La alta comisionada para el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó este lunes en Ginebra durante una reunión del consejo, una actualización de su informe sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. Su actualización incluye el seguimiento a las recomendaciones hechas por la comisionada al gobierno de cuestionado presidente Nicolás Maduro, además de los avances logrados por la oficina establecida por la comisión en Caracas.
Para Bachelet, desde la presentación de su informe en julio, “la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”.
La alta comisionada denunció que la situación económica en Venezuela continúa deteriorándose rápidamente y considera que el país sudamericano pasa por “el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región” y agregó que “la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación”.
Otro punto de preocupación para Bachelet es el acceso a la salud, particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Sin embargo, resaltó que según la Organización Panamericana de la Salud se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.
Bachelet condenó que su oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación de su informe inicial sobre la disolución de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Bachelet, señalo que “las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”.
“Según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas”, detalló Bachelet
El Gobierno de Venezuela no ha reaccionado a la actualización presentada por la alta comisionada. Sin embargo, tras las presentación informe el presidente y altos funcionarios cuestionaron la metodología utilizada por la oficina de la alta comisionada y consideró que el informe fue “sesgado”.
Bachelet dijo que tras establecer una oficina en Caracas, el Gobierno se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y ya se han remitido varios casos prioritarios. La alta comisionada aseguró que seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.
La alta comisionada expresó nuevamente su preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos. Pese a ciertas excepciones contempladas, Bachelet considera las sanciones contribuyen a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.
Bachelet culminó su informe llamando nuevamente a que el Gobierno y la oposición den prioridad a la negociación que consideró como “la única manera para poder superar la actual situación”.
