Un juez federal de Estados Unidos impidió este lunes que la Administración de Donald Trump revoque de manera inmediata los permisos de permanencia y trabajo otorgados a cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ingresaron legalmente al país mediante un programa impulsado por el Gobierno de Joe Biden, reportó CBS News.
La jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito en Boston, bloqueó el intento del Gobierno de cancelar este beneficio migratorio a partir del 24 de abril, fecha en la que se había advertido a los migrantes que deberían salir voluntariamente del país o enfrentarse a la detención y deportación por parte de las autoridades migratorias.
La decisión judicial detiene las notificaciones de deportación emitidas por el Gobierno y frena la revocación del permiso migratorio conocido como «parole», que permitió a más de medio millón de personas de los cuatro países establecerse temporalmente en Estados Unidos.
Talwani dijo que las terminaciones masivas de la libertad condicional no podían ocurrir sin que cada caso fuera revisado.
«La cancelación anticipada, sin justificación individual, del estatus legal de no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) y entrado legalmente al país, socava el estado de derecho», escribió Talwani en su fallo.
La medida representa un alivio para quienes llegaron bajo el programa CHNV (siglas en inglés del parole humanitario), una política que, según la Administración Biden, buscaba fomentar la migración regular y desalentar los cruces ilegales por la frontera sur. El plan permitía que ciudadanos de los países mencionados viajaran directamente a Estados Unidos tras conseguir un patrocinador y recibieran un permiso de permanencia y trabajo válido por dos años.
A pesar de los beneficios reportados, como una caída en los cruces fronterizos ilegales, el programa fue blanco de críticas y demandas por parte de varios estados. Estos cuestionaron la legalidad del uso del parole para admitir a tantas personas bajo reglas de elegibilidad amplias.
Tras asumir nuevamente la presidencia, la Administración Trump suspendió el programa, argumentando que excedía la autoridad presidencial y que no se garantizaba una revisión adecuada de los beneficiarios. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que quienes no solicitaran otro beneficio migratorio, como asilo o residencia, tendrían 30 días para salir del país o enfrentarían procesos de deportación.
Esta es la segunda decisión judicial adversa a las políticas migratorias de Trump. A finales de marzo, otro juez federal en California bloqueó también la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 venezolanos.
