Una lujosa villa fue descubierta y sujeta a congelamiento administrativo por la Fiscalía, en los cerros de Lucca en la zona de Capannorese, atribuible a Maikel José Moreno Pérez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela e incluido en la “lista negra” de muchos países.
El hallazgo se habría producido durante una investigación de la Guardia di Finanza sobre un presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de la villa. Los flujos de dinero habrían llevado a los investigadores a cuentas en Suiza, a nombre de una empresa panameña atribuible precisamente a Moreno Pérez. La propiedad de Lucchese “Villa L’Uccelliera”, comprada en 2016 por 2 millones 300 mil euros, pero con un valor superior cuantificado en 6 millones, es propiedad de su esposa Debora Menicucci, una modelo ítalo-venezolana, casada en Venezuela con el ex presidente de la Corte Suprema.
La mujer, que parece tener residencia en esas «cuatro paredes», habría vivido allí hasta 2020 junto a su padre, y luego se fue tras el estallido de la pandemia. La villa, de hecho, parecía ser «funcional», completa con custodios adentro. No podemos descartar la posibilidad de que incluso el mismo Moreno Pérez, quien entre otras cosas intentó hace años solicitar la ciudadanía italiana, pasara un tiempo allí, aunque su presencia no fuera confirmada.
Pero, ¿quién es Maikel José Moreno Pérez?
Nacido en Venezuela en 1965, tiene experiencia en los servicios secretos y acusa por dos asesinatos a sus espaldas, una figura controvertida en el gobierno de Chávez. En febrero de 2017, pues con Maduro, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela -que quede claro es como nuestras Cortes Constitucionales y de Casación juntas- que en marzo de 2017 promulgó la tan discutida sentencia, con la que privó al Parlamento de Caracas de sus poderes, entregándolos efectivamente al presidente.
Titular del Tribunal Supremo hasta 2022, hoy tiene un papel más marginal. En los últimos años ha sido sancionado por varios países: entre ellos Estados Unidos, que en 2020 lo acusó de corrupción internacional y blanqueo de capitales, hasta el punto de poner una recompensa por su captura de 5 millones de dólares, y la Unión Europea que en 2018 lo nombró entre los responsables de «el socavamiento de la democracia y el estado de derecho» en el país.
Mediante la aplicación de determinadas medidas restrictivas en su contra, como, precisamente, la congelación de activos. La villa en la zona de Capannori es evidentemente una de ellas. De ahí las disposiciones del Fiscal de Lucca. Como sucedió en los últimos años con los oligarcas rusos, también en este caso la propiedad está ahora en manos de la Agencia Estatal de Bienes Raíces.
