La Audiencia Nacional de Madrid admitió una querella contra Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, ambos asilados en España, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La decisión fue tomada por el juez Antonio Piña, quien solicitó a la Fiscalía que evalúe la investigación.
Abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex) acusaron a los exfuncionarios de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante sus gestiones en Venezuela. La querella señala que ambos habrían participado en torturas y actos de violencia que califican como crímenes de lesa humanidad, y que por ello deben responder ante la justicia española.
La denuncia también busca que se esclarezcan las responsabilidades de estos altos cargos, que actualmente se encuentran en España tras abandonar Venezuela por motivos políticos y de persecución.
La querella fue presentada por Dulce Bravo, una venezolana que vive en Argentina desde 2013, con la asesoría de abogados especializados en derechos humanos. Bravo acusó a Rodríguez Torres y Ortega Díaz de haber cometido torturas y otros crímenes en Venezuela, en contextos de represión política. La denuncia detalla las experiencias de Bravo, quien afirmó haber sido torturada por colaborar con militares opositores en Caracas.
Relató que en 2013 fue secuestrada, torturada y violada por agentes del gobierno, quienes supuestamente recibieron órdenes de estos altos funcionarios. La denuncia también acusa a Ortega Díaz de impedirle ejercer su derecho a declarar y emitir órdenes en su contra, acciones que agravan su responsabilidad en estos crímenes.
La fiscalía en Madrid ahora debe determinar si la competencia del tribunal alcanza para investigar estos hechos, basándose en el principio de justicia universal, que permite juzgar crímenes graves independientemente del lugar donde se cometieron.
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