En el extrarradio industrial de Maracay, capital del estado Aragua, emerge un imponente complejo tecnológico de minería digital. Lo componen tres edificios, con una superficie de 10.000 metros cuadrados de construcción, interconectados con cables de fibra óptica. Puede alojar 65.000 dispositivos ASIC (Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas), lo que la haría, según publicita en redes sociales, la mayor granja de América Latina. Cuenta, además, con acceso garantizado a redes eléctricas, un activo inapreciable y que ya no suele darse por sentado en Venezuela.
Por Isabel Guerrero / ArmandoInfo
Se trata del cuartel general del Grupo Coincoin, el holding conformado por la primera comercializadora de equipos de minería autorizada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y una de las siete casas de cambio venezolanas con licencia para operar en el mercado digital.
La granja, llamada así por apilar -como en un gallinero- procesadores de alta capacidad que extraen día y noche monedas digitales o criptomonedas, está en el sector de San Vicente de Maracay, una ciudad, por cierto, flanqueada por cuarteles e industrias y que desde hace décadas sirve de sede a la Casa de la Moneda.
San Vicente es el barrio donde operó el llamado Tren de Aragua, la megabanda criminal cuya zona de influencia se ha extendido más allá de las fronteras nacionales, tan móvil como el flujo de migrantes venezolanos que recorre el continente. No es gratuito que San Vicente sirviera de caldo de cultivo primordial para una manifestación tan cargada de sevicia y violencia. Castigada por la pobreza y la falta de servicios propias de los barrios populares, la localidad además fue teatro de operaciones de algunas de las razzias policiales más sangrientas. Los esfuerzos del gobierno para animar la economía de la zona, como la instalación de una cría de cerdos y pollo a cargo de los presos del Complejo Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, no consiguen borrar esas cicatrices emocionales.
En sus calles predominan parajes de casas envejecidas, portones solitarios, y una maraña omnipresente de ramificaciones de cables de electricidad que se entrecruzan hasta llegar a los postes. Así luce hasta la entrada principal de la empresa de minería digital, resguardada por su propia seguridad. A partir de allí, la historia es otra, una de la que hace gala en redes sociales, eventos promocionales y a través de influencers invitados.
Venezuela se reveló desde muy temprano como un territorio propicio para la minería de criptomonedas. Una ventaja es su electricidad, barata hasta ahora y de fuentes no contaminantes. Otra, la informalidad de su economía. El régimen chavista, por lo demás, abrazó con entusiasmo este sector de la innovación, y no precisamente por su imagen contracultural. Se dio cuenta, aún antes de las sanciones internacionales, de que debía echar mano a fórmulas que le permitieran independizarse del sistema bancario internacional y de la esfera del dólar. Con esa convicción creó el Petro, paradójicamente y casi contra natura, una criptomoneda oficial.
Ahora, mientras el sector todo vive un cierto auge -según la firma Chinalysis, que estudia el mercado, Venezuela es uno de los países con mayor adopción de las criptomonedas entre 154 monitoreados-, el propio Estado, a través de algunos de sus jerarcas, incursiona en esta colosal granja, otra asociación estratégica entre gobierno y empresarios con conexiones políticas. Y lo hace con ventaja porque, como se verá a continuación y parafraseando a Orwell, si bien todos los criptonegocios son iguales, algunos son más iguales que otros.
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