Las detenciones de cerca de media docena de funcionarios y empresarios vinculados al sancionado dirigente chavista Tareck El Aissami exponen simultáneamente una peligrosa fractura dentro del régimen de Nicolás Maduro y que la corrupción sigue operando a toda máquina en la quebrada Venezuela.
Más de 3.000 millones de dólares habrían sido extraídos fraudulentamente de las arcas del Estado a través de una operación de corrupción ejercida presuntamente por allegados de El Aissami, el actual ministro de petróleo sancionado por Estados Unidos, según reportes de la prensa local y el diario español El Mundo.
La presunta operación de desfalcó sale a la luz pública en medio de un recrudecimiento del descontento militar ante la pronunciada caída en el nivel de vida de los militares. Los últimos meses han visto un acelerado incremento en el número de solicitudes de bajas por parte de oficiales que ganan entre 25 y 50 dólares al mes, lo que ha obligado a la máxima cúpula militar a autorizar que muchos de ellos salgan a la calle para tratar de ganarse la vida por sus propios medios.
Los arrestos, ejecutados por la chavista Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), fueron ordenados por la facción del chavismo encabezada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, lo que coloca de relieve un enfrentamiento abierto entre dos importantes sectores del régimen socialista de Caracas.
Entre los detenidos este fin de semana se encuentra Joselit Trinidad Ramírez, un cercano colaborador de El Aissami que estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), reportó El Mundo.
Según el diario venezolano El Nacional, entre los detenidos también se encuentran tres jueces, un superintendente, dos militares y el alcalde del municipio Santos Michelena, en el estado Aragua, Pedro Hernández, quien es acusado de proteger a bandas delictivas dentro del sector.
