Durante la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebra en Guatemala, los ministros de Exteriores y jefes delegados de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay reiteraron este jueves su preocupación por la grave emergencia humanitaria, las violaciones a los derechos humanos y la crisis de migrantes y refugiados en Venezuela.
“Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de los partidos, la libertad de expresión y de prensa, y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dice la declaración conjunta sobre la situación del país caribeño.
En el documento, anuncian que están atentos a la decisión anunciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien el pasado 3 de noviembre decidió avanzar hacia una investigación formal sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro a partir del 2017.
“Toman nota del informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, el mismo que basándose en documentación detallada, encontró motivos razonables para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad”, dice el texto.
Además, miran de cerca la negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega, que tienen lugar en la ciudad de México, e instan al régimen de Maduro a retornar a la mesa de negociaciones sin demora.
“Confían en que, una vez reanudadas las negociaciones, resulten en la restauración de la democracia, en una solución integral a la grave crisis política, social, económica y humanitaria que afecta al pueblo venezolano, así como en la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y transparentes, bajo observación internacional creíble”, dice el texto.
“Recuerdan que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, agrega el texto.
Por otra parte, la crisis política de Nicaragua tras los polémicos comicios en los que se impuso Daniel Ortega y los desafíos que aún afronta el continente por la pandemia acapararon la sesión de la asamblea del miércoles.
Delegaciones de 34 Estados miembros participarán hasta el viernes de las deliberaciones del principal órgano de la OEA, que desde 1971 se reúne anualmente, y tiene en esta ocasión a Guatemala como sede virtual.
“El tema de la crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización”, dejó en claro el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una conferencia previa a la instalación.
En la sesión inaugural participaron, además de Almagro, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y su canciller, Pedro Brolo, entre otras autoridades.
Nicaragua escribe un nuevo capítulo de la crisis que afronta desde 2018 después de que el domingo Ortega consiguiera su quinto mandato y cuarto consecutivo en unos comicios que han sido descalificados por el grueso de la comunidad internacional.
Las elecciones tuvieron lugar tras la detención desde mayo pasado de una treintena de opositores, entre ellos siete aspirantes a candidatos presidenciales, y la cancelación de tres partidos políticos.
Almagro dejó en manos de los países que integran ese organismo la posible aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua y aclaró que no quiere “incidir” en el trabajo que se viene por delante.
