Una empresa con una oficina en Houston y otra propiedad de dos ciudadanos estadounidenses parece estar ayudando a Venezuela a eludir las sanciones de Estados Unidos y transportar silenciosamente millones de productos derivados del petróleo a bordo de un petrolero construido en Irán, según supo The Associated Press.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
El esfuerzo de evasión de sanciones se centra en una refinería inactiva y una terminal petrolera adyacente en la isla caribeña holandesa de Curazao que hasta 2019 fue un importante centro de envío para la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
El 28 de septiembre, el buque cisterna Colón, con bandera de Togo, descargó 600.000 barriles de fueloil en la terminal Bullenbaai, que es operada por la empresa de refinación estatal de Curazao en asociación con una empresa incipiente, Caribbean Petroleum Refinery, propiedad de dos venezolanos estadounidenses con doble nacionalidad. .
La empresa estatal emitió un comunicado de prensa celebrando la llegada del Colón como un “momento histórico”, diciendo que era la primera entrega de la terminal reactivada, que es capaz de almacenar hasta 7 millones de barriles de productos petroleros.
Aunque el comunicado no mencionó el origen del fuel oil, el petrolero construido en Irán durante el año pasado se ha transportado exclusivamente entre los puertos de Venezuela. Los datos de seguimiento de barcos muestran que dos días antes de su llegada a Curazao, el Colón cargó su casco gigante negro y rojo en el puerto de Amuay, sede de la refinería más grande de Venezuela.
El envío de petróleo que pasó desapercibido parecería violar el espíritu, si no estrictamente la ley, de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela que desde 2019 han tenido como objetivo, sin éxito, derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Con el gobierno socialista de Maduro rechazado como un paria financiero en Occidente, PDVSA ha tenido que recurrir a transacciones cada vez más complejas para mover el petróleo producido a partir de las enormes reservas de petróleo de la nación de la OPEP, las más grandes del mundo.
Pero hasta ahora, muchas de esas transacciones involucraron pagos en criptomonedas con grandes descuentos por parte de oligarcas rusos, compañías ficticias en lugares como Hong Kong y «petroleros fantasmas» que apagan sus transpondedores obligatorios para evitar ser detectados por las autoridades estadounidenses.
En contraste, Curazao, cuyas relaciones exteriores están a cargo de los Países Bajos, un aliado incondicional de los EE. UU., se ha adherido estrictamente a las sanciones de los EE. UU., incluso una vez confiscó los inventarios no vendidos de PDVSA después de que expirara el contrato de arrendamiento de la refinería en 2019 para pagar a las compañías petroleras estadounidenses estafadas por Venezuela por los años.
Las autoridades de Curazao pueden estar apostando por una aplicación laxa por parte de la administración Biden, dijo Marshall Billingslea, un ex alto funcionario del Departamento del Tesoro que ayudó a elaborar la actual política de sanciones. Durante la administración del expresidente Donald Trump, EE. UU. congeló los activos de más de 140 personas con información privilegiada de Maduro y amenazó con tomar represalias incluso contra las empresas no estadounidenses atrapadas comerciando con el crudo de Venezuela.
En contraste, el presidente Joe Biden no ha impuesto ninguna sanción adicional a Venezuela desde que asumió el cargo y ha prometido revertir las restricciones existentes si Maduro toma medidas significativas para celebrar elecciones libres y justas.
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