La ola de protestas diarias de los maestros y otros trabajadores del sector público, desde que comenzó el año, a causa de los salarios de hambre de 6 dólares mensuales y el mensaje transmitido no solo a estos manifestantes, sino también a los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas, de que no hay dinero para aumentar los sueldos, han llevado a Nicolás Maduro a una nueva cruzada contra la corrupción con fines políticos.
La última vez fue contra Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo de Hugo Chávez, en 2017. El Ministerio Público le abrió una “investigación penal” por unos documentos que lo incriminaban “como socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo”. En esa ocasión fueron desplazados 65 funcionarios de la petrolera estatal. Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos exministros de Petróleo y presidentes de Pdvsa, fueron detenidos.
La estrategia de Maduro fue responsabilizar a la corrupción de Ramírez en la industria petrolera de la inflación acumulada de 852,60% en 2017 y la caída del producto interno bruto de 56%, con respecto 2013.
El escenario económico le era adverso para enfrentar la elección presidencial de 2018. Por lo que debía responsabilizar a otro del desastre económico que atravesaba el país bolivariano. Era tal la situación que adelantó los comicios que usualmente se celebran en diciembre para el mes de mayo.
Hace un año la vendetta contra Ramírez resurgió porque el exministro de Petróleo de Chávez decidió enfrentar la reelección de Maduro en 2024, estableciendo diferencias claras entre el chavismo y madurismo.
En ese momento, Tareck el Aissami, ministro de Petróleo de Maduro, fue el instrumento que acusó a Ramírez de “vinculación con las irregularidades y las tramas de corrupción más graves ocurridas en el año 2012 que compromete el patrimonio de Pdvsa”. El “megarrobo” sería de 4.850 millones de dólares, según el también vicepresidente del área de Economía del régimen. Asimismo, El Aissami pidió al fiscal general –el poeta de la revolución–, nombrado por la asamblea constituyente madurista, una investigación exhaustiva y el trámite de la orden de captura internacional contra Ramírez.
Maduro usó el mismo modus operandi en las elecciones regionales de 2013.
Supuestamente, acababa de ganar la elección presidencial contra Henrique Capriles en abril, por lo que los comicios de diciembre eran la prueba de fuego para demostrar que había ganado en buena lid.
Ese año, el recién proclamado Maduro enfrentaba múltiples dificultades económicas, como la escasez, la elevada inflación y la depreciación del bolívar. Los controles de divisas aplicados por su régimen dificultaban las importaciones. Obligó a los importadores a fijar el precio de sus mercancías de acuerdo con el tipo de cambio en el mercado negro, lo que generó altos precios y corrupción.
Para revertir la posible derrota, Maduro ordenó en cadena nacional de radio y televisión la ocupación de la red de tiendas Daka por parte del régimen y que todos los productos se pusieran a la venta de inmediato a precios justos: “que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes”.
El Dakazo se enmarcó en la narrativa de la “guerra económica”. Un relato que empezó a usarse con fuerza por voceros del oficialismo a partir de agosto de 2013, responsabilizando al sector privado y a Estados Unidos de la escasez y la inflación.
Aquella fue, entonces, la respuesta de Maduro a “los culpables” de los males del país: los usureros y especuladores, los enemigos que desataron la “guerra económica contra el pueblo de Venezuela”.
Diez años después, con una elección presidencial en puertas, la narrativa se mantiene.
La corrupción es la razón por la cual no hay dinero para aumentar los salarios. La única responsable de la desaparición de 3.600 millones de dólares correspondientes a una serie de cargamentos de petróleo que salían del país sin el debido pago a la estatal petrolera, según Reuters.
Los resultados de la auditoría ordenada por el nuevo presidente de Pdvsa, coronel Pedro Tellechea, son utilizados para develar la compleja trama y establecer los culpables del robo millonario a la estatal petrolera. El Aissami se ve obligado a renunciar, mientras son detenidos por la Policía Anticorrupción Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos; el diputado Hugbel Roa; el coronel Antonio Pérez Suárez y 20 ejecutivos de la gerencia de Comercio y Suministros, además del teniente coronel José Agustín Ramos, director de Seguridad de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Es vox populi en el país que en el saqueo a Pdvsa participaban en diferente grado lo que se conoce como las mafias del madurismo: Rodríguez, Flores, Maduro Guerra, Camimpet y El Aissami.
Entonces, ¿qué pasó? Que ahora no hay divisas para incrementar los salarios y alguien tiene que asumir la culpa. Y no va a ser Nicolás Maduro como “cabeza de la línea de mando”. Son las “mafias que se incrustaron en Pdvsa y en la Sunacrip”, entre otras.
El lunes en la noche afirmó que la dirección nacional del PSUV ha asumido una “posición vertical, frontal, absoluta contra la corrupción”.
Por supuesto, vuelve con que el enemigo externo es el imperialismo y el interno la cuarta república. “Este es un frente que lo indigna a uno, no solo soportar la persecución del imperialismo, sino tener que enfrentar la corrupción de quienes quieren darse grandes lujos, ¡desvergonzados! Es un frente indignante, donde tenemos que unir fuerzas y esfuerzos. Tengan la fe y la confianza absoluta de que aquí tienen guerreros contra las corruptelas y las mafias. Tenemos que estar aplomados, de pie, que nadie baje la guardia en esta batalla, caiga quien caiga”.
Maduro necesita rescatar la conexión con las bases del PSUV para enfrentar la elección presidencial. Le tocó en esta ocasión dar la cabeza de uno de su círculo íntimo, porque El Aissami es para Maduro lo que fue Ramírez para Chávez. Son cómplices de las fechorías que han hecho juntos.
Maduro usa de nuevo la lucha contra la corrupción con fines políticos.
