El 30 de julio de 2017, José Leopoldo Matos obtuvo en las urnas su primer cargo de elección popular: una curul en la írrita Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro patrocinó e hizo instalar en 2018. Tres años después, el 6 de diciembre de 2020, Matos lo logró de nuevo, pero esta vez como postulante a una curul de diputado a la Asamblea Nacional chavista por la lista del estado Guárico, en la región de los Llanos centrales de Venezuela, del partido Patria Para Todos (PPT), parte del bloque oficialista Gran Polo Patriótico.
Desde aquel 2017, la vida partidista y parlamentaria de Matos (67) ha estado marcada por tres características invariables: una es su lealtad al chavismo-madurismo; otra, que ni antes ni después ha dejado de ser empresario contratista del Estado; y la tercera, que no esconde ese papel de proveedor del Estado, aunque contravenga la normativa venezolana.
Los instrumentos legales que, empezando por la Constitución vigente -la “de Chávez”, de diciembre de 1999-, prohíben de manera explícita que un servidor público, máxime un diputado, haga negocios con el Estado, parecen letra muerta no solo para Matos, sino para los medios oficialistas que a menudo difunden sus actividades empresariales.
Tener al Estado en su portafolio de clientes es el oficio de José Leopoldo Matos. Para ello se ha valido de una empresa que fundó en 2006, Silos Mantenimiento de Cereales, C.A. (Silmaca). Con esta, al menos desde 2016, a través de alianzas estratégicas y acuerdos de los que queda constancia en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Matos ha puesto su producto estrella, la harina de maíz Doña Goya, en las cajas y bolsas del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el principal programa de asistencia social y clientelismo del régimen.
