciones no gubernamentales que señalan que las ayudas alimentarias están siendo apropiadas por los mineros para usarlos mientras huyen de la reserva.
Por las difíciles condiciones de acceso, la Fuerza Aérea Brasileña distribuye los paquetes de alimentos básicos desde el aire, por lo que no es difícil que terminen en manos de los mineros.
EN BUSCA DEL PUERTO
Rodrigues duró 20 días caminando en medio de la selva para llegar hasta el puerto de Arame, construido a orillas del Uraricoera, el principal río de acceso para otras comunidades dentro de la Tierra Indígena Yanomami.
El embarcadero está ubicado en el municipio de Alto Alegre, a unos 80 kilómetros de Boa Vista, la capital de Roraima, estado brasileño en la frontera con Venezuela, y por eso es uno de los principales destinos de los mineros.
Sin embargo, ellos no intentan salir en barcas, pues el Gobierno prohibió el transporte fluvial y aéreo en la zona para poder monitorear la salida de los ‘garimpeiros‘, como son conocidos los mineros informarles en Brasil.
La idea es conseguir un cupo en las escasas camionetas todo terreno, que son las únicas que pueden movilizarse en medio de las pocas vías adaptadas para transitar en el lugar y casi que a escondidas para no ser incautadas por las autoridades.
Sin pavimento y completamente destapadas, dichas carreteras obligan a los conductores a hacer maniobras para que los vehículos puedan pasar entre riachuelos, profundos huecos y sobre algunos puentes improvisados por el camino.
Las condiciones son peores para quienes tienen que recorrerlas a pie, que son la mayoría, en medio del insoportable calor húmedo característico de la Amazonía, donde, por esta época, predominan las lluvias.
Hace dos semanas, luego que un equipo del Ministerio de Salud detectara a miles de indígenas yanomami con cuadros graves de desnutrición, malaria y otras enfermedades, Lula decretó la emergencia sanitaria en la reserva.
Desde entonces se han distribuido más de 75 toneladas de alimentos y medicamentos, mediante una operación que cuenta con apoyo de las Fuerzas Armadas y los propios indígenas.
También han sido trasladados a la región unos 300 médicos y se ha instalado un hospital de campaña, al que se sumará otro en los próximos días.
Las fuerzas de seguridad asimismo han sido reforzadas en la zona y está previsto que esta semana lleguen 500 uniformados más para apoyar a los que se encuentran en el lugar.
