“Nos maltrataban a todos, pero desde el principio se centraron en mí. Decían que yo podía decir datos, información de mi hermano, de dónde estaba, porque como yo tenía dos niños pequeños, por ellos, yo lo iba a hacer”, recuerda Anyi Heredia tres años después. Hay detalles que la siguen atormentando, como cuando le enseñaron una foto de su hijo de ocho años diciéndole: “Mañana le vamos a cortar un dedo”. O escenas que permanecen tatuadas en su memoria, como la de aquella mañana del 26 de diciembre de 2019, cuando la Navidad terminó abruptamente para su familia.
Ese jueves, a las 11:30 de la mañana, al menos seis funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegaron al apartamento de Anyi, en la urbanización Playa Grande del estado La Guaira, a 30 minutos de Caracas. No se identificaron ni mostraron orden de allanamiento, pero estaban uniformados. Anyi estaba con sus padres (que habían ido a pasar unos días con ella) y sus dos hijos, una bebé de 15 meses y un niño de ocho años. Horas antes, en la madrugada de ese mismo día, un primer contingente había ido a la casa de sus padres, en la urbanización Hugo Chávez de La Guaira, cerca de Playa Grande. No consiguieron a nadie, pero forzaron la cerradura, entraron y destrozaron todo. Buscaban algo.
Los tres son los familiares directos del capitán Ányelo Heredia Gervacio, detenido por la Dgcim el 31 de marzo de 2017 en el estado Táchira e imputado por la Fiscalía Militar Tercera Nacional por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín. Heredia Gervacio fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda, a 50 minutos de Caracas. Pero la Dgcim lo cazaba de nuevo en esos días navideños porque el día anterior, el 25 de diciembre de 2019, había logrado fugarse de ese centro de reclusión.
A Anyi y a sus padres los sacaron del apartamento esposados, los montaron en una camioneta tipo Jeep donde los llevaron a Caracas, a un centro clandestino de torturas. Allí estuvieron ocho días.
La detención arbitraria de la familia del capitán Heredia fue apenas el preámbulo de un procedimiento que los funcionarios de contrainteligencia militar han estado usando de manera metódica contra familiares de personas perseguidas por motivos políticos, sean militares o civiles. De acuerdo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, esta técnica tiene nombre: Sippenhaft.
El segundo informe de la Misión (FFM, por sus siglas en inglés), publicado el 16 de septiembre de 2021, la menciona por primera vez : “Un acusado de participar en la operación Gedeón en mayo de 2020 dijo al tribunal de control en su audiencia preliminar que unos agentes de la DGCIM lo habían torturado y le habían dicho que utilizarían el Sippenhaft (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Posteriormente detuvieron a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta [sic] durante 32 días”.
Su origen se remonta a la Alemania del nazismo y tiene una definición inquisidora, “castigo por responsabilidad familiar”. En casi ocho décadas, el método no ha cambiado. Consiste en detener a uno o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado. En Alemania, era una norma legal que se convirtió en mecanismo de control social y reducción de la disidencia política, como explica el investigador australiano Robert Loeffel, uno de los autores que ha investigado este tipo de castigo.
En el artículo titulado Sippenhaft, terror y miedo en la Alemania Nazi: Examinando una faceta del terror tras el complot del 20 de julio de 1944, publicado en 2007, Loeffel detalla que esta técnica comenzó a aplicarse con más frecuencia tras el atentado del 20 de julio de 1944, cuando el coronel Claus von Stauffenberg lideró un intento de asesinato de Adolfo Hitler, el de la llamada Operación Valquiria.
Después de esa fecha, “este castigo fue ampliamente promovido e impulsado por los principales nazis, así como dentro del ejército alemán, donde delitos como la deserción y la traición de las tropas eran tratados como de naturaleza política”, señala Loeffel.
De acuerdo con su investigación histórica, en los archivos de la Gestapo, policía secreta del Estado nacionalsocialista, no aparecen detalles de las detenciones de Sippenhaft. La técnica incluía castigos que “iban desde el arresto y la ejecución, en los ejemplos más extremos, hasta el encarcelamiento prolongado, la pérdida de la ciudadanía, el empleo, la educación y la confiscación de bienes”.
En otra de sus investigaciones, El castigo familiar en la Alemania nazi: Sippenhaft, terror y mito (2012), Loeffel presenta evidencias de que era usada desde mucho antes del atentado, citando que ya entre 1933 y 1934 había un miedo arraigado entre la población alemana “debido a su uso extensivo contra enemigos políticos como líderes comunistas, socialistas y sindicales, así como sus familias. Particularmente en aquellos casos donde los sospechosos de participar en actividades antiestatales habían logrado huir de Alemania”. Los paralelismos con la Venezuela del madurismo saltan a la vista.
Tras una investigación de 10 meses, Armando.info logró identificar 25 casos que evidencian la práctica del Sippenhaft en Venezuela, entre los que se incluye el de la familia del capitán Heredia, la esposa de un militante del partido Bandera Roja, la novia de una persona que trabajaba con el gobierno interino de Juan Guaidó, el hijo de un alcalde opositor, los hermanos y padres de cuatro militares disidentes, la familia de un productor agropecuario y más de una decena más. Para esta recolección se hicieron entrevistas a representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados, diez víctimas directas e indirectas, y se realizaron búsquedas hemerográficas y documentales.
“Me decían que tenía un hijo delincuente y me daban cachetadas”
Armando.info también determinó que este castigo es aplicado en Venezuela al menos desde 2014, primero bajo formas que solo llegaban al hostigamiento, y que a partir de 2017 —año de las protestas masivas contra Nicolás Maduro—, cambió su patrón de ejecución. Desde entonces, empleó de forma sistemática el castigo y la tortura contra familiares de “objetivos políticos”, que pueden ser militares disidentes o civiles opositores (reales o percibidos como tales).
Este método es efectivo porque usualmente logra producir un quiebre emocional y doblegar a su víctima. Uno de los abogados entrevistados para esta investigación, que pidió mantener su nombre en reserva por seguridad, asegura que las víctimas coinciden en que ese quiebre se produce cuando mencionan a sus familiares durante los interrogatorios y torturas. “Esto agrava mucho más la situación de vulnerabilidad de la víctima y la discrecionalidad del funcionario, que sabe que este método es efectivo para lograr su fin”.
Tras el objetivo político
Cuando los funcionarios de la Dgcim conducían la camioneta con los padres y la hermana del capitán Heredia, con sus caras cubiertas con franelas para que no supieran dónde los llevaban, uno de ellos hizo una llamada en la que pedía que le prestaran una casa por pocos días. Al comenzar a subir hacia Caracas por la autopista se detuvieron durante un rato, recuerda Anyi Heredia, para que varios funcionarios se regresaran a buscar a su hijo de ocho años, que habían dejado en el apartamento de una vecina. A su bebé de 15 meses la dejaron al cuidado de una vecina del edificio.
Al llegar a la casa —que presumen fue la que el funcionario pidió prestada— los separaron a cada uno en áreas diferentes. En los próximos ocho días, la familia del capitán Heredia fue sometida a interrogatorios, golpizas, amenazas, torturas físicas y psicológicas.
“Me echaban agua y me hacían preguntas […] Me daban cachetadas y me decían ‘¡habla, habla!’ […] Tenían un cuaderno con las preguntas y tenían un palo, me lo enseñaban y decían que me lo iban a meter. Yo de verdad no sabía dónde estaba mi hermano, no tenía nada que decir”, cuenta Anyi Heredia, quien entonces tenía 40 años. El ensañamiento hacia ella fue mayor que con sus padres. Le apuntaban un revólver cerca de la cara, le cubrían la cabeza con una bolsa para asfixiarla.
El 24 de diciembre, el capitán Ángelo Heredia recibió la visita de su papá, Julio Heredia, en la cárcel. Le advirtió que se iba a escapar y le dio una dirección del lugar donde se escondería. Pero se trataba de una dirección falsa para despistar a los funcionarios de la Dgcim si le preguntaban a su padre, explica el capitán Heredia. Y así sucedió, según cuenta.
Julio Heredia, quien en ese momento tenía 80 años, dijo lo que sabía. Pero cuando los funcionarios no consiguieron nada en la dirección señalada, aumentaron los tratos crueles contra él, su esposa y su hija secuestrada. Saturnina Gervacio, madre del capitán Heredia, interviene: “Me decían que tenía un hijo delincuente y me daban cachetadas. Cuando le pegaban a mi hija yo la escuchaba llorar y les gritaba que no me la mataran”. El objetivo de estas torturas era detener de nuevo al capitán, a quien señalaban de participar en una conspiración contra Nicolás Maduro.
Además de la familia Heredia, la Dgcim también detuvo a Oscar Martínez, cuñado del capitán y también militar.
El viernes 3 de enero de 2020, la familia del capitán Heredia fue finalmente liberada. Como si se tratara de un secuestro los dejaron al final de la tarde en un lugar solitario en la zona de Puerto Viejo, en La Guaira, sin dinero, después de ruletearlos por varios lugares a bordo de una camioneta lujosa. Los funcionarios le dieron una orden taxativa: “No podíamos dar información de lo que nos hicieron allá porque, si lo hacíamos, nos iban a agarrar de nuevo y no iban a soltarnos más, nos iban a desaparecer”, dice Anyi Heredia. Toda la familia huyó de Venezuela apenas pudo. El capitán Heredia también logró escapar de sus perseguidores. Primero se ocultó en Colombia y luego siguió a Estados Unidos. “Maduro destruyó a mi familia”, repite desconsolada, al otro lado del teléfono, Saturnina Gervacio. Tenía 63 años cuando la detuvieron y torturaron.
Hecho en socialismo
De los 25 casos de Sippenhaft que identificó Armando.info, 14 corresponden a familiares de un militar perseguido; los 11 restantes están relacionados con civiles considerados opositores al Gobierno. Los datos recolectados permiten ver que en 2017 hubo cinco casos, seis en 2018, tres en 2019 y ocho en 2020, cifra que destaca por haber sido un año de restricciones a causa de la pandemia de la covid-19. Aunque no son cifras absolutas, sirven como referencia sobre su incidencia.
La Dgcim suele ser el organismo a cargo de ejecutar este tipo de castigo, pero también se ha documentado la actuación de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en menor escala. De hecho, varios casos están incluidos en los informes públicos de 2020 y 2021 de la FFM. Desde 2019, esta instancia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene la tarea de indagar sobre la ejecución en Venezuela de cuatro tipos de crímenes desde 2014: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fue, en la recopilación de testimonios de víctimas de estos crímenes, que la FFM llegó a un caso de Sippenhaft.
Al momento de abordar a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos humanos, fue común notar que el término Sippenhaft no les resultaba familiar o no lo consideraban como una categoría de clasificación para las víctimas que atendían. Algunos explicaron que no lo incluyen porque no es un crimen o delito tipificado en leyes internacionales.
Entre las consultadas, solo el Foro Penal tiene una clasificación que se ajusta al concepto de Sippenhaft. El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, explica que en el Manual de Litigio Estratégico de esa organización tienen una categoría de uso interno llamada Extracción. “Aquí encontramos los casos de detención de familiares o amigos de la persona que se pretende perseguir con el objeto de extraer información, en muchos casos bajo tortura, sobre el paradero de un perseguido político o para motivar la aparición de esa otra persona”, explica Himiob.
Martha Tineo, abogada y directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, considera que la práctica es tan común que “podría decirse que al menos 60% de los familiares de presos políticos han sido víctimas de Sippenhaft de una u otra manera”, con torturas directas, hostigamientos o maltratos recurrentes. Según Tineo, existe un subregistro, pues menos de 5% de las víctimas denuncia formalmente esta situación a causa del miedo que sienten.
El abogado Carlos Marrón Colmenares es parte de ese escaso 5%. El 10 de abril de 2018, su padre de 73 años, Ramón Marrón, salió a caminar como de costumbre por los alrededores de su casa, en la urbanización Valle Arriba (barrio de clase pudiente del sureste de Caracas), cuando de pronto fue interceptado por unos hombres que lo obligaron a meterse en un carro blanco. La cámara de seguridad de uno de los edificios cercanos grabó lo que parecía ser un secuestro planificado por el hampa común. Tras saber que no aparecía, su hijo, que tenía varios años residenciado legalmente en Estados Unidos, decidió viajar esa noche a Venezuela. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, lo esperaban agentes de la Dgcim.
Lo llevaron a la sede en Boleíta, Caracas, donde lo interrogó Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales. En medio de las torturas a las que era sometido en el interrogatorio, relata Marrón Colmenares, Granko Arteaga le preguntó si su padre tenía alguna enfermedad y tomaba alguna medicina. Ahí se dió cuenta de que el secuestro de su padre lo había hecho la Dgcim y le reclamó a Granko Arteaga, pero esa actitud desafiante solo le valió más golpes.
“Pasé 60 días incomunicado y aislado, nunca supe si a mi papá lo soltaron o si estaba con vida. Cuando finalmente él me pudo visitar es que me entero de cómo fue todo. Mi papá me cuenta que Granko Arteaga fue el que lo entrevistó, lo llevaron a una casa clandestina de tortura y allí estuvo cuatro días, lo metían en un sarcófago, le daban solamente dos vasos de agua al día. Le decían ‘¿dónde está tu hijo? Si tu hijo no viene te vamos a matar’. Cuando lo liberaron le dijeron ‘te vamos a soltar porque tu hijo se entregó, si no, te íbamos a eliminar’”.
Ante el país, Carlos Marrón fue presentado como el dueño del sitio web dolarpro.com, página que marcaba el precio del dólar paralelo en ese entonces, y señalado de terrorista financiero. “Cuando Granko Arteaga me interroga me dice que yo fui dueño de esa página. “¿En la ley cambiaria dice que un exdueño de un dominio está cometiendo delito?”, le pregunté, y me dijo: “No, pero te jodiste, tengo que presentar a alguien en Miraflores”, relata Marrón Colmenares, haciendo referencia al palacio de gobierno.
Lo cierto es que Marrón había sido el dueño de ese dominio durante cuatro o cinco años pero nunca tuvo una página activa. En 2018, dos amigos lo llamaron para proponerle activar un sitio web; pero como a Marrón no le interesaba aparecer vinculado a ese portal, sobre todo porque todavía tenía familia en Venezuela, lo traspasó a una persona, a la que llama “María Angélica”, que no tenía a nadie en el país. La página dolarpro.com era la única que se mantenía activa, en tanto que los otros dos portales dedicados al mercado cambiario que existían hasta entonces habían sido controlados por el gobierno, explica el abogado.
Marrón dice no tener dudas de que fue un preso político de Tareck El Aissami, quien era vicepresidente en esa época y estaba al frente de una nueva política cambiaria que pretendía activar las casas de cambio en la frontera. Estuvo 21 meses detenido sin ser llevado a tribunales.
Su liberación pasó por la intermediación de la expresidenta de Chile, Michel Bachelet, para ese momento Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la mesa de negociación de entonces. Recibió una medida cautelar y, cuando pudo, huyó de Venezuela. Toda su familia está con él en Estados Unidos.
Madres, hijas, esposas
Entre las amenazas a familiares que han quedado documentadas y han sido elevadas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se encuentran frases como “tus hijas ya están bastante grandes para hacer sexo oral”, dichas como amenaza a un detenido para hacerlo incriminarse o incriminar a otras personas, y así evitar la violación de sus hijas o su esposa.
Este ejemplo, que se refiere a una persona detenida en las protestas de 2017, es citado por otro de los abogados entrevistados, quien también pidió la reserva de su identidad, para explicar que las amenazas de abuso sexual contra mujeres son recurrentes durante los interrogatorios y torturas son usadas cuando los funcionarios quieren obtener no solamente información sobre un hecho o sobre un tercero, sino también una declaración falsa. La violencia sexual es otro patrón investigado por la FFM de Naciones Unidas y más recientemente por la Corte Penal Internacional, que, en los anexos del informe publicado en abril de 2023, recibió relatos que clasificaron como “Violencia extrema, incluidos los crímenes sexuales y de género”.
Un caso que evidencia la persecución contra familiares mujeres es el de Reyes Hernández González. A finales de octubre de 2020, este productor agropecuario recibió libertad plena tras ser imputado por supuesta traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, delitos por los que estuvo preso desde 2017 en el sótano 2 de la Dgcim, conocido como la Casa de los sueños.
Hernández González recuerda que salió de la sede de Boleíta a las 6:00 de la tarde, pasó por la casa de la urbanización Prados del Este, en Caracas, donde vivían sus hijas y también se encontraba su mamá, y siguió hasta Valencia, capital del estado Carabobo, a dos horas al oeste, para encontrarse con su actual esposa. Estando allá, lo llamó uno de sus hermanos para avisarle que la Dcgim se había llevado a Boleíta a su mamá, de 78 años, sus tres hijas (cinco, nueve y 14 años) y la nana encargada de cuidarlas.
Él era el objetivo pero como no estaba, las tomaron como rehenes. El productor asegura haber llamado a la Dgcim y hablado directamente con el general Carlos Terán Hurtado, a quien le dijo que lo fueran a buscar en Valencia. Éste le exigió regresar por sus propios medios. “Reyes, vente, que tengo a tus hijas y no las voy a soltar hasta que tú no llegues”, le dijo el general.
“¿Dónde está su hijo? Dígale que no de más declaraciones”
Su esposa lo llevó a Caracas al día siguiente. Lo dejó en el centro comercial Los Ruíces, cerca de la Dgcim. “Ahí llamé al general Terán Hurtado y le dije que me iba a entregar, que me buscaran”, detalló Hernández González. Sus tres hijas, la mamá y la nana, estuvieron 13 horas en la Dgcim. Cuando él llegó las pudo ver. Pero rápidamente pasó junto con su abogado a una oficina donde lo esperaban el general Terán Hurtado —jefe de investigaciones en ese momento—, el coronel Néstor Blanco Hurtado y el teniente Abel Angola. Allí le dicen que tiene una orden de captura en Apure. “Lo máximo que puedo hacer por ti es soltarte a tu familia. Tú te quedas”, le dijo el general, según recuerda. Fueron 16 meses más de prisión en la Casa de los sueños.
Hernández González sostiene que su persecución se debe a las presiones a las que el gobierno lo sometía para que vendiera el Hato Chaparralito, su finca de 7.500 hectáreas en Apure, atractiva por su ubicación estratégica en la frontera con Colombia y por su pista aérea construida en 1958 y registrada en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac). No la vendió, pero tras su detención en 2017 fue ocupada por funcionarios del Estado y ha sido saqueada, asegura.
En diciembre de 2021, recibió una nueva boleta de libertad plena por el tribunal de Apure que había ordenado su detención en 2020. En ese momento se encontraba bajo una medida de casa por cárcel que cumplía en San Fernando de Apure, la capital estatal. Al conocer la noticia, buscó la manera de salir del país, anticipando que la persecusión en su contra no cesaría.
Llegó hasta el estado Falcón, donde abordó una lancha hasta la península de La Guajira, que Venezuela comparte con Colombia, e ingresó al país vecino. Actualmente reside en Estados Unidos como testigo protegido, pero su huída intensificó la persecución contra su familia.
En marzo de 2023, funcionarios de la Policía Anticorrupción y Terrorismo, vestidos de negro y con armas largas, fueron hasta la finca de uno de sus hermanos, Carlos Eduardo Hernández, en El Socorro, estado Guárico. Como no lo encontraron allí, fueron a la casa de su mamá, donde sí consiguieron a otro de sus hermanos, Jorge Luis Hernández, y se lo llevaron detenido. Lo sometieron a un interrogatorio donde le preguntaban dónde estaba su hermano, Reyes Hernández. “Dile que se entregue”, decían. Después de ocho horas lo liberaron. A los tres días regresaron a la casa de su mamá, María Piedad Hernández, para tomarle una declaración. Se llevaron su teléfono, la intimidaron: “¿Dónde está su hijo? Dígale que no dé más declaraciones” a la prensa, le advirtieron. En las siguientes semanas siguieron llamando a su casa, a sus hermanos y a algunos amigos para enviarle un mensajea través de ellos: que se entregue; que se regrese; que no declare ante la Corte Penal Internacional.
Derecho a no declarar
En todos los casos de Sippenhaft, el marco legal que debe resguardar a los venezolanos es borrado por completo. La seguidilla de violaciones de derechos comienza cuando los funcionarios de inteligencia del Estado detienen arbitrariamente al familiar de ese perseguido por motivos políticos, sigue con la desaparición forzada que -como agravante- suele darse en secreto, y continúa con la tortura. Todo bajo un paraguas de clandestinidad que aúpa la discrecionalidad de los funcionarios y el abuso psicológico de las víctimas. “Nadie sabe que estás aquí, podemos hacer cualquier cosa contigo”, suelen decir los funcionarios.
La abogada Martina Alcarra, miembro del equipo jurídico de la organización Defiende Venezuela e investigadora del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, recuerda que el derecho a la libertad personal es inviolable. Una detención sólo puede darse tras la presentación de una orden judicial o si la persona es hallada in fraganti.
Pero hay un derecho que las víctimas desconocen: un familiar (cónyugue, descendientes, ascendientes y demás parientes) no está obligado a declarar sobre el paradero de una persona que está siendo buscada. Esta exención ampara a médicos y abogados, y está incluida en la sección quinta, artículo 210, del Código Orgánico Procesal Penal vigente (del año 2021), reformado por la Asamblea Nacional oficialista.
Un tribunal de control también puede ordenar que una persona sea llevada por la fuerza pública hacia el Ministerio Público para que rinda declaración por un hecho que se esté investigando. Esto, sin embargo, no es considerado una detención sino una entrevista, pero, de nuevo, debe haber una orden judicial previa.
“Sucede mucho que le dicen al familiar que va a ir a una simple entrevista y al llegar al lugar ve que está siendo detenida arbitrariamente. Es importante que la persona exija la orden, porque el funcionario no la va a mostrar por iniciativa propia. Igual. cuando se trata de un allanamiento, en lugar de darles entrada, [hay que] exigir la orden, de lo contrario no se considera inviolabilidad del hogar”, advierte Omar Piñango, abogado e investigador de Defiende Venezuela y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad.
El único caso que justifica la detención y testimonio de un familiar es cuando sea coautor de algún delito que por tanto activa investigación previa. En ese caso, se emite una orden judicial con esa solicitud, explican los abogados.
Ninguno de esos escenarios legales se presentó en los casos de Sippenhaft recopilados para esta investigación.
Luego de la publicación de los informes de la FFM de Naciones Unidas, los abogados han visto una disminución en esta práctica, tras el pico de casos que empezaron a documentar desde 2017, y continuó hasta 2020. Las investigaciones que mantienen Naciones Unidas desde 2019 (el mandato termina en 2024) y la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2018, han provocado un cambio.
La CPI se enfoca en investigar crímenes de lesa humanidad (establecidos en el Estatuto de Roma), que son distintos a las violaciones de derechos humanos. Éstas conllevan a una responsabilidad estatal, mientras que la CPI establece la responsabilidad penal individual por los crímenes perpetrados. Aquí cobra relevancia la cadena de mando de organismos e instituciones.
Otra instancia, pero de alcance regional, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ella fue enviado uno de los casos más representativos de Sippenhaft venezolano, el de la detención de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, en el estado Mérida, Omar Lares, quien era miembro del partido opositor Voluntad Popular. Su historia completa puede ser leída en este cómic especial que acompaña a esta investigación.
En su caso, no hubo orden de aprehensión, ni situación de flagrancia que justificara su detención, pero estuvo en el Helicoide 10 meses, bajo torturas. “Como nunca fue presentado ante la justicia, en el registro venezolano no existe nada, ningún rastro, de que estuvo privado de libertad. Por eso, su liberación en junio de 2018 se produjo sin orden de excarcelación. “Es decir, el tiempo que estuvo allí fue completamente clandestino”, subraya Alcarra.
En octubre de 2017, la organización Defiende Venezuela introdujo una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por él y su familia y, en julio de 2022, después de ser revisado y solicitar información a los representantes legales como al Estado venezolano, la Comisión pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, por la violación de los derechos políticos del alcalde Omar Lares y por la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y tortura de su hijo.
La Corte Interamericana está en el proceso de determinar si el Estado venezolano ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Como sucedió con la Gestapo, es probable que no se conozca la totalidad de víctimas venezolanas de Sippenhaft porque no hay registro de este tipo de detenciones y castigos en los órganos de justicia y de inteligencia del país. Aunque eso deja abierta la pregunta de cuántos casos de Sippenhaft ha habido verdaderamente en Venezuela queda una primera certeza: al menos 25 familias fueron quebradas por el madurismo.
*Esta es la primera entrega de la serie Rehenes de la ley, investigación sobre casos de Sippenhaft en Venezuela. Una segunda historia será publicada el domingo 30 de julio.
