La infraestructura de los hospitales sigue en abandono. Algunas paralizadas y otras sin la atención necesaria para que funcionen correctamente, mientras los venezolanos deben rezar para no necesitar un centro de salud.
Guiomar López | Prensa de Lara
El Hospital Central Antonio María Pineda sigue como el epicentro de deudas con nueve obras inconclusas en salud y algunas paralizadas desde el 2007. Gremios y sindicatos señalan que es producto de fallas de gerencia y poca inversión por la fragmentación de este sector, mientras que la población espera por la garantía de una atención integral.
Esa lista la encabezan los edificios de Medicina Nuclear y de consulta externa del Pediátrico. Pero a lo interno de este centro asistencial persiste el vacío por la adecuación de resonancia magnética, lavandería, medicina de agudos, ampliar el servicio de cirugía plástica, acondicionar el departamento de oncología y la unidad de anatomía patológica. Además, sigue la espera por la culminación de la unidad de diálisis en Carora, que para agosto de 2022 estaba casi totalmente levantada, pero necesitaba últimos retoques y las máquinas junto con el resto de equipos.
La Prensa intentó en varias oportunidades preguntarle a Javier Cabrera, autoridad sanitaria regional, pero el silencio es indefinido. Mientras tanto, René Rivas, presidente del Colegio de Médicos de Lara, confirma que se tienen infraestructuras en espera desde hace 15 años. «Una de las principales causas es la falta de una política única ante la fragmentación del sistema», refiere porque no se trata únicamente del Ministerio de Salud, sino también Ipasme, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Barrio Adentro.
Esto no agiliza ni simplifica en asignación presupuestaria y las dotaciones o demás asignaciones terminan más dispersas sin abarcar el acondicionamiento físico, para evitar que no se quede en pintura de fachadas o mínimas intervenciones. Tampoco asegura todos los equipos para confirmar diagnósticos o control médico.
Precisa que las obras de mayor envergadura y que superan los 10 años de espera son los edificios de Medicina Nuclear, a los que sólo faltaría culminar el 5% del acondicionamiento y de consulta externa del hospital pediátrico. «Los pacientes oncológicos tendrían más acceso al tratamiento y exámenes especializados que suelen ser costosos en centros privados», resaltó. Y rechaza la falta de disposición del Gobierno por culminar las obras por tantos años. Es muy injusto, cuando se trata de obras tan avanzadas.
En hermetismo
Al indagar sobre la inversión inyectada y el presupuesto necesario para la culminación de las obras, sobran las interrogantes. Se conoció que en 2017 anunciaron más de un billón de bolívares para la sede de Medicina Nuclear y se ignora el monto empleado y el restante para la entrega.
Según Ruy Medina, exdirector del Hospital Central, en esa área para medicina nuclear se ameritan tomógrafos y dos aparatos especializados de grandes dimensiones, por lo que las paredes estaban protegidas con plomo para evitar la expansión de las radiaciones. «Estos aparatos se meten con una grúa industrial, por la azotea, que tiene agarre de acero y quedan en una base de rieles. Lo empotran», explica y señala que sólo falta equiparlo.
También desconoce cuánto se ha destinado para consulta externa del pediátrico, cuya sede en bloques rojos tuvo un avance de alrededor de 30% y se encuentra entre la maleza de ese terreno. Precisa que hasta descongestionaría al Hospital Central, al disponer de algunos especialistas tanto infantil como de adultos y hasta con laboratorios. «Son espacios que aliviarán estos importantes centros de salud porque permitirán tener desde el control de neonatos y el resto de especialidades», pero requiere frisos, cerámica, plomería, electricidad y otros trabajos que aún están pendientes.
Recuerda Medina que en la lavandería iban a ubicar cuatro lavadoras industriales, pero sólo funciona una, el resto no están operativas. Las sábanas se lavaban cada dos días, así como almohadas y cortinas.
«Parece que es más práctico poner la cadena y candado». Se queja porque desde 2018 cerraron medicina de agudos, la cual contaba con 30 camas. Precisa que también ocurrió con el área para una especie de banco de electricidad, ubicado entre el hospital y la farmacia para el resguardo de rollos de cables, estantería, medidores y demás implementos que posiblemente iban a servir como central eléctrica.
La unidad de anatomía patológica también está a medias, cuya capacidad es de 25 a 30 cadáveres. Pero de 12 cavas sólo cuatro o cinco funcionan. Además, es un área vital para procesar biopsias.
Lamenta que la debilidad en la gerencia, con el añadido de la interferencia política, ha hecho que obras hayan quedado pendientes desde finales del período de Luis Reyes Reyes, como gobernador.
Para Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras, es indispensable contar con los equipos para radioterapias. Los pacientes oncológicos no tienen recursos para pagar alrededor de $3 mil por estas sesiones en el sector privado. «Es muy grave porque se condena a muerte al paciente». Condena que hasta se tienen deficiencias en imagenología.
Cuestiona la falta de disposición de las autoridades que no tienen la intención de actualizar equipos que están obsoletos o dieron su vida útil. Una queja extendida por el resto del personal sanitario que sobrevive con mínimas condiciones.
Se debería invertir por igual
Piden una planificación que permita conocer la capacidad de respuesta de hospitales y así considerar el resto de centros asistenciales. Es la observación de Ruy Medina, exdirector regional de salud, ante el equipamiento de Barrio Adentro, pero sin tomar en cuenta el Hospital Central Antonio María Pineda.
Cita como referencia a un centro que ofrecía exámenes especializados en Bararida, que era de provecho a la población por los bajos costos, ofrecía servicios que aún no habían sido restablecidos en este hospital central tipo IV y que recibe pacientes de estados vecinos.
Alberto Domínguez, desde el sindicato de trabajadores del IVSS, precisa la necesidad de activación de la Contraloría y Defensoría del Pueblo ante anuncios que destinan recursos a SAO y presuntamente no se terminan de invertir. «Urge que se exija un diagnóstico exhaustivo y que se asuman las prioridades de inversión».
Esa preocupación también la comparte Wilfredo Escobar, directivo del sindicato de obreros de la salud, ante la falta de presupuesto que permita cubrir la red ambulatoria, considerando zonas tan críticas y olvidadas, tal como el municipio Urdaneta, donde hasta los vientos huracanados terminan arrancando techos de esos centros que sufren el deterioro progresivo.
Sin dolientes por las diálisis
Todas las esperanzas estaban centradas para finales de agosto de 2022, pero los 60 pacientes renales del municipio Torres siguen a la espera de la unidad de diálisis en el Hospital Pastor Oropeza de Carora. Un clamor compartido por Héctor Colmenárez, diputado y presidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal en Lara (Fundaprel), al comentar la posible apertura entre octubre o noviembre.
«Es un sacrificio constante trasladarse desde Carora hasta Barquisimeto», lamenta al perder la cuenta de las veces que se han quedado accidentados en plena carretera y recibir las diálisis por menos tiempo. Además, que al poder ser atendidos en este municipio liberan cupos en las unidades disponibles en la capital larense.
Aplaude que al fin tienen más seguridad, porque se trata de una obra que fue prometida desde la gestión del gobernador Luis Reyes Reyes y las autoridades no han puesto el suficiente empeño para agilizar su entrega. Conocen que a nivel de infraestructura está prácticamente culminada y sólo deben terminar de asegurar las máquinas, insumos y demás implementos.
No entiende por qué falta más consideración hacia los pacientes crónicos, a quienes deben asegurarle el tratamiento accesible. Sólo piden poder cubrir sus diálisis y estar más cerca de la posibilidad de los trasplantes para dejar de depender del riñón artificial. Recuerda que en Andrés Eloy Blanco y Urdaneta exigen también sus unidades.
