La deuda venezolana en default se cotiza a menos de 10 centavos de dólar y va en bajada, por lo que un grupo de inversionistas decidió contratar a una firma especializada en lobby político para presionar al gobierno de Joe Biden y al Congreso para que se levanten las sanciones que impiden renegociar la deuda venezolana, así como reducir las pérdidas por la desvalorización de los títulos.
En consecuencia, un grupo de inversionistas está presionando a la administración Biden para que levante la prohibición de negociar bonos venezolanos en mora, con el argumento de que Estados Unidos corre el riesgo de perder influencia sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en caso de una reestructuración de la deuda.
El Comité de Acreedores de Venezuela, formado por instituciones estadounidenses y extranjeras que poseen aproximadamente 12.000 millones de dólares de la deuda, contrató a BGR Group, con sede en Washington, para que le ayudara a presionar por la eliminación de las sanciones que prohíben a las empresas y particulares, con sede en Estados Unidos, comprar o vender las obligaciones emitidas tanto por el Gobierno de Venezuela como PDVSA, según registros públicos y cuatro fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg Law.
La deuda venezolana expresada en bonos ya supera los 60.000 millones de dólares más intereses. Los inversionistas consideran que eliminar la prohibición de transar estos títulos no beneficiaría directamente a la administración de Nicolás Maduro y establecería una situación de «igualdad de condiciones» para los tenedores que se consideran injustamente desfavorecidos por las sanciones.
El Gobierno de Maduro ha hecho al menos dos ofertas públicas a los tenedores de bonos para renegociar el pago de la deuda y ha mantenido su disposición a pagar, pero ha insistido en que las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump en 2019 dieron origen a default y no la insolvencia del Ejecutivo venezolano.
Sin embargo, las condiciones establecidas por el Ejecutivo de Maduro imponían a los tenedores renunciar a las reclamaciones judiciales y conseguir el levantamiento previo de las sanciones para poder negociar.
El gobierno venezolano ha señalado estar dispuesto a invocar la cláusula de estatuto de limitación que está en las condiciones de algunas emisiones que establece un plazo para realizar reclamaciones judiciales por incumplimiento.
Los inversionistas son relativamente optimistas, ya que la administración del presidente Joe Biden está flexibilizando sanciones contra Venezuela, ya que ha permitido la reactivación de las operaciones de Chevron con PDVSA.
