La ONG Espacio Público presentó su reporte correspondiente al mes de mayo de 2024, periodo en el cual registraron 11 actos de intimidación, 10 de hostigamiento judicial y 8 de hostigamiento verbal, así como actos de censura, restricciones administrativas, amenazas y ataques. Las principales víctimas fueron particulares (11), junto con 10 periodistas/reporteros, tres medios de comunicación y un trabajador público.
«El hostigamiento y la intimidación fueron los principales tipos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en mayo. En el último mes documentamos 10 casos y 40 violaciones al derecho a expresarse libremente, la cifra más alta en lo que va de año», informó la organización.
Retaliaciones en la precampaña
Entre los casos documentados, se encuentran varios ataques a personas vinculadas con la campaña opositora de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
«Las retaliaciones en contra de personas y negocios por vincularse con los mítines políticos de María Corina Machado fueron la norma a lo largo de mayo, a pocos meses de la elección presidencial», denunció la ONG.
Seis personas que estuvieron a cargo del sonido del acto público que hizo la dirigente opositora María Corina Machado en Maracaibo, estado Zulia, fueron detenidas el 2 de mayo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según informaron partidos políticos en la entidad.
Antes del mítin político de Machado, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) incautaron uno de los camiones que se usarían como tarimas en la concentración; al mismo tiempo, personal del SENIAT cerró por 30 días el Hotel El Paseo, en Maracaibo, después de que diera hospedaje al equipo de Machado y otros dirigentes durante su visita a la capital zuliana.
Un día después de su visita a Coro, capital del estado Falcón, funcionarios del SENIAT multaron con 600 dólares y cierre por 22 días al Hotel Urumaco, donde Machado se había hospedado la noche del 1° de mayo.
El 22 de mayo, horas después del paso de Machado por la zona, personal del SENIAT cerró un modesto negocio familiar de comida en la población de Corozo Pando, estado Guárico (centro). Durante su viaje de campaña al estado Apure, el equipo de María Corina Machado se detuvo en el restaurante a desayunar y el encuentro se hizo viral en redes sociales; a las pocas horas, las dueñas documentaron la visita del SENIAT y el cierre arbitrario.
Y tras la llegada de Machado y su equipo a Apure en curiaras, a través del río Orinoco, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) decomisaron las embarcaciones y detuvieron a Antoni Josué Delgado, uno de los canoeros. El medio Todos Ahora reportó que Delgado tuvo que huir a Colombia ante las amenazas de la GNB y de agentes del SEBIN.
En este periodo, también el periodista Ronald Padrón fue despedido arbitrariamente de su cargo en la Alcaldía del municipio José Félix Ribas del estado Aragua, controlada por el oficialismo, por publicar información sobre el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia en una cuenta privada de la red social Instagram que maneja él mismo.
Padrón dijo que utiliza una cuenta privada bajo el nombre de “El Informador de Ribas” para informar sobre diversos temas con “equilibrio informativo y compromiso con la diversidad de opiniones”. El periodista había reseñado un audio de un cronista local que cuenta la historia del candidato González a propósito de su visita a La Victoria, capital del municipio y de donde es oriundo.
Igualmente, por “presiones indebidas” se prohibió que saliera al aire el 17 de mayo una entrevista del periodista Antonio Di Giampaolo al candidato opositor Edmundo González Urrutia en la señal de Éxitos 93.1 FM de Maracay, estado Aragua, en el contexto de su visita a La Victoria por un mítin político.
«La retaliación contra periodistas, medios de comunicación y establecimientos por trabajar durante actos de campaña de la candidata electa en las primarias de oposición, resulta una violación del derecho a la asociación y a la expresión. Las sanciones impuestas implican castigos que parecen buscar que negocios locales no atiendan a Machado ni a miembros de su equipo, incluyendo Edmundo González Urrutia, candidato presidencial que respaldó», denunció Espacio Público.
Censura y persecución a medios
En el mes de mayo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró el 13 de mayo la emisora Radio Minuto 103.9 FM que operaba en la ciudad de Acarigua, capital del estado Portuguesa, por “vencimiento de la concesión”, pese a que nunca obtuvo respuesta a su solicitud de renovación.
De acuerdo con el director del medio, Freddy Andrade, solicitaron renovar la concesión en el año 2000, cuando se venció, pero nunca obtuvieron respuesta por parte del órgano censor. Se trató de la tercera emisora vinculada con Andrade que es víctima de estas medidas administrativas arbitrarias, tras el cierre de Radio Minuto 106.1 FM en Lara a finales de abril.
Las empresas estatales CANTV y Movilnet y las privadas Movistar, Digitel, NetUno e Inter bloquearon el acceso a través de sus servicios de internet al portal del medio digital La Gran Aldea desde el 18 de mayo. De acuerdo con el Observatorio de Internet VE sin Filtro, se aplicaron bloqueos de tipo DNS y HTTPS/DNS, los mismos utilizados en otras restricciones previas a medios independientes.
También en este periodo, el fiscal general designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, acusó de “palangristas” y de participar en supuestas campañas de extorsión a los periodistas de Armando.Info, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg, así como a las y los comunicadores Daniel Lara Farías, Wender Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barráez y Maibort Petit.
Saab vínculó a las y los mencionados con la trama de corrupción “PDVSA-Cripto” por la que fue detenido previamente el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y con la cual ha intentado incriminar en ocasiones anteriores a otros periodistas y comunicadores. Acusó a los señalados de participar en “campañas de descrédito” y de cobrar y “extorsionar” por notas y reportajes en los que se mencionaba a empresarios o autoridades del Estado.
Otro ataque contra la libertad de expresión se registró en el Parlamento chavista, donde Jorge Rodríguez ordenó censurar y sancionar al diputado opositor Bruno Gallo por expresarse a favor de las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos en Irán, durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN) el 19 de mayo, en la que se debatía sobre la muerte del presidente iraní.
Gallo pidió “rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza, que no bajan la mirada, que quieren estudiar y ser iguales”, palabras que Rodríguez calificó como “groseras, inoportunas, inadecuadas”. El presidente de la AN pidió retirar del acta de la sesión las intervenciones de Gallo y dijo que la junta directiva “se reserva las sanciones correspondientes” al diputado.
Ataques a la sociedad civil
Miembros de la sociedad civil también fueron víctimas de ataques por ejercer su derecho a expresarse libremente. El 1° de mayo, grupos de personas afectas al oficialismo agredieron a trabajadores que marchaban en conmemoración por el Día Internacional de las y los Trabajadores, así como a periodistas y reporteros que cubrían la manifestación que se hizo en Caracas, entre ellos la fotoperiodista y corresponsal de la agencia Bloomberg, Reuters y El País, Gaby Oraá.
Asimismo, un funcionario de la cárcel El Rodeo I le prohibió a Andreína Baduel visitar el 19 de mayo a su hermano, Josnars Baduel, luego de acusarla de “instigación al odio” por denunciar ante distintos medios de comunicación, junto con otros familiares, las condiciones en las que se encuentran los presos políticos que están recluidos en ese centro.
Cuando a Baduel la llevaron al lugar donde estaba el funcionario, le preguntó si sabía porqué estaba allí y ella le respondió que quería saber la razón por la que la apartaron del grupo de familiares que estaban ingresando a la visita. “Allí me manifestó que era por las declaraciones y por denunciar las situaciones de allí”, explicó.
