Al menos 75 nicaragüenses han sido capturados en lo que va de mayo por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, en lo que organismos de derechos humanos llaman “un nuevo patrón de represión”: redadas nocturnas, juicios exprés por la madrugada, liberación y obligación de presentarse todos los días a una estación de Policía.
La noche del 3 de mayo pasado, 57 personas fueron sacadas de su casa, interrogadas y llevadas ante un juez que les inició proceso en libertad con la condición de presentarse todos los días a firmar en una delegación policial. Diez días más tarde se produjo otra redada contra 18 nicaragüenses con las mismas características.
Entre los detenidos se encuentran periodistas, miembros de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, médicos y opositores. La Fiscalía nicaragüense los acusa de “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”.
“Ni siquiera podemos decir que es una persecución contra opositores porque entre los detenidos hay personas que sólo le dieron un ´like´ a alguna publicación que el régimen considera incómoda. Es sólo una forma de mantener el terror vivo entre la población”, dice una opositora que pide no revelar su nombre.
“Esta nueva modalidad busca que un cierto nivel de liderazgo salga fuera del país, pero también trata de lograr que la sociedad se silencie porque andan diciendo ahora a la gente ´ve, no pongas like en Facebook´”, describe la ex presa política Dora María Téllez.
“El régimen está claro que no puede seguir llenando las cárceles porque tiene un costo político muy alto, y están tratando de lograr un modelo de represión mediante el cual se silencie la sociedad nicaragüense al menor costo político posible”, añade.
Un promotor de derechos humanos, detenido en la redada del 3 de mayo y que se fue al exilio “porque la presión y el acoso es enorme”, dio su testimonio a Infobae bajo condición de anonimato.
Dice que varias patrullas de la Policía llegaron a su casa a eso de las seis de la tarde del miércoles 3 de mayo y le ordenaron cambiarse de ropa “porque donde te vamos a llevar no podés presentarte así”.
“Yo andaba de calzoneta y chanclas y me obligaron a cambiarme en presencia de dos policías que entraron al cuarto. Me robaron la cartera con el dinero, celulares, computadoras y memorias, que es mi equipo de trabajo”, relata.
Lo llevaron a una estación policial donde ya estaban otras cinco personas en su misma condición. “Había un despliegue policial exagerado. En la calle había policías, adentro estaba lleno de policías”, dice. Ahí una jefa policial los interrogó y les informó a todos que tenía orden de llevarlos a Managua “hoy y hoy mismo traerlos”.
“Nos montaron en un microbús con policías y patrullas adelante y atrás con policías armados con ametralladoras. A los juzgados de Managua llegamos como a las 11:40 de la noche y nos metieron a una sala donde unos policías agresivos nos comenzaron a tomar fotos, huellas dactilares y a hacernos que firmáramos unos documentos que no nos dejaban leer. ¡Firmen, firmen, no atrasen! nos decían”, agrega.
Diez minutos después de llegar los pasaron a una sala, donde un juez celebró la audiencia inicial de un proceso en el que Fiscalía los acusaba de “propagación de noticias falsas y menoscabo de la integridad nacional” y pedía penas de hasta 30 años de cárcel, dice.
“Todos los testigos eran policías. Nos pusieron unos defensores que son parte del circo que tiene el gobierno y el juez dijo que, a pesar de que nos detuvieron por la noche y que no éramos de Managua, él tenía competencia porque estaba ante crímenes gravísimos” y mandó a que todos teníamos que ir a firmar todos los días en la estación de policía del municipio”, relata.
Cuenta el exiliado que entre los detenidos estaba una mujer que alegó que ella era sandinista, que había sido concejal del Frente Sandinista, vicealcalde de su municipio y que ella estaba contra “los puchos”, nombre despectivo que el régimen usa para los opositores.
“No le hicieron caso y la dejaron en la Policía hasta el viernes. No sé si era un señuelo contra nosotros o qué”, dice.
“A las cinco de la mañana (del jueves 4 de mayo) me estaban dejando frente a mi casa y me dijeron que a las diez de la mañana de ese mismo día tenía que ir a firmar. Cuando llegué, ya estaba una oficina habilitada, que antes no existía, con un agente vestido de civil que me interrogó de nuevo, sobre todo preguntando qué propiedades tenía”, continua.
Dice que llegó a firmar jueves, viernes y sábado. “La vida se me había complicado para mí, para mis padres y para toda mi familia. El acoso se había vuelto insoportable. La Policía pasaba por la casa día y noche”. Ese mismo sábado por la noche salió de Nicaragua por veredas.
El domingo, cuando no se presentó a la firma establecida, la Policía llegó a buscarlo a su casa. “Allanaron la casa, revisaron. Se llevaron a mi padre a la estación de Policía y lo interrogaron durante unas tres horas”, señala.
Se sabe que al menos unas 15 personas de las detenidas en las dos últimas redadas ya han salido al exilio.
Infobae también conoció el caso del periodista William Aragón, detenido el 3 de mayo, y a quien obligan a presentarse a una delegación policial de la ciudad de Somoto a pesar de que él vive a 75 kilómetros, en la ciudad de Estelí.
Según relataron personas cercanas al periodista, Aragón sale a las cuatro de la mañana todos los días para tomar el bus y poder estar a las 7:30 de la mañana firmando el control policial. En ese viaje gasta unos 180 córdobas diarios (unos cinco dólares) que resultan difíciles de cubrir para para alguien que no puede ejercer su profesión en Nicaragua por la persecución que hay contra los comunicadores independientes.
Para la abogada Yonarqui Martínez esta nueva modalidad de represión constituye “procesos anómalos, criminales y sin ningún asidero legal”.
“Los sacan como criminales de sus casas de habitación en horarios no hábiles, les hacen audiencia preliminar, no les permiten un abogado de su elección, les explican que están siendo llevados porque cometieron el delito de conspiración y propagación de noticia falsa u otros delitos relacionados al tema político”, dice.
“No es sólo la violación al debido proceso y a los derechos humanos el hecho de extraer de su juez natural a un ciudadano de un departamento de más de 200 kilómetros de Managua, en el caso de los departamentos más largos, sino que también someterlos a esas medidas de presentación periódica, de someterlos a un nivel de vida que no es normal y que trae consecuencias”.
La defensora de presos políticos dice que conoce de muchos casos en que los procesados han sido despedidos de sus trabajos porque no les pueden permitir ausentarse todos los días.
“En mis años como abogada yo nunca había visto casos así donde un juez obligara a una presentación diaria. Lo normal es cada mes, cada quince días y, en casos más graves, cada semana, pero no diario”, señala.
Martínez afirma que a muchos de los procesados la Policía les ha pedido que trabajen para ella como informantes o soplones, delatando a otros ciudadanos que podrían estar organizados o haciendo oposición.
Para el abogado Yader Morazán, extrabajador judicial de Nicaragua, las detenciones están caracterizadas por “la articulación y la celeridad” con que se ejecuta el proceso.
“Si observamos el patrón común de la primera redada que se ejecutó a nivel nacional, veremos que a todos se les había dado seguimiento por cuerpos de inteligencia, porque sus capturas fueron efectivas y coordinadas fuera de los horarios legales. La Fiscalía presentó las acusaciones en el Complejo Judicial de Managua después de las cinco de la tarde, cuando en el Poder Judicial ya ni siguiera recibe acusaciones o peticiones de urgencia, porque, pese a cerrar a la una de la tarde, siempre dejan a un receptor de turno atendiendo hasta las cuatro de la tarde y sólo bajo situaciones excepcionales de emergencia y gravedad del caso se recibe después de ese horario”, señala.
“Posteriormente, la Policía allana y captura sin orden judicial, fuera de los horarios autorizados por la ley, y sin encontrarse bajo las condiciones de excepcionalidad que justifiquen tal ilegalidad, y proceden al traslado hacia la capital de algunos que habían sido capturados en los departamentos, para realizar audiencias exprés, nocturnas y clandestinas, avalándolas con ´defensores´ públicos que extrañamente también realizaban turno, algo que nunca se ha visto”.
Morazán añade que la figura de “firmar en una delegación policial” no existe en la ley y los procesados deben ser considerados “presos políticos” porque “la ley equipara la prisión en sede policial con la privación domiciliaria”.
“Sin lugar a duda, los jueces están cometiendo el delito de prevaricato, por dictar resoluciones en contra de ley expresa, por lo que se les podría imponer una pena de cinco a siete años, e inhabilitación absoluta por el mismo período, según el artículo 463, numeral 1, del Código Penal”.
El analista político y también abogado, Eliseo Núñez, considera que, con esta modalidad, Daniel Ortega pretende extender el control entre los nicaragüenses. “De esa manera trata de detener ahora una enorme cantidad de gente, yendo a la policía todos los días y esto también extiende el temor. Ortega está preocupado porque sabe que ya ha apretado demasiado con la represión. Entonces, llevar a gente a la cárcel tiene un costo alto. Y lo que él quiere es mantener el miedo. Y esto lo hace, mantener el miedo. Es una tortura psicológica diaria”.
Dora María Téllez lo interpreta a su vez, “como un síntoma de debilidad y un síntoma de mucho miedo por parte del régimen de los Ortega Murillo. No han podido silenciar a la sociedad nicaragüense, han perseguido todo el mundo, incluyendo a la iglesia católica, es decir, ya prácticamente han cerrado universidades, organizaciones no gubernamentales, medios, todo han hecho, todo lo que han podido hacer y siguen haciendo, pero su necesidad de controlar a la sociedad nicaragüense no queda resuelta y su necesidad de silenciar a todo el mundo en el país tampoco queda resuelto, porque la gente sigue manteniendo comunicación”.
“A estas alturas, el sistema judicial ha mostrado que es una institución que sirve exclusivamente para fines represivos. Es decir, los nicaragüenses no contamos con un sistema judicial que nos sirva para algo, pues un sistema judicial que solo sirve para fines represivos, para disparar condenas, para amenazar, para intimidar, va jugando en paralelo con la Policía y la Fiscalía, que son las tres patas en las que se fundamentan la represión los Ortega Murillo”, concluye Téllez.
