El relevo político en Guatemala está enzarzado en una batalla legal y política, que se augura larga y enconada, en medio de la cual el Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, solicitó al Tribunal Electoral este martes 29 que anule la suspensión de su registro dispuesta por la Fiscalía.
“Se trata de una resolución ilegal por la persecución judicial encabezada por el Ministerio Público y el juez séptimo penal Fredy Orellana”, dijo Arévalo al anunciar en una conferencia de prensa el recurso legal de su partido.
La víspera el progresista Arévalo fue confirmado como presidente electo –y su compañera de fórmula Karin Herrera como vicepresidenta-, pues el 20 de agosto ganó la segunda ronda de la elección presidencial con 60,9 % de los votos válidos, contra 37,2 de su rival de centroderecha, Sandra Torres.
Pero en la misma jornada el fiscal Rafael Curruchiche, con apoyo del tribunal de Orellana, dispuso suspender –no suprimir- la legalidad de Semilla, movimiento creado en 2018, por fallas en el registro de nombres de cientos de militantes, y la medida fue estampada en el Registro de Ciudadanos.
“A partir de este momento nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024. Este es un momento histórico para un pueblo que se volcó a las urnas y después se volcó a las calles y las plazas de todo el país a celebrar el inicio de una nueva primavera democrática”, dijo Arévalo.
Pero la decisión de la Fiscalía coloca interrogantes acerca de si los diputados de Semilla electos -en junio, durante la primera ronda electoral- podrán ocupar sus escaños el próximo enero en el Congreso legislativo.
De las 160 curules, Semilla ganó 23, pero las fuerzas que enfrentó en la lucha electoral, la derechista Vamos del presidente Alejandro Giammattei, y la Unidad Nacional de la Esperanza, de Torres, aseguraron 39 y 28 asientos, respectivamente.
Además, otras cinco formaciones derechistas y conservadoras reúnen 53 escaños, lo que da a sus rivales una cómoda mayoría de 120 asientos, más de dos tercios en el parlamento unicameral.
En el flanco jurídico, desde que el 25 de junio Arévalo pasó sorpresivamente a la segunda vuelta electoral –frente a Torres, favorita de la política tradicional del país–, la Fiscalía emprendió una cruzada para inhabilitar a su partido.
Arévalo y Semilla basaron su campaña en la lucha contra la corrupción, en la que han estado incursos, en lo que va de siglo, presidentes, ministros y otros altos funcionarios, magistrados, parlamentarios, militares y empresarios, percibidos como obstáculos para la “nueva primavera” que promete el mandatario electo.
Las medidas de Curruchiche que apuntan a inhabilitar a Semilla y a su bancada son descritas por Arévalo como un “golpe de estado técnico”, y por ello solicitaron al Tribunal Electoral que anule la medida restrictiva.
Sus abogados plantearon que formalmente el proceso electoral no ha concluido –fue convocado por un lapso que vence en octubre- por lo que la decisión de la Fiscalía es extemporánea, y subrayan que la suspensión es una medida temporal que no equivale a supresión ni invalida la elección popular de los diputados.
El presidente Giammattei, quien reconoció el 20 de agosto la victoria de Arévalo, no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos, y tampoco lo ha hecho Torres.
En cambio, desde la Organización de Estados americanos (OEA) su secretario general, Luis Almagro emitió una declaración condenando la suspensión de semilla, una medida “sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado”, y considerándola “una interpretación abusiva de la ley”.
“En violación de los más elementales principios constitucionales que garantizan los derechos de los electores, (el Registro de Ciudadanos) pretende suspender de sus derechos” al partido de Arévalo, quien se impuso en elecciones “con amplio apoyo popular”, indicó la declaración de la OEA emitida en Washington.
Previamente, también el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a través de sus portavoces había expresado su preocupación por los intentos de socavar los resultados de las elecciones presidenciales de Guatemala.
Arévalo, sociólogo y diplomático de 64 años, de tendencia socialdemócrata, es hijo de fallecido expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), primer mandatario democráticamente electo en el país y quien impulsó reformas sociales inspiradas en el “socialismo espiritual” en el que creía.
El triunfo del abanderado de Semilla, posibilitado por el activismo de cientos de jóvenes y entusiastas seguidores del “tío Bernie”, es percibido como apertura de un camino renovador y democrático en el país más poblado de América Central.
En el istmo también se mineralizan tendencias autoritarias con desdén por los derechos humanos, como las expresadas por los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Nayib Bukele de El Salvador.
El pasado 24 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Arévalo y Herrera, y demandó al Estado guatemalteco protección para su seguridad y vidas, lo que el gobierno de Giammatei dijo haber atendido.
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