Alrededor de un 80% aumentó el ejercicio ilegal del periodismo en la entidad durante el año 2022, según informó Aura Rosa Matheus, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Lara, lo que ha hecho que cada vez haya menos campo laboral para los profesionales en la comunicación social.
Prensa de Lara | Lorena Rojas
«En el estado Lara no fuimos golpeados por el cierre de medios de comunicación como se vio en el estado Zulia, Cojedes y Portuguesa, donde se cerraron varias emisoras….pero sí nos vimos afectados por el ejercicio ilegal de la profesión que aumentó alrededor de un 80%».
Destaca que hay una gran cantidad de «medios» que sólo funcionan con una cuenta de Instagram y que en su mayoría son manejados por una sola persona, por lo que instó a que aquellos medios digitales o empresas que requieran de un periodista certifiquen que han sido colegiados en el CNP o que en sus currículos conste que son egresados en la carrera de Comunicación Social.
También pide que las invitaciones para ruedas de prensa o eventos donde se requiera cobertura se realicen directamente a los medios, para garantizar que la información sea difundida a la colectividad.
«Para el nuevo año urge hacer valer la Ley del Ejercicio del Periodismo, eso es lo que haremos desde Lara», aseguró.
Asimismo, indicó que los medios de comunicación de radio, prensa y televisión estarían trabajando con el personal mínimo desde la pandemia porque no se estarían generando los ingresos suficientes para que los periodistas tengan un buen salario, lo que también daría pie a que personas que no han estudiado la profesión ocupen estos espacios.
Esta situación del intrusismo en la profesión, también se quería hacer pasar como «normal» cuando se propuso la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo, pero el LVI Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas se pronunció y llegó al acuerdo de que no se debe llamar a periodistas a aquellas personas que ilegalmente usurpan el título, ya sea desde los medios alternativos o tradicionales, o desde las plataformas digitales, sino denominarlos difusores o infociudadanos.
En el país
En lo que va de año, el CNP ha registrado 207 agresiones a periodistas y medios. Édgar Cárdenas, secretario general del colegio en Caracas, indicó que aunque este año bajaron las agresiones físicas para los periodistas, aumentaron las presiones, los hostigamientos, la intimidación y los casos de censura, situación que se vio reflejada con el cierre desde enero hasta noviembre de 104 emisoras de radio.
«Hay una gran cantidad de emisoras que fueron cerradas en 2022 por diversas razones, existe toda una política de censura, de agresiones a periodistas y medios que lo que busca es silenciar la información para que el ciudadano no pueda conocer lo que viene aconteciendo y recurra, únicamente, a estos medios oficiales, medios dependientes del Gobierno. El estado que más fue afectado fue el Zulia, con el cierre de 31 emisoras», aseguró.
Según Espacio Público, las emisoras de radio que han cerrado en Venezuela es por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Además, en el mes de noviembre 15 medios de comunicación, tres periodistas, un reportero gráfico y tres ciudadanos sufrieron violaciones a la libertad de expresión.
«El cierre de las estaciones de radio este año es el mayor desde que nosotros hemos hecho registro de violaciones de este derecho en Venezuela», dijo.
CNP rechaza reforma de la ley
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a través de un comunicado rechazó la reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo que pretende hacer el gobierno de Nicolás Maduro.
«Rechazamos todo tipo de reforma que atente contra los principios fundamentales contenidos en la actual legislación y que vulneren la profesionalización, la independencia y el apego a la ética periodística, así como también a todo intento de alterar, a espaldas del gremio, los instrumentos legales concernientes a la colegiación y a la libertad de expresión», se lee en el comunicado.
El colegio también exige apegarse a la ley vigente de los medios de comunicación, a los entes gubernamentales o privados y a sus estructuras de cargos con funciones periodísticas. Y además le hicieron un llamado al Ministerio Público para que actúe contra el ejercicio ilegal de la profesión de periodista, tal como ha hecho en otras que se rigen por leyes de ejercicio profesional.
