La industria de criptoactivos en Venezuela ha quedado en el limbo desde que el Gobierno venezolano ordenó detener temporalmente la minería de criptomonedas. La medida se tomó en marzo, luego de que se descubriera un gran esquema de corrupción en el que se usaron billeteras de criptomonedas para desviar fondos que le correspondían a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El presidente Nicolás Maduro había sido uno de los principales promotores del uso de criptomonedas y, en especial, del petro, un token soberano emitido por el Gobierno.
La moneda se presentó como una alternativa al bolívar venezolano frente a la hiperinflación y como una herramienta para evadir las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, el petro nunca tuvo éxito y dejó de cotizar el 24 de mayo, tras años de que Maduro lo considerara como la puerta de Venezuela hacia el futuro.
Los mineros sufren las consecuencias
La prohibición de la minería de criptomonedas ha afectado a muchos mineros que nada tienen que ver con el escándalo petrolero, reporta Bloomberg Línea.
La mayoría de ellos se dedican a minar bitcóin y no el petro, que es 100% “preminado” por el Gobierno. Sin embargo, han tenido que apagar sus equipos de minería, que son computadoras especializadas que validan los datos transaccionales de la cadena de bloques.
Según estimaciones de grupos mineros, se han desconectado unas 75.000 unidades de equipos de minería. Esto equivale a toda una flota de máquinas propiedad de una importante empresa minera que cotiza en bolsa, como Riot Platforms Inc.
Muchos mineros están pasando problemas de liquidez y podrían verse obligados a cerrar definitivamente si la prohibición se mantiene, apunta el referido medio de comunicación.
Alexis Lugo es uno de los afectados por la medida. Lleva siete años trabajando en activos digitales y ahora lidera un criptoproyecto educativo llamado Criptoneros. Para él, es lamentable que después de pasar por tantos problemas para formalizar y hacer las cosas bien, ahora estén en esta situación.
La policía de inteligencia, conocida como Sebin, ha realizado auditorías a los mineros, buscando confirmar que los fondos utilizados para la compra de equipos no provinieran del esquema de corrupción petrolera, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas.
Investigación con detenidos
La investigación sobre el escándalo petrolero ha llevado a la detención de unas 80 personas, entre ellas el ex ministro de Tecnología Hugbel Roa, que jugó un papel clave en la promoción del Petro, y Joselit Ramírez, que dirigía la superintendencia de criptomonedas.
Se les acusa de vender crudo venezolano a través de la agencia de supervisión de criptomonedas del país sin pagar tarifas a Pdvsa. Sin embargo, no se entiende muy bien por qué persiste la prohibición de la criptominería.
Regulación incompleta
La minería de criptomonedas es legal en Venezuela desde el año 2018. Los bajos costos de energía han permitido que el país ingrese rápidamente en el top 10 de naciones con mayor poder de hash. Sin embargo, aún existen muchos mineros que no se han puesto al día.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) publicó en septiembre del año pasado la Providencia N° 084-2020, con el fin de regular las actividades relacionadas con el uso, importación y comercialización de equipos de minería digital. También contempla los permisos para hospedaje de granjas, los servicios de reparación, ensamblaje y fabricación de estos aparatos en Venezuela.
Para realizar el procedimiento administrativo de recepción y validación de licencias, la Sunacrip creó un Registro Integral de Mineros (RIM). Una aplicación web para que los mineros puedan gestionar y hacer los trámites correspondientes.
Esperanza para el futuro
A pesar de la situación actual, algunos mineros mantienen la esperanza de que la prohibición se levante pronto y puedan reanudar sus actividades.
Las criptomonedas han sido una alternativa para muchos venezolanos que han sufrido las consecuencias de la crisis económica, social y política del país. Han permitido acceder a bienes y servicios, enviar y recibir remesas, ahorrar y protegerse de la inflación.
Los mineros piden al Gobierno que les permita seguir trabajando en el sector, que les brinde seguridad jurídica y que les facilite los trámites necesarios.
