La cifra de muertos por las protestas durante el fin de semana en Chile subió a 11 personas, informaron autoridades el lunes, tras un recrudecimiento de la violencia y el vandalismo en la capital que el presidente Sebastián Piñera calificó como un enemigo poderoso.
Pese a sus llamados al diálogo para construir acuerdos en torno a las demandas planteadas en las manifestaciones, los saqueos y barricadas siguieron en la madrugada del lunes, en que rigió un toque de queda con militares y vehículos blindados en las calles de varias ciudades del país.
Los habitantes de la capital retomaban la rutina parcialmente el lunes, aunque con servicios de transportes y comercio restringidos en medio de los vestigios de las barricadas que dejaron cuantiosos daños.
Largas filas se observaban frente gasolineras, así como en cadenas de supermercados, aunque otros mercados municipales operaban con normalidad.
Las manifestaciones se replicaron en varias otras ciudades del país como Valparaíso y La Serena, donde también se extendió el control militar.
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas”, dijo tarde el domingo Piñera en referencia a los actos vandálicos.
El general Javier Iturriaga, a cargo de custodiar la capital bajo estado de emergencia y quien tiene la potestad de restringir la libertad de movimiento a los ciudadanos, dijo tajantemente el lunes que no está en guerra con nadie.
“Yo soy un hombre feliz. La verdad es que no estoy en guerra con nadie”, dijo al ser consultado en una rueda de prensa en que informó la apertura parcial del comercio y de servicios.
La gobernadora de la región Metropolitana de Santiago, Karla Rubilar, confirmó que hasta ahora hay 11 fallecidos en la región a consecuencia de los incidentes del fin de semana, tres víctimas el sábado y ocho el domingo.
En Santiago, las autoridades de transporte reforzaron la dotación de autobuses y reabrieron parcialmente el metro tras el cierre total del fin de semana. La mayoría de las escuelas y universidades estaban cerradas y varias empresas autorizaron a sus trabajadores a no concurrir el lunes.
La capital de Chile, un país mencionado como ejemplo de estabilidad económica y política en América Latina, no había estado bajo toque de queda desde hace más de 30 años, cuando aún regía la dictadura del general Augusto Pinochet.
El mandatario chileno había dado pie atrás el sábado en la medida que detonó las protestas, un alza del precio del transporte subterráneo, pero los manifestantes dieron cuenta en sus pancartas y gritos de una serie de demandas de larga data sobre pensiones, salud y educación pública, en un país con altos indicadores de desigualdad.
El presidente del sindicato de trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo ubicada en el norte de Chile, dijo a Reuters que al menos uno de los dos turnos que opera la mina controlada por BHP paralizará el martes en apoyo a las movilizaciones. Chile es el mayor productor mundial de cobre
El estallido social y las olas de saqueos posteriores ocurren semanas antes de que Chile sea la sede de una cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC) en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino Xi Jinping firmarían un importante acuerdo.
En diciembre, además, Chile acogerá la cumbre sobre cambio climático de la ONU COP25.
Reuters
