De acuerdo con un informe realizado por la Asamblea Mundial por la Amazonía titulado Situación de la Amazonía Venezolana en Tiempos de Pandemia, entre los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar hay 1.781 puntos de minería ilegal cercanos a cuencas de ríos que terminan contaminando el agua, la fauna y el ecosistema.
Por José Rivas / correodelcaroni.com
Esta explotación de oro contaminante para el ambiente y perjudicial para comunidades indígenas nació con el Arco Minero del Orinoco creado el 24 de febrero de 2016 por el Gobierno nacional. Prometían —entre otras cosas— la explotación racional del mineral, mediante el uso de prácticas y tecnologías amigables con el ambiente sin el uso de mercurio.
Sin embargo, el salvavidas para miles de personas que emigraron a estas zonas producto de la emergencia humanitaria compleja no fue nada como lo anunciado. Desde hace cuatro años el Arco Minero del Orinoco representa un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas.
Este daño al ecosistema no ha sido detenido, más bien es promovido como política de Estado por el Gobierno nacional luego que el Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico, a través de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526 publicada el miércoles 8 de abril, determinó las áreas geográficas en las cuales la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) puede ejecutar actividades mineras para la explotación del oro y diamantes en el Arco Minero del Orinoco.
En la resolución consideraban como zonas estratégicas para la explotación de minerales los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní. Mismos ríos que están siendo perjudicados según el informe de la Asamblea Mundial por la Amazonía.
Del total de 1.781 centros de explotación minera, el estado más afectado es Bolívar donde hay un aproximado de 1.684 puntos de minería ilegal. Según el informe, que tiene como fuente la Red Amazónica de Información Socioambiental Georrefenciada (Raisg), las cuencas afectadas son de los ríos Caroní, Caura, Cuyuní y Cuchivero.
Cabe resaltar que la mayoría de estas áreas geográficas que se han visto perjudicadas por la explotación de minerales son espacios protegidos como el Área con Vocación Forestal Chivapure-Cuchivero, la Reserva Forestal Imataca y el Parque Nacional Caura.
El informe señala que, pese a su importancia, el río Caroní es el más explotado de todos. Este junto con el río La Paragua, son los principales afluentes del embalse del Guri, el cual abastece de electricidad a gran parte del país. Sin embargo, el documento detalla textualmente que “se han georreferenciado 1.149 puntos de minería ilegal, perjudicando áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Canaima, Zona Protector sur del estado Bolívar y la Reserva Forestal La Paragua”.
Pueblos indígenas
Además de la destrucción ambiental y los problemas que podría generar al sistema eléctrico, el documento expone las graves consecuencias que podría crear para las poblaciones indígenas sobre todo del estado Delta Amacuro, en la desembocadura del río Orinoco, donde viven los indígenas waraos. Señalan que la contaminación de las aguas y peces por mercurio se termina acumulado en el cuerpo de estos miembros de la comunidad, lo que puede generar el deterioro en diferentes órganos y alterando múltiples funciones, incluidas las neurológicas.
El documento también reafirma lo denunciado en múltiples ocasiones por distintas ONG del país y lo expuesto por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en referencia a la ola de violencia que afecta la seguridad de poblaciones indígenas.
“La minería, en todas sus expresiones, representa una invasión territorial para los pueblos indígenas, que conlleva formas de trabajo forzado, despojo de sus territorios, fragmentación de sus modos de vida, transculturación, tráfico de mujeres para redes de prostitución o reclutamiento de indígenas para integrar grupos irregulares armados”, expresa textualmente la Asamblea Mundial por la Amazonia.
Las denuncias de la ONU
La Acnudh en el documento titulado Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, detalla que en el Arco Minero del Orinoco los grupos armados torturaban, desaparecían y mataban personas bajo la complicidad de funcionarios del Estado.
Los pueblos indígenas también informaron a la Acnudh sobre del aumento de la violencia. Denunciaron que la explotación ilegal de oro generó la deforestación de sus territorios, la contaminación de las vías fluviales, la fauna y la existencia de brotes de enfermedades infecciosas.
Además, los grupos armados que aprovechan la explotación de oro también extorsionan y controlan la circulación de suministros esenciales como combustible y medicamentos. Miembros de comunidades indígenas informaron a la Acnudh de que estos grupos les imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios para su desarrollo.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas (Orpia), el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba), la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, el Centro para la Reflexión y la Acción Social (Cerlas), la Plataforma en Defensa de la Constitución, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam) y el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) miembros de la asamblea recomendaron ciertas medidas al Gobierno nacional para contrarrestar esta situación.
Instaron al Gobierno a tomar medidas que protejan la Amazonía venezolana y eviten que continúe los impactos ambientales y socioculturales. Exhortó al cumplimento de las leyes donde se valore la vida, se proteja la fauna y la tierra.
Recomendaron, además, impulsar políticas de remediación ambiental, reforestación y recuperación de las cuencas hidrográficas de la región y abstenerse de seguir dictando medidas ejecutivas a través de iniciativas legales como el decreto en el que se amplía el plan Arco Minero del Orinoco para actividades mineras en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, declarando su inmediata revocatoria.
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