En 2021 se registraron 743 ataques contra el derecho a defender los derechos humanos, lo que representa un aumento de 145% con respecto a 2020, año en que se reportaron 303 incidentes, según concluyó el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en un informe.
La organización subrayó que el año pasado estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático, pues la política de criminalización, represión y control social recrudeció.
Esto generó, continúa la ONG, “graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos”.
Un caso que podría ilustrar lo que señala el CDJ es el de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido el 2 de julio por funcionarios del Sebin junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García. Los dos últimos fueron excarcelados en octubre.
Tarazona había acudido al Ministerio Público para denunciar que era víctima de acoso y persecución en Falcón, justamente luego de que Fundaredes publicó graves reportes sobre el conflicto entre las Fuerzas Armadas y las FARC ocurrido en marzo en el estado Apure.
Su libertad ha sido exigida por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que el pasado 14 de enero reiteró su solicitud y advirtió sobre su estado de salud.
“El preso de conciencia y defensor de derechos humanos Javier Tarazona debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Su situación de salud es grave y su detención (es) arbitraria (y) motivada por su defensa de derechos humanos”, indicó Amnistía Internacional.
En su informe, el CDJ destacó que el mes en el que hubo más ataques fue julio, con 140 casos. Le siguen abril (115), enero (99), octubre (73), marzo (56) y septiembre (49).
La ONG afirmó que 2021 fue uno de los años más complejos y hostiles para la defensa de los derechos humanos. “El Estado venezolano siguió aplicando la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales”, denunció.
“Aumentaron los niveles de riesgo para el movimiento de derechos humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales fueron empleados para justificar la tesis del enemigo interno”, agregó la organización.
Respecto a la caracterización de los ataques, el CDJ señaló que hubo 502 casos de estigmatización, 16 detenciones arbitrarias, 125 hostigamientos, 15 judicializaciones, 50 amenazas, 13 ataques digitales, 5 allanamientos, entre otros.
Mientras que los principales responsables de los ataques e incidentes se dividen entre los medios de comunicación del Estado (229), funcionarios públicos (221), personas o agrupaciones afectas a los intereses del Estado (127), instituciones públicas (103) y organismos de seguridad del Estado (63).
